Caixabank, condenada a readmitir a una trabajadora que le ganó otras dos demandas

Caixabank tendrá que readmitir a Carmen (nombre ficticio). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia que emitió el Juzgado de lo Social número 36 de la capital, que consideró nulo su despido y obligó a la empresa a incorporarla. La entidad catalana ha recurrido el fallo, aunque elude pronunciarse hasta que la sentencia sea firme. Es la tercera causa que esta trabajadora gana a la empresa. La Justicia ya anuló su traslado forzoso a una oficina a cientos de kilómetros y le dio la razón en la reclamación que interpuso cuando era delegada sindical por reducir los bonus de la plantilla.

«Tengo miedo de volver a trabajar», reconoce Carmen. Su relación laboral con Caixabank ha sido una carrera de obstáculos desde que ingresó en la compañía hace una década. Llegó procedente de Banca Cívica tras una fusión. Después de disfrutar de una reducción de jornada para cuidar de su segundo hijo la enviaron a una oficina a cientos de kilómetros. Nunca se incorporó porque permaneció de baja por depresión. La mujer sostiene que ahí comenzaron las fricciones con la entidad catalana.

Carmen fue despedida en junio del año pasado después de que Caixabank acreditara «una actitud conflictiva». Un extremo que rechaza la empleada. Todo comenzó en marzo, cuando envió un email a Recursos Humanos informando de que la directora de su sucursal le había llamado «tía coñazo y otras lindezas». La empresa le respondió en abril para indicarle que había abierto un expediente por acoso y que estaba valorando los hechos, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Los gestores externos de Caixabank

La trabajadora despedida decidió interponer una demanda por vulneración de derechos fundamentales y pidió medidas cautelares por el trato que recibía en la oficina. Al parecer, su jefa había iniciado una campaña de acoso laboral contra ella. Caixabank le comunicó entonces su traslado a una nueva sucursal, también en Madrid. Meses más tarde recibió una notificación alertándole de que su actitud podría haber constituido «falta laboral sancionable».

La advertencia acabó convirtiéndose en despido. Carmen recibió el 30 de junio de 2021 un burofax que ponía fin a la relación laboral «por trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo». La carta argumentaba que los gestores externos contratados por Caixabank recibieron una llamada el mismo día en el que la empleada despedida denunció insultos. Al otro lado de la línea, la directora de la oficina aseguraba haber sido víctima de acoso laboral. Carmen lo niega. Considera que se confabularon para echarla.

«Esa misma tarde se fue a una clínica privada para que le recetaran ansiolíticos», explica Carmen. La gestora externa había iniciado una ronda de entrevistas unos meses antes. El informe concluye que «se puede deducir la existencia de acoso por parte de la trabajadora». Las pesquisas efectuadas revelaron que la directora había sufrido «un constante acoso» que había obstaculizado el desempeño normal de la oficina «haciéndola irrespirable».

Entre las situaciones que acreditó la gestora externa para despedir a Carmen se encontraban la falta de cumplimiento de los deberes del puesto de trabajo, ausencias no justificadas, contestaciones fuera de lugar, requerimiento por escrito de todas las instrucciones básicas, falta de remisión de información de clientes, faltas de respeto hacia sus superiores y actitudes intimidatorias, como «acudir a todas las reuniones con un teléfono para grabar conversaciones de ámbito laboral».

«Fueron a testificar en mi contra un abogado externo, empleados de la oficina y hasta la directora de la sucursal de Barcelona, que no me conocía porque yo nunca trabajé allí», afirma la perjudicada. E insiste: «Les faltó decir que vendía droga». La empleada despedida recurrió. El Juzgado de lo Social número 36 de Madrid declaró improcedente el despido y condenó a Caixabank a readmitirla. La empresa presentó un recurso de suplicación al TSJM, pero este ha dado la razón una vez más a Carmen.

«Se cebaron conmigo»

«Mi único delito fue haber tenido un hijo y pedir la reducción de jornada. A partir de entonces se cebaron conmigo», se lamenta. Caixabank ha vuelto a impugnar la decisión, pero ha declinado hacer declaraciones alegando que no se pronuncia ante casos que no son firmes. La entidad bancaria mantiene una discrepancia con el juez, que entiende que los motivos esgrimidos por la compañía no son suficientes como para llegar al despido.

A pesar de que Caixabank ha recurrido la sentencia, Carmen recibió el 27 de septiembre un burofax para readmitirla, aunque la misiva no incluía ni su nombre completo ni especificaba fecha límite para reincorporarse. Lo que sí dejaba claro es que deberá hacerlo desde casa. «No tengo herramientas ni tareas. Me van a mandar el sueldo a casa», lamenta Carmen. Asegura que, de momento, la entidad catalana no le ha dado de alta en la Seguridad Social ni le ha informado si le va a pagar los atrasos.

Carmen comenzó a trabajar en 2006 para Banca Cívica, que seis años después se integraría en Caixabank. Cuando culminó la fusión, la entidad catalana ofreció a los empleados que subrogaba marcharse en condiciones ventajosas. Aceptó la mitad de la plantilla, pero ella desistió. Acababa de tener a su segundo hijo y deseaba continuar en la misma oficina. Tras disfrutar de una reducción de jornada para cuidar del niño la enviaron desde Madrid a un pueblo de la provincia de Barcelona.

«Me negué porque el convenio no lo permitía», explica la afectada a THE OBJECTIVE. Sostiene que esa postura inició un rosario de problemas con la empresa. En esta década ha encadenado numerosas bajas por depresión. «Me estoy medicando desde entonces. He perdido más de 15 kilos, no consigo dormir y estoy siempre alterada. Al final quienes lo pagan son mis hijos». El TSJM determinó en 2014 que había sufrido discriminación por sexo y declaró que la movilidad geográfica carecía de validez.

Carmen nunca trabajó en la oficina de Barcelona porque estuvo de baja hasta la resolución judicial. Tras reincorporarse en 2016 interpuso una nueva reclamación contra la empresa como delegada del sindicato CGT. Entendía que esta había reducido el bonus semestral por objetivos que debían obtener los empleados sin que se les hubiese explicado los motivos. Caixabank tuvo que repartir más de dos millones entre la plantilla después de que un juez diese la razón a la empleada.