Escrivá se abre a subir las pensiones mínimas en 2023 por encima del 8,5% pactado
El ministro ha defendido también que es necesario que la base máxima de cotización se eleve cada año en línea con la cifra de inflación
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá. | Alejandro Martínez Vélez (EP)
A pesar de la polémica que ha suscitado el alza del gasto en pensiones con una situación económica como la actual, el Gobierno está abierto incluso a elevarlas por encima de lo previsto en las cuentas que acaban de presentar. Así lo ha defendido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, que ha asegurado este lunes que no descarta, pese a que no está previsto en los presupuestos, una subida mayor de la esperada en 2023 de las pensiones no contributivas y las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital.
Todo dependerá de la coyuntura económica, plagada de incertidumbre, y de la evolución de los precios. Pero lo que no parece discutible es la subida de las prestaciones de acuerdo al IPC, a pesar de ser una medida profundamente cuestionada en un momento crítico en lo económico y en lo demográfico, ya que se calcula que hasta uno de cada cinco euros para estas prestaciones vendrá directamente de impuestos y no de cotizaciones.
En este sentido, Escrivá ha defendido también que es necesario que la base máxima de cotización se eleve cada año en línea con la cifra de inflación y ha mostrado «sorpresa» por las críticas de la patronal CEOE al incremento del 8,6% para 2023. Según el ministro, esta medida busca asegurar la sostenibilidad del sistema y dar predectibilidad al mismo, toda vez que la subida de las pensiones también está ligada a la evolución de la inflación.
A la espera de ese posible incremento que ahora no se descarta, la previsión del Gobierno es que las pensiones suban el 8,5% de media para el próximo año y en esa línea se ha recogido un incremento del 8,6% en las bases máximas, las que aplican a los que ganan más de 49.672 euros anuales, que ha criticado con dureza la CEOE. Algo que dice no entender Escrivá, quien ha explicado que esta vinculación de la evolución de la base máxima a los precios es independiente de la negociación abierta con los agentes sociales para ir quitando el tope que tienen tanto la base máxima de cotización como la pensión máxima en España a medio plazo, en los próximos 30 años.
Esta adecuación de las bases y las pensiones máximas es uno de los hitos de reforma comprometidos con Bruselas, pero Escrivá ha reconocido que no se comunicó formalmente esta cifra a la CEOE pero que llevan meses «hablando con ellos» de esa forma de abordarlo y su respuesta le parece «desconcertante». En un comunicado el pasado viernes, la CEOE aseguró que la decisión adoptada era «impresentable» y devaluaba el diálogo social.
Escrivá también ha recordado que en 2020 y 2021 apenas se subieron estas bases, mientras que la Seguridad Social dejó de ingresar cerca de 15.000 millones que se destinaron a proteger el tejido productivo y que en otros años en crisis, como 2013, se elevaron un 5% sin críticas de la patronal. Asimismo, ha rechazado que en España haya un problema de costes laborales y ha incidido en que, en el contexto de elevada inflación, lo que se está dando es una pérdida de poder adquisitivo de los salarios mientras las empresas mantienen sus márgenes.
Récord de cotizaciones
Durante su intervención, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha desglosado las principales cifras del presupuesto para 2023 con la principal partida de gasto en las pensiones (contributivas, no contributivas y funcionarios) que suman 190.083 millones, 16.405 millones o un 9,4% más.
Frente a estas partidas, el secretario de Estado ha señalado la fortaleza del lado de los ingresos con un «récord» de 152.075 millones previstos en cotizaciones sociales, 11.814 millones más que en 2022, gracias a la buena marcha del mercado de trabajo y la subida de las bases.
Junto a esto, Suárez también ha destacado los 2.966 millones de transferencias al fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones, apoyado en la entrada en vigor del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) o los cerca de 20.000 millones de transferencias recibidas. Con estas cuentas, el objetivo es que la Seguridad Social mantenga en 2023 un déficit del 0,5%, frente al objetivo de equilibrio inicialmente previsto, y que Escrivá ha vinculado a la evolución de los precios en el contexto de la guerra de Ucrania.
