Hacienda pierde en los tribunales la mitad de las reclamaciones que hacen los contribuyentes
Los expertos culpan a los inspectores de la Agencia Tributaria, que llegan a cobrar un bonus de hasta 30.000 euros al año aunque sus actas fracasen
Hacienda pierde la mitad de los juicios con los contribuyentes. Los tribunales dieron la razón a los ciudadanos en un 45,26% de las 233.238 reclamaciones económicas-administrativas que se resolvieron en 2020, último año con datos. La Agencia Tributaria ganó el 46,96% de los casos, según consta en la memoria publicada por el ministerio que dirige María Jesús Montero. Las estadísticas son más llamativas en Cataluña, donde el ente pierde dos de cada tres procesos. Los expertos culpan a los inspectores de Hacienda, que llegan a cobrar un bonus de hasta 30.000 euros al año aunque sus actas fracasen.
«Es como si un juez ganara más dinero cuanto más gente meta en la cárcel», denuncia Roberto Gutiérrez, abogado de IST Consultores, un despacho especializado en procedimientos administrativos. El letrado explica que las mayoría de los afectados nunca recurren el expediente, bien porque las sanciones económicas no son muy duras y «prefieren pagar y no meterse en líos», bien porque los procesos se dilatan.
Gutiérrez afirma que las resoluciones en los tribunales económicos-administrativos pueden demorarse hasta tres años. Cuando fallan, casi la mitad de los procesos dan la razón a los contribuyentes. Los ciudadanos ganaron el 45,26% de estos juicios en 2020, según la última Memoria Tribunales Económico-Administrativos publicada por el Ministerio de Hacienda. La Agencia Tributaria se llevó el gato al agua en el 46,96% de los procesos. El 7,78% restante aparece bajo el concepto de Otros, que incluye los desistimientos y el archivo de actuaciones.
Los inspectores de Hacienda
Estas estadísticas corresponden a las 233.238 reclamaciones económico-administrativas que se resolvieron en 2020. Una cifra que superó al número de denuncias registradas, 189.358. El número medio de quejas presentadas por los contribuyentes en estos tribunales en los últimos cinco años ascienden a 191.424. La menor cifra de reclamaciones se interpuso en 2019, en plena pandemia. El año anterior, en cambio, fue el que registró más demandas.
Por volumen, el mayor número de reclamaciones se interpuso en los tribunales de Madrid, Andalucía, Valencia, Cataluña y Galicia, lo que corresponde «con la situación del tejido social, industrial y económico» de estas regiones, señala el documento publicado por el departamento de Montero. La mayoría de denuncias corresponde al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (41% del total), seguido por aquellos que impugnan actos relativos al procedimiento recaudatorio (16,15%), al IVA (10,72%) y el Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales (7,7%). Todas ellas suman tres de cada cuatro reclamaciones.
El caso de Cataluña es llamativo. Aquí, los contribuyentes consiguen ganar dos de cada tres juicios. Gutiérrez, un argentino afincado en la Ciudad Condal desde hace décadas, sostiene que todas las Administraciones tienen un fuerte ánimo recaudador, pero que en esta región la Agencia Tributaria «actúa contra los contribuyentes». «Que se abran más expedientes supone que se yerre más. En Cataluña existe una arbitrariedad que no se ve en otros lugares de España», insiste.
Gutiérrez culpa de esta situación a los inspectores. Explica que, desde 1984, existe una ley que establece un sistema de bonificación para estos profesionales, lo que en su opinión viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. «Estos bonus son inconstitucionales, incluso interpusimos un recurso ante el Tribunal de Justicia europeo (TJUE)», explica el abogado de IST Consultores. E insiste: «Si un inspector gana un 25% de su sueldo por bonus, no hay mucha imparcialidad».
Como ya adelantó THE OBJECTIVE, los inspectores de Hacienda cobran una retribución variable de hasta 30.000 euros anuales, al margen de si sus actuaciones llegan a buen fin. Ese dinero extra, que se añade a su salario, se reparte en un fondo común del que participan miembros de ese Cuerpo aunque no hayan emitido actas. Ganan un 40% más al año por ese concepto. Si el caso tributario destapado llega a los tribunales y fracasa, no se les retira su incentivo. Algo que, para los juristas consultados, supone la constitución de «un sistema perverso».
Una sentencia emitida en julio por el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid tras el recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) estimó que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) debe cumplir con su deber de información para que el demandante conozca los emolumentos variables de los inspectores de Hacienda.
La AEAT detrae de su presupuesto una cantidad para incentivos llamados «productividad». Todos los años se aprueba un honorario extra llamado Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA). Cada departamento de la Agencia Tributaria planifica las actuaciones del ejercicio en curso. Este proceso se denomina Actuaciones Programadas Valoradas (APV). En función de ello, se asignan expedientes a los funcionarios y se les otorga un valor en función de su «presunta» complejidad.
Desde la Agencia Tributaria niegan que pierdan la mitad de los litigios, según la respuesta que recibió este diario a finales de septiembre. Los juristas consultados consideran que sería necesaria una transparencia previa y correlativa al deber de información del contribuyente y que los variables que perciben los inspectores deberían ser un success fee (cobrados tras una demostración de resultados) para eliminar cualquier sospecha, infundada o no, de que existiera cierto margen para blandir intereses espurios.
