Ribera calienta la guerra con las energéticas en pleno cambio masivo a la tarifa regulada de gas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto toda su atención en las compañías energéticas durante los últimos días. Ribera dijo hace dos semanas que las eléctricas no están jugando limpio porque no aportan total claridad en las facturas sobre cómo se calculan según qué costes y ahora acusa a las energéticas de estar entorpeciendo el cambio de una tarifa libre de gas natural a la regulada.

Ribera y las eléctricas han protagonizado distintos enfrentamientos desde el verano del año pasado cuando comenzó a dispararse el precio de la electricidad y el gas. El más sonado ha sido por el mecanismo de minoración de los beneficios que obtienen las eléctricas por la generación nuclear, hidroeléctrica y otras renovables. Ribera se reunió con los presidentes de Endesa, Naturgy e Iberdrola y el máximo ejecutivo de esta última, Ignacio Sánchez Galán, llegó incluso a amenazar con paralizar inversiones en España si el Gobierno no rectificaba.

Ahora, ante los importantes beneficios anunciados recientemente por las grandes del sector como Iberdrola y Repsol, la titular de Transición Ecológica ha insistido en que las cuentas de los grupos «sean transparentes». «Que las cuentas sean transparentes para entender cómo se configuran los precios y donde se configuran los beneficios», ha dicho.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP España, ha asegurado que el nivel de transparencia de la información del sector eléctrico español es «uno de los más altos de Europa» y ha defendido que el compromiso con la transparencia de estas empresas «está fuera de toda duda»

Las grandes eléctricas responden a Ribera

La patronal de las grandes eléctricas ha hecho hincapié en que el sector eléctrico «hace frente a importantes requerimientos de información de los organismos reguladores» sobre la evolución de los negocios y los datos más relevantes sobre todas sus actividades, especialmente la producción y venta de energía, a lo que hay que sumar los informes que, anualmente, publican las empresas.

Ribera también les exige más claridad sobre cómo deben reflejar la ‘excepción ibérica’ en las facturas de la luz. «Es obvio que lo que aparece reflejado en las facturas no traslada toda la información. En nuestra factura no aparece reflejado cuánto se ha ahorrado el consumidor», señaló a finales de septiembre tras reunirse con asociaciones de consumidores para abordar el plan de contingencia energético recientemente aprobado y denominado Más Seguridad Energética (+SE).

Asimismo, desde el Ejecutivo quieren que quede claro que son las eléctricas las que deciden trasladar al consumidor el coste del tope al gas y obliga a que introduzcan en el recibo «de forma clara e inequívoca, en un apartado independiente dentro de la factura de electricidad, la siguiente redacción». Las comercializadoras en mercado libre pueden elegir voluntariamente repercutir el importe de la energía asociada a la compensación del mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, dentro de sus costes de aprovisionamiento, o bien trasladarlo de forma diferenciada a sus consumidores. En este caso su comercializadora ha optado por esta última opción.

Ribera llegó a comentar que las eléctricas estaban tirando de «calificativos creativos» para incluir en la factura el tope al gas y que así pareciera que era una tasa que había creado el Gobierno. El Gobierno calcula que el ahorro por la ‘excepción ibérica’, en vigor desde el 15 de junio, se sitúa en unos 2.800 millones de euros. La factura también debe recoger ahora información del consumo medio registrado en el mismo código postal y consejos para ahorrar. Esta novedad pretende incentivar el ahorro mediante la comparación entre hogares de distritos cercanos. 

Por otro lado, las comercializadoras estarán obligadas detallar en el concepto relativo los impuestos a la electricidad las rebajas fiscales sobre el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Para que tampoco aquí haya interpretaciones, el decreto dicta la redacción. «En virtud del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, el IVA aplicable a su factura se encuentra reducido del 21% al 5%» en el primer caso y en el segundo: «En virtud del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, el impuesto especial sobre la electricidad aplicable a su factura se encuentra reducido del 5,11269632% al 0,5%».

Estos cambios deberán reflejarse en las facturas a partir del 1 de diciembre. Por otra parte, tras aprobar el Ejecutivo la nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con calefacción central, Ribera pide a las compañías eléctricas y de gas «incrementar atención al público». La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha abierto una investigación sobre las cuatro comercializadoras -Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies – que ofrecen la tarifa de gas regulada para saber si están poniendo trabas para que sus clientes se acojan a ese precio, topado por el Gobierno y más reducido que los del mercado libre.

Las comercializadoras de la TUR tienen la obligación de atender las solicitudes y facilitar la migración de las tarifas del mercado libre al regulado. «Muchas de las compañías a las que acuden los ciudadanos no les contentan con la diligencia que corresponde y genera tensión. Es fundamental que las compañías incrementen su atención al público», ha indicado Ribera en un vídeo difundido en el perfil de Twitter del Ministerio para la Transición Ecológica.

Competencia pide explicaciones

Competencia ha pedido información al respecto a las empresas afectadas para estudiar la situación y determinar si es necesario abrirles o no un expediente sancionador. La TUR ofrece condiciones más ventajosas, pero solo cuenta con 1,5 millones de consumidores acogidos en comparación con los casi 6,5 millones del mercado libre, según el último boletín del mercado minorista de gas de la CNMC con datos del primer trimestre de 2022.

Ribera ha reclamado también a las comercializadoras eléctricas evitar «comportamientos poco responsables y obstruccionistas» a la hora de facilitar el bonos social al as familias que cumplan los requisitos y ha afirmado que el Gobierno lo vigilará «de cerca».