El 46% de las empresas públicas carece del plan energético que sí se exige a las privadas
Ribera ya benefició al sector público el pasado agosto, concediendo a la administración 50 días más que al comercio para aclimatar sus edificios
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Pablo (Reuters)
Las 26 entidades del sector público empresarial afinan sus medidas para 2023. Un escenario que se encuentra definido por el plan presentado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hace escasas semanas para instar al ahorro energético tanto en la gran empresa, donde se exigirán -entre otras medidas- auditorías energéticas, como en el sector público. Sin embargo, solo en el 46% de las compañías pertenecientes al Estado se registran planes explícitos para llevar a cabo un ahorro en el consumo de energía.
Según se desprende de las medidas y actuaciones de las empresas del sector público, que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, hay hasta 12 compañías que carecen de planes específicos para llevar el ahorro energético que indica la ministra Ribera. Estas son: la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), Red.es, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), Enusa Industrias Avanzadas, Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Ingeniería de Sistemas para la Defensa (ISDEFE), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Puertos del Estado, Correos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
Entre las compañías mencionadas, muchas de ellas centran sus principales preocupaciones en otros aspectos, como fomentar proyectos de I+D+I, lograr la igualdad entre géneros, promover la industrialización inclusiva, la ciberseguridad o reducir la contaminación. No obstante, todas las compañías mencionadas omiten llevar a cabo planes de ahorro energético entre sus medidas para 2023. Además, no siguen las directrices marcadas por Ribera de dar «mayor peso a la eficiencia energética y los sistemas de autoconsumo».
Algunas de ellas, como es el caso de ISDEFE tratan de hacer tímidos acercamientos a lo que pide la ministra Ribera. «Apostamos por la movilidad sostenible con la adquisición de una aplicación móvil (App) que incentiva al personal con premios por los kilómetros que recorren en medios de transporte sostenibles y saludables en su trayecto al centro de trabajo, promoviendo el traslado a pie, en bicicleta o en transporte público en lugar de otros vehículos más contaminantes. Esta cuantificación permitirá completar los datos de la huella de carbono de la organización en todo su alcance, proporcionando información muy valiosa para
determinar las estrategias a seguir, reducir costes y encontrar eficiencias», se desprende del documento de los PGE.
En otras compañías, como Puertos del Estado, se menciona la importancia de la transición ecológica, como buscar combustibles alternativos para los buques, pero guardan silencio sobre un posible plan de ahorro. En otras empresas, como INCIBE, sus objetivos se centran en garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, promocionar la ciberseguridad en las pymes y cooperar con otros países del mundo para la lucha contra los ciberataques.
Una realidad que choca con otras compañías del sector público (las restantes), que sí recogen planes de ahorro en sus empresas. Así, desde CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito) afirman que instalarán «parasoles fotovoltaicos horizontales en la fachada del edificio (potencia total instalada de 31,8 kWp) y nuevos vidrios de alta eficiencia energética, con doble vidrio y cámara de aire, con lámina de control solar».
Por otro lado, desde el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) dejan claro su objetivo de «mejora energética y de reducción del consumo de energía en todos sus inmuebles, tanto los de uso propio como los de su cartera de inversión inmobiliaria, que en muchos casos implican una renovación completa de los mismos». Mientras que en la Empresa de Transformaciones Agraria (TRAGSA) presenta un plan muy ambicioso en materia de ahorro energético. «Nuestro suministro eléctrico procede de energías 100% renovables con certificado de origen. Fomentamos las instalaciones fotovoltaicas con conexión a red interior para autoconsumo, mejora del aislamiento, la sustitución de luminarias convencionales por LED y compraremos vehículos y maquinaria con criterios de reducción de emisiones», sentencian.
No es la primera vez que el Ministerio de Transición Ecológica actúa de forma parcial entre la empresa privada y la Administración. Así, Ribera solo dio siete días a la hostelería el pasado mes de agosto para ajustar el control de la temperatura y el límite de los horarios de encendido y apagado de los establecimientos. Una realidad que distó de lo ocurrido con los edificios de la Administración, que tuvieron hasta 60 días (dos meses) para aplicar esas mismas medidas.
Desde que se desató la guerra en Ucrania, y por ende la crisis energética actual, Bruselas fijó como su principal reto mantener estable los suministros de gas de toda Europa. Durante el pasado verano, se pidió a todos los países miembros establecer planes de contingencia para ahorrar gas. Desde entonces, todos los territorios se han visto obligados a presentar medidas que incentiven hasta un 15% el ahorro de gas, exceptuando España y Portugal que lograron por sus condición especial ahorrar la mitad. Fue así como, tras casi dos meses, Ribera presentó su plan ‘Más Seguridad Energética’. Entre las diez medidas clave del programa, destacaba la número cuatro: «Planes de ahorro y eficiencia, sustitución de alumbrado público y servicios energéticos, además de publicidad de los resultados conseguidos para la Administración y la gran empresa».
