El Gobierno ultima extender a 2023 el escudo antiopas con la excusa de la guerra de Ucrania
El Ejecutivo vuelve a defender esta herramienta como una forma de proteger a los sectores estratégicos españoles ante fondos de inversión oportunistas
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante una reunión con un conjunto de empresas del ámbito de la microelectrónica y los semiconductores. | Alberto Ortega (Europa Press)
El Gobierno prepara una nueva prórroga del escudo antiopas para empresas europeas durante el año 2023, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá controlando el ingreso de capital extranjero de países comunitarios en compañías estratégicas de nuestro país, pese a las reticencias de inversores y de la propia Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) que hace unos meses pidió la retirada de este instrumento introducido por el Ejecutivo durante la pandemia.
En marzo de 2020, se decretó que todas las empresas de fuera de la Unión Europea que quisieran comprar más del 10% de una compañía estratégica española cotizada -y en las no cotizadas en las que la inversión superara los 500 millones- debían tener la autorización del Consejo de Ministros. Este escudo antiopas se extendió a empresas europeas en abril de este mismo año, en verano de 2021 se amplió su vigencia en seis meses y en noviembre se prolongó para todo el año 2022. La norma se aplica a sectores como las telecomunicaciones, la defensa, la energía, los transportes o los medios de comunicación.
En esta oportunidad -según las fuentes consultadas- la justificación de esta nueva prórroga del escudo antiopas (que ya adelantó este diario hace algunos meses) ya no se encuentra en la pandemia de coronavirus sino que en la inestabilidad internacional y el impacto de la guerra de Ucrania en las bolsas de valores y en la economía en general. Por el momento, la única duda que queda es saber si este instrumento se extenderá durante todo el año 2023 o durante más tiempo, a la espera a ver como evoluciona el conflicto y si se profundiza la ralentización económica. Oficialmente el Ministerio de Asuntos Económicos indica a este diario que todavía «no hay noticias» sobre el futuro de este decreto.
Sectores estratégicos
Otro de los detonantes de esta prórroga ha sido el retraso de la nueva Ley antiopas, el cuerpo legal llamado a dotar de normalidad a este decreto entregando protección accionarial a los sectores estratégicos. La idea era tener en marcha esta normativa antes de finalizar este año, un plazo que con toda seguridad no se alcanzará y que podría prolongarse durante buena parte del primer semestre del próximo año.
El Gobierno siempre ha defendido a este escudo antiopas como una herramienta para defender los sectores estratégicos españoles y para proteger a empresas cuya cotización se encuentra a la baja por factores externos a su marcha operativa. Compañías que se convierten en blanco fácil de fondos o de inversores activistas que solo buscan una rentabilidad en el corto plazo. El Ejecutivo también se defiende indicando que este es un instrumento habitual en otros países de nuestro entorno como Francia o Alemania.
El escudo antiopas tiene dos herramientas: la primera establece que ninguna empresa de fuera de la Unión Europea podrá entrar en empresas españolas sin la autorización del Gobierno. Un decreto que está vigente sine die hasta que se derogue con otro, por lo que seguirá en 2023 sin que el Ejecutivo tenga que hacer nada. En el caso del segundo, la norma está enfocada específicamente en inversores europeos y sí que se tendrá que prorrogar formalmente antes de que termine este año ya que su vigencia es hasta el 31 de diciembre.
Críticas de la CNMV
En junio, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, defendió la decisión del Ejecutivo de mantener «por el momento» el blindaje a empresas estratégicas españolas y negó que esta medida estuviese teniendo un efecto negativo en las inversiones. «Pensamos que sigue siendo importante que determinadas inversiones se revisen y se miren con más atención para asegurar los objetivos que establece la ley», dijo García.
Por el contrario, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, indicó en enero ante un centenar de inversores que sería positivo permitir la compra de empresas cotizadas españolas por entidades extranjeras cuando se normalice la situación de la Bolsa. «La apertura internacional es un valor en sí mismo desde el punto de vista del mercado y los accionistas e inversores», dijo tras destacar el valor de la inversión extranjera para afrontar la recuperación de la economía.
Con todo, y pese al desconcierto que el escudo antiopas genera en los inversores, en el Ejecutivo apuestan por un nivel de control flexible para autorizar estas inversiones. Es decir, que este decreto no se convierta en un freno para la llegada de capital foráneo sino que sea un filtro para adecuar estos flujos de acuerdo con los intereses estratégicos de las industrias claves. Así se mantiene el efecto disuasorio frente a determinados fondos de inversión que solo buscan rentabilidad a corto plazo, pero no se frena el interés de empresas industriales que realmente tengan un interés en potenciar el crecimiento de las compañías españolas.
Naturgy, Prisa y el escudo antiopas
Un escudo antiopas que cobra mucha más relevancia en un momento de guerra en Ucrania y de máxima tensión comercial entre los Estados miembro de la Unión Europea y Estados Unidos contra países como China o Rusia. De hecho, uno de los grandes temores en España, y en Europa, es que fondos que operen como representantes de inversores chinos se hagan con las grandes empresas de bandera del entorno comunitario.
Hasta la fecha el Gobierno ha tenido más de 40 solicitudes en el marco del procedimiento de autorización de inversiones extranjeras, todas han sido aprobadas y a menos de una cuarta parte de ellas se les han planteado condiciones. El caso más sonado fue la entrada del fondo IFM en Naturgy, donde el Gobierno impuso condiciones para que el desembarco estuviese condicionado a una inversión estratégica y a mantener la integridad de la energética.
Diferente ha sido el caso del grupo Prisa, donde Vivendi presentó su solicitud para subir hasta el 20%, pero la tuvo que retirar seis meses después al ver que la petición no era respondida. En este caso fue el Gobierno el que se opuso a la entrada de este inversor industrial al no estar de acuerdo con su línea editorial cercana a la extrema derecha. Un ejemplo de bloqueo de este escudo antiopas a favor de los intereses del Ejecutivo.
Procedimiento burocrático
En cualquier caso, en el punto de mira de los inversores también están los plazos del escudo antiopas, que muchas veces se extienden más allá de los intereses propios de la dinámica de las compañías extranjeras. Con el actual procedimiento hay que presentar la solicitud a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, luego hay que responder a un cuestionario detallando la operación.
Luego el caso pasa a la Junta de Inversiones Exteriores, con presencia de representantes de varios Ministerios, incluyendo el de Economía. Este organismo eleva un informe al Consejo de Ministros, sobre el que éste debe tomar una decisión final. El plazo de todo el proceso es de seis meses y la práctica ha demostrado que el Ejecutivo suele agotar todo este tiempo, algo que no suele sentar demasiado bien entre los inversores.
