Las nuevas pensiones caerán un 3% con el alza de años de cómputo que promueve Escrivá
El Gobierno trabaja ‘in extremis’ para tramitar el decreto de pensiones que completaría la reforma que la UE monitorizará a partir de la primavera de 2023
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Europa Press
Las pensiones iniciales caerán un 3% con el alza de años de cómputo que promueve la reforma del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Son cálculos del gabinete de estudios de la Unión Sindical Obrera (USO) a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El cálculo parte de que se estima que, por cada año más de vida laboral computable para determinar la cuantía de una nueva pensión, esta desciende un 1%. Como Escrivá propone en su borrador de reforma un aumento de los años de cómputo de 25 a 30 años, descartándose de oficio los dos de peor cotización a la Seguridad Social, el aumento real de vida laboral computable es de tres años, llegando de 25 a 28.
Como explica el director del gabinete de estudios de USO, José Luis Fernández Santillana, esos tres años de más que computarán de prosperar el decreto de pensiones tal cual lo prevé el Gobierno supondrán una merma en las pensiones iniciales del 3%. Este descenso no afectará a pensiones anteriores a la reforma. Y, en cualquier caso, el compromiso de subir las pagas en función de la inflación hace que su posterior actualización, mientras la inflación esté en los elevados niveles de la actualidad, rebase a la merma de su cuantía.
Las nuevas altas de pensiones se han situado en el conjunto del Sistema en 1.390,44 euros en octubre de 2022, según datos oficiales recabados por USO. Luego la caída de las nuevas pensiones será de 41,71 euros mensuales respecto a la cuantía que tendrían de mantenerse el cómputo de 25 años. Ello supone una merma de 583,94 euros anuales de media.
Ya en el pasado se abordó un aumento de los años computables, recuerdan desde USO. El periodo de vida laboral sobre el que se calcula la pensión inicial se elevó de 15 años a los 25 actuales en la reforma de 2011, con el acuerdo de los agentes sociales: los sindicatos UGT, CCOO, y las patronales CEOE y Cepyme.
Contención del gasto «insuficiente»
A juicio de Fernández Santillana, en esta ocasión el alza a 30 años, contando para el cálculo de la jubilación inicial los 28 mejores, supone un «ligero alivio» para las cuentas de la Seguridad Social, pero «claramente insuficiente». El incremento de los años cotizados implica siempre una disminución de la pensión, explica el experto, ya que la extensión de años suele implicar la inclusión de años con bases de cotización inferiores.
El economista Javier Santacruz refrenda el cálculo de USO y reflexiona en los siguientes términos: «Efectivamente, la caída de la pensión, de entrada, de un 1% por cada año que se amplía el período de cómputo tiene que ver mucho con las medidas más efectivas para controlar el gasto en pensiones. Solo controlar la pensión de entrada permite moderar todo el gasto futuro en pensiones, incluso aunque se produjeran subidas importantes en los siguientes años por designio político».
Por otra parte, desde USO se rechaza el nuevo incremento de los años de carrera laboral computables para la cuantía de la pensión, al estimar suficientes los 25 actuales, que representan más de la mitad de una vida laboral tipo. La unión sindical propone que se puedan escoger los 25 mejores a lo largo de toda la vida laboral, ya que la reforma de 2011 lleva a 2027 la necesidad de tener 37 años cotizados para tener derecho al 100% de la base reguladora.
En cualquier caso, a solo un Consejo de Ministros para acabar el año -salvo convocatoria de uno extraordinario-, los agentes sociales no tienen constancia de cuándo se producirá una nueva cita con el Ministerio para conciliar las demandas y voluntades de todas las partes. Ya declinó el Gobierno tramitarla como ley y optó por el real decreto-ley con el fin de cumplir a contrarreloj los plazos marcados por la UE de introducirla en las cortes antes del 31 de diciembre, sin perjuicio de que posteriormente el decreto pueda convalidarse o no, o ser sustituido por una proposición de ley.
Los escollos para lanzar la reforma ‘in extremis’
A los sindicatos no les convence el aumento del periodo de cómputo; y a la patronal, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone un alza de cotizaciones de 0,6 puntos (de los que 0,5 soportará el empresario), amén del destope de las bases máximas que también supone más cargas sociales. Desde la patronal también se destaca la falta de cálculos de proyecciones a futuro de gastos e ingresos del Sistema, para analizar su sosteniblidad, en línea con lo que reclamará la Comisión Europea a partir de la próxima primavera para mantener el flujo de fondos europeos a España. A Bruselas no le convence el MEI porque no está vinculado a la esperanza de vida.
Y, en este contexto, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, al igual que en su día hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) bajo la batuta del propio Escrivá, demanda que cualquier modificación en materia de pensiones se confeccione con amplio consenso.
