Rechazo general en España al plan UE de poner placas solares sin un informe ambiental
Desde el Partido Popular hasta Unidas Podemos, pasando por la patronal fotovoltaica. También se pone en duda la base científica y legal de la norma
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. | Europa Press
Este martes es una fecha importante en clave energética. Según apuntan fuentes de la Comisión Europea, tendrá lugar el Consejo de Energía en el que, con toda probabilidad, se pondrá en marcha la propuesta de Bruselas de acelerar los permisos para la instalación de la energía renovable. Una medida que incluye un punto polémico: se permitirá que instalaciones de menos de 50 KW puedan ser construidas sin una evaluación de impacto ambiental. Una «excepción» a la que se le unirán también los paneles solares en los tejados de edificios o en aparcamientos.
Desde Bruselas argumentan que la medida se debe a «la magnitud de la crisis energética, su impacto social, económico y financiero» y, para ello, es necesario «actuar lo más rápidamente posible». La propuesta está concebida como una medida de emergencia temporal (un año), a través de un reglamento del Consejo basado en el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE». Se trata de un escenario que ha provocado un rechazo generalizado en España ante el temor de una «invasión» que lastre paisajes y genere un daño medioambiental irrecuperable. Así, desde el Partido Popular hasta Unidas Podemos, pasando por la patronal fotovoltaica, rechazan la medida y muestran serias dudas sobre el previsible anuncio. Una realidad que ha traspasado fronteras: en Europa cuestionan la base científica y legal de la medida.
Desde la patronal fotovoltaica -principal interesada en España para el desarrollo de la energía solar- se mantiene escépticos sobre esta medida. «Desde la Unión Europea buscan acelerar las energías renovables, pero también hay que entender la óptica del ciudadano. Muchas veces la sociedad busca una cautela o un ritmo diferente. Ese sentir de la ciudadanía hay que armonizarlo con la necesidad de implantar energía fotovoltaica», apuntan desde la patronal.
«Nos parece que las cautelas desde el punto de vista medioambiental son siempre bienvenidas. No sabemos cuál será la letra pequeña de la norma, pero evidentemente tiene que haber un mínimo de cautela. Yo entiendo que esta norma hará una salvedad de territorios que tengan una especial protección. El texto final espero que tenga muchísimas precauciones para que no se instalen plantas solares en sitios donde no se deba», sentencian desde la patronal.
La incertidumbre que genera la norma en el tejido empresarial del sector fotovoltaico se extiende también a la clase política. «Por nuestra parte, desde Alianza Verde no estamos de acuerdo con esta medida. Aunque somos muy favorables del desarrollo urgente de la energía solar fotovoltaica, sin embargo no creemos que deba hacerse a costa de tumbar la legislación medioambiental», asegura a este periódico el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde.
También comparten esta afirmación desde el PP. Así, el portavoz de Cambio Climático, Diego Gago, afirma que «estamos a favor de simplificar los trámites administrativos que permitan agilizar la incorporación de los pequeños proyectos de energías renovables dentro del mix y de autoconsumo, pero siempre respetando el medioambiente y las competencias sobre este tema de las CCAA».
Pero esta alerta no solo se queda en nuestras fronteras, una carta enviada a los europarlamentarios esta semana, que ha sido apoyada por 400 científicos y 200 plataformas europeas, sostenía lo siguiente: «Como profesionales del desarrollo científico pedimos a las instituciones europeas y a los ministros de energía de la Unión Europea que no reduzcan los controles existentes de la protección de la biodiversidad, ni siquiera para acelerar el despliegue de las energías renovables». La principal razón que basan sus argumentos los científicos para desaconsejar la omisión del impacto medioambiental es que «la ciencia ha demostrado que, incluso con las medidas de protección existentes, no se ha logrado detener el deterioro en términos de destrucción masiva de biodiversidad«.
Por otro lado, otras plataformas argumentan también «falta de base jurídica» en la futura medida. «No puede entenderse razonablemente que las excepciones medioambientales propuestas puedan considerarse incluidas en el concepto de ayuda financiera a los Estados miembros establecido en el artículo 122 TFUE, elegido como base de la propuesta. Por otro lado, viola el principio de no regresión medioambiental implícito en el objetivo de alcanzar la sostenibilidad basada en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y contradice el principio de integración establecido en el artículo 11 TFUE y en el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales al impedir que las exigencias fundamentales de protección del medio ambiente se integren en la definición y aplicación de las políticas energéticas».
