El 74% de las empresas españolas desconoce los nuevos planes de pensiones
Un estudio advierte de que la subida de cotizaciones que aguarda para 2023 puede derivar en congelación e incluso reducción de plantillas
Tres de cada cuatro empresas, el 74%, desconocen los nuevos planes de pensiones de empleo impulsados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, a través de la Ley 12/2022, según el estudio Situación de las Pensiones en España elaborado por KPMG Abogados, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El estudio de KPMG Abogados obtiene sus conclusiones a partir de una muestra agregada de 496 empresas, de las que 102 han respondido a las cuestiones de la sexta edición del sondeo, en el que se extraen datos de todos los sectores de la economía, siendo los de servicios, financiero, industria, consumo y distribución los que mayor peso tienen en el informe.
El primer plan del empleo bajo la nueva ley, en la construcción
No sólo sucede que reine el desconocimiento del tejido productivo sobre los nuevos planes de pensiones de empleo, sino que el 81% de los encuestados considera que los cambios fiscales introducidos en la reforma no supondrán un incentivo para el ahorro individual, habida cuenta de que no se han producido cambios en el recurso a este vehículo de previsión complementaria con respecto a los últimos años.
Hasta el momento solo el convenio colectivo del sector de la construcción, aprobado en julio de 2022, y como avanzó este periódico, recoge la institución de un plan de pensiones para las empresas del sector, mientras que el convenio de la industria química contrajo el compromiso de presentar un informe que analice la viabilidad de la creación de un plan de pensiones antes de que finalice 2022.
El director responsible del área fiscal de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, asegura que «la transparencia en la información sobre el impacto que las medidas incorporadas en la reforma de la Seguridad Social tendrán en las futuras pensiones de jubilación a a ser clave para conseguir el crecimiento de los planes de pensiones promovidos por la empresas como complemento necesario a la Seguridad Social».
Sin noticias de la carta de las pensiones
Granado reclama que el Gobierno cumpla la obligación legal constituida en 2011 de dar a conocer la cuantía de pensión pública que corresponde a cada trabajador, la llamada carta naranja. «Para que las empleas y los particulares puedan decidir sobre la puesta en marcha de un plan de pensiones privado, sería aconsejable conocer el importe de la pensión de jubilación de la Seguridad Social», afirma el responsable del área fiscal de Pensiones de la firma global de servicios profesionales KPMG.
A día de hoy, solo el 28% de las empresas dispone un plan de previsión social complementaria para sus empleados, frente al 27% del año anterior, y el coste medio que asumen las empresas para hacer aportaciones a la jubilación de su plantilla es del 3,8% de la masa salarial, siendo los sectores con más incidencia el financiero y energía y los que menos, el transporte, la logística y la industria.
No obstante, el 35% de las empresas tiene en su agenda a medio plazo el estudio de la adopción de medidas para la jubilación de sus empleados y el 71% de las compañías manifiesta que estaría en disposición de realizar una aportación sobre el salario de sus empleados para su jubilación.
De hecho, el 98% de los participantes en la encuesta manifiesta su preocupación por la jubilación, y un 65% revela un elevado grado de inquietud. Además, dos de cada tres empresas advierten de que sus empleados no disponen de información en relación con la futura pensión y la edad a la que podrían jubilarse, circunstancia que dificulta la planificación financiero-fiscal individual y también la colectiva.
Esto ocurre cuando, además, según el informe, el plan de pensiones, beneficio social que no figuraba hace 10 años como la opción preferencial en cuanto a privilegios otorgados por la empresa, es en la actualidad el beneficio con mayor valoración después del seguro médico, seguido del seguro de vida como tercera opción, los vales de comida como cuarta y la formación como quinta.
Los riesgos del MEI
Existen otros aspectos de la reforma de las pensiones -cuya segunda parte tiene comprometido el Gobierno con Bruselas aprobar antes de que finalice 2022– que preocupan: como explica Granado, hay que estar «muy atentos» al incremento de costes que para las empresas supondrá en 2023 la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone un alza de 0,6 puntos en las cotizaciones, de los cuales 0,5 abonará el empresario y 0,1 el trabajador.
Advierte Granado que la implantación del MEI, unida al fuerte incremento de las bases de cotización que incluyen los Presupuestos Generales del Estado para 2023 -del 8,6% en las bases máximas- pudiera ocasionar que la recaudación no sea la esperada.
Desde KPMG Abogados se teme que el importante impacto que el MEI tendrá en los gastos de personal de las compañías, unido al contexto económico de crisis, puede derivar en que se congelen las contrataciones e incluso se reduzcan las plantillas, como apunta un anterior informe de la consultora.