El defensor del pueblo europeo admite la queja de los interinos que llevan décadas 'temporales'
Los Gobiernos españoles incumplen hace más de dos décadas una directiva europea para controlar la temporalidad en el sector público
Sede del Parlamento Europeo en Barcelona. | Europa Press.
El Defensor del Pueblo europeo (Ombudsman) ha admitido la queja de los empleados públicos interinos españoles que llevan desde 2013 esperando respuesta de alguna institución ante su situación, tal como refieren, de desamparo: no saben si van a ser renovados, trabajan como indefinidos sin serlo, y no tienen los derechos acordes a su antigüedad o de cara a su pensión de los que disfrutan otros empleados públicos con menos tiempo en el puesto.
Como explica la presidenta de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso (EPA), Concepción Rodríguez Fariña, a THE OBJECTIVE, la lucha de décadas que llevan los funcionarios interinos está dando sus frutos y no se van a detener. Incluso están dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante su indefensión recurrente.
El Defensor del Pueblo europeo ha admitido a trámite la reclamación interpuesta por el despacho de abogados Navas & Cusí, en representación de la asociación EPA, que dirige Rodríguez Fariña, según consta en notificación del 31 de octubre de 2022. La reclamación no es sólo contra la inacción del Reino de España, sino que interpela a instituciones europeas que, como explica Rodríguez Fariña, «no comprenden la figura del indefinido no fijo».
Sucede que hay funcionarios sin puesto fijo ni indefinido que computan como tales a efectos estadísticos, y que una directiva europea -la 1999/70/CE- marca que obligatoriamente debe ser periódicamente estudiada su permanencia, cada tres años, para que sean convertidos en indefinidos o separados del puesto, pero sin permanecer en un limbo permanente y desconocido.
Más de dos millones de afectados
Hay más de dos millones de afectados, que no reclaman solamente su puesto, sino alguna certeza sobre su futuro laboral para poder planificarse. La directiva europea se cumple en el sector privado, pero no en el público. Desde 2013, año en que presentaron estos empleados públicos temporales -que muchos llevan más de dos décadas en el puesto- su primera reclamación oficial no han tenido respuesta. Denuncian falta de apoyo de los sindicatos, de los sucesivos Gobiernos del país, y se lamentan de la lentitud en las instituciones europeas.
La reclamación de 2013 tenía el plazo de un año para cumplirse. Y a noviembre de 2022 no han tenido ninguna respuesta. Por eso se han movilizado a escala europea, a través del citado despacho de abogados, y siguen pidiendo, infructuosamente, datos a Función Pública, sin obtener contestación alguna y apoyo de los sindicatos, sin conseguirlo.
El Defensor del Pueblo europeo tiene ahora, explica Rodríguez Fariña, dos meses para contestarles y acelerar cualquier trámite que sea necesario para que se cumpla la directiva europea que les respalda, como ha pasado en países de la Unión Europea (UE) como Francia, Italia, Grecia y Portugal.
Inacción frente a los interinos históricos
Como explican a este periódico desde Navas & Cusí, la reclamación se dirige contras las acciones y omisiones frente a la denuncia múltiple por infracción de la directiva europea por parte del Reino de España. «El Estado español no ha efectuado la transposición de la directiva 1999/70/CE en su ordenamiento jurídico, y -en concreto- en la normativa que regula la contratación del sector público».
Se pone de manifiesto, aducen, que los distintos Gobiernos de España desde el 10 de julio de 2001 -fecha límite para el cumplimiento de la directiva- han venido aprobando distintas medidas legales que no han impedido que en más de dos décadas la Administración siga abusando de la temporalidad contractual en el sector público.
Como señala el socio director del despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, «la temporalidad excesiva y abusiva de las relaciones de trabajo en el sector público español se ha convertido en un mal endémico y en un problema estructural de gran envergadura, siendo que la temporalidad en este sector absorbe tanto relaciones estatutarias como funcionariales y laborales».
Sanciones incalculables en juego
Y Rodríguez Fariña reclama, básicamente, que se active un régimen sancionador para el incumplimiento de la directiva, que le costaría a las arcas públicas una cantidad «inasumible», que no se puede calcular debido a que no hay transparencia con las cifras reales de afectados. Son más de dos millones, al margen de saber cuántos funcionarios hay en «plazas de cupo», de las cuales no se sabe nada, pese a que se ha pedido información por parte de EPA a los organismos públicos.
Resume Rodríguez Fariña que indemnizar y restituir a más de dos millones de personas su lucro cesante por trienios, sexenios y otros derechos para la pensión futura -aparte de la eventual sanción a España por incumplimiento- supondría una factura mayor para las arcas públicas que regularizar la situación de estos empleados públicos temporales.
Control al Reino de España
La reclamación pone de manifiesto que la queja ante el defensor del pueblo europeo es que proceda a urgir a la Comisión Europea para que dicte resolución sobre el tan demorado caso, que impulse su deber de control respecto al Reino de España, de conformidad con las competencias que le son atribuidas en virtud del artículo 17.1 del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Rodríguez Fariña, que aprecia cualquier apoyo a la demanda del colectivo, lamenta que sólo reciben misivas que atestiguan el seguimiento del caso, sin tener en ningún momento alguna explicación de por qué no se cumple una directiva de 1999 ni se atiende a una demanda de 2013.
La ley española 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, destinada a regular la situación de estos empleados públicos temporales, explican los afectados, sigue contraviniendo la directiva europea «porque restringe los derechos de los empleados públicos temporales, dejándoles en completa indefensión y desprotegidos, al no tener derecho ni a indemnización por cese ni a la compensación por no superar el proceso selectivo», explican desde la asociación de Empleados Públicos en Abuso (EPA).
