Escrivá se queda solo en su reforma de las pensiones a 17 días de tener que aprobarla

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se queda solo en la segunda fase de la reforma de las pensiones que ha de tramitar parlamentariamente en alrededor de 17 días para cumplir con lo exigido por la Comisión Europea como parte de los compromisos para recibir los fondos europeos. Concretamente en el llamado componente 30, destinado a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El borrador presentado por el ministro al Diálogo Social este lunes, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, no deja satisfechos ni a sindicatos ni a patronal. Justo tratándose de una reforma que -como ha venido diciendo el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuando estaba bajo la batuta del propio Escrivá, y como indican las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo– ha de ser consensuada para evitar cualquier tinte impopular.

Desde el sindicato UGT se critica que las modificaciones introducidas en el último borrador son «insuficientes» en algunos aspectos. Considera el sindicato que encabeza Pepe Álvarez que faltan concreciones en materia de pensiones mínimas, que el 30% de subida de las bases máximas de cotización es escaso, ya que ellos reivindican un destope absoluto, que el 3% de subida de la pensión máxima es exiguo y que en materia de lagunas de cotización las mejoras son inapreciables.

Desde CCOO, el secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria, Carlos Bravo, considera que la última oferta del Gobierno apenas introduce cambios sobre la anterior. También la califica de «insuficiente». Estima también que el destope de bases máximas es insatisfactorio, y que no se produce ningún refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), punto este clave para el aprobado futuro de Bruselas a la reforma, ya que la UE viene afeando a Escrivá que no arbitre un mecanismo de ajuste automático en función de la demografía y la esperanza de vida.

Sin avances en la propuesta de pensiones

Por otra parte, CCOO considera también que falta abordar medidas para las pensiones mínimas, que la propuesta es deficiente en cuanto a la integración de lagunas de cotización y, aunque reconoce que hay tímidas mejoras en materia de integración de lagunas de cotización, se precisa un mayor avance.

Por otra parte, Bravo considera que Escrivá se juega in extremis la reforma, que ha de estar en las Cortes antes de finalizar el año. Considera que los cambios en el periodo de vida laboral computable para el cálculo de la pensión no cuenta con apoyo parlamentario suficiente y que «el movimiento de la Mesa es lento, extremadamente lento». Critica, además, que el Gobierno exhiba una propuesta que -como adelantó este periódico- no ha sido debatida en el seno de la Mesa.

En esta ocasión, para evitar cualquier tipo de alarma social o filtración, Seguridad Social optó por negociaciones bilaterales y no con todos los integrantes de la Mesa de Diálogo Social al alimón, lo que ahora se le vuelve en contra al no apreciar los intervinientes haber tenido el papel de contrapeso al que se sienten llamados.

De hecho, CCOO hace una admonición al ministro reclamando que no convoque la Mesa si no tiene una propuesta más amplia con el conjunto de materias que se le han planteado.

Desde CEOE también le llueven las críticas a Escrivá. La patronal considera que la propuesta de este lunes carece de modificaciones relevantes sobre lo previamente planteado. Consideran los empresarios que la oferta del ministro supone un recorte de derechos, así como un encarecimiento de los costes laborales que perjudicará al mercado laboral.

Falta de memoria económica y de impacto

La patronal descarta que las medidas incluidas en la propuesta de reforma –que por sumariedad ya ha de tramitarse como Real Decreto-ley, y no como ley– permitan mejorar la sostenibilidad del Sistema. Reclama CEOE, además, una memoria económica y de impacto, en consonancia con lo que pedirá Bruselas una vez impulsada esta segunda fase de la reforma de pensiones.

Por otra parte, sí apoya la patronal alguna sucinta mejora que incluye el nuevo borrador en materia de brecha de género, pero afea que la propuesta de esta semana en comparación con la de la semana anterior perjudica «más aún» a las mujeres, ya que ahora se limita la posibilidad de cubrir lagunas de cotización entre los 35 y 45 años de edad, los más proclives a que estos periodos se produzcan.

Pero, ¿qué ofrece realmente el Gobierno a los agentes sociales en la última fase de la reforma? Un texto legal que, como relatan fuentes internas, realmente «ya está hecho»; es decir, en el que se brinda poco margen de negociación a los agentes sociales.

En cuanto a la vida laboral computable para el cálculo de la futura pensión, establece un aumento de los 25 años actuales a 30, descartándose de oficio los dos peores para evitar una bajada drástica de la pensión inicial respecto a la que correspondería con el cálculo actual.

Límites a la cobertura de lagunas

En lo que respecta a la cobertura de lagunas de cotización -aquellos periodos de interrupción intermitente de la vida laboral que se cubren virtualmente por la Seguridad Social a la hora de calcular la futura jubilación-, que afecta en mayor medida a las mujeres por razones biológicas, el Ministerio inicialmente planteó que cuando la brecha de género fuera igual o superior al 5%, en los meses en los que no existiera obligación de cotizar, se integraran esas lagunas desde la mensualidad 49 a la 72 con el 60% de la base mínima de cotización entre todas las existentes en cada momento.

Ahora propone Escrivá un refuerzo de esa cobertura, elevando hasta el 80% el porcentaje de la base mínima entre las mismas mensualidades para mujeres de entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo. Esa limitación de mensualidades es la que critica la CEOE.

También se propone por parte del Gobierno una mejora de la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares o reducción de jornada por cuidado de hijos y un crecimiento adicional de la revalorización anual del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025.

Ese complemento, de 28 euros al mes por hijo, hasta un máximo de cuatro, se solicita a la vez que la pensión y a noviembre lo percibían 364.871 beneficiarios, el 92,8% mujeres.

Por otra parte, la reforma incluye el MEI, un recargo de 0,6 puntos en cotizaciones de los cuales 0,5 serán abonados por el empresario y el resto por el trabajador. Es una de las medidas que afea Bruselas a España, ya que el MEI nació para sustituir al nonato Factor de Sostenibilidad (FS), fruto de la reforma del PP en 2013, que sí vinculaba las nuevas pensiones a la esperanza de vida.

Bruselas pide a España que esa modulación de las futuras pensiones se correlacione con la demografía de forma automática, y el MEI es ajeno a ella, por lo que Escrivá afronta la ardua tarea de convencer a la Comisión Europea, a partir de la primavera de 2023 de que la revisión del mecanismo tendrá un carácter semiautomático, al prever su revisión en 2032. En cualquier caso, sigue sin vincularse, a priori, a la esperanza de vida.

El destope engrosa los costes laborales

Otro de los puntos que incluirá el decreto de pensiones será el llamado destope. Es decir, existe un umbral de base de cotización -en 2023 serán 54.000 euros- a partir del cual todos los sueldos superiores cotizan por igual. La idea del destope consiste en subir ese umbral e implica un alza del 30% en las bases máximas, lo que redunda en el encarecimiento de los costes laborales.

Por ello, este plan de Escrivá sobre las bases máximas suscita las quejas del empresariado, que acumula las alzas de cotizaciones arbitradas por los Presupuestos Generales del Estado para 2023, las derivadas del efecto-arrastre del salario mínimo interprofesional (SMI), las del MEI y, además, encara un alza de las bases máximas no correlativa a la subida de la pensión máxima, sino diez veces mayor (30% frente a 3%).

Desde el Gobierno se defiende el concepto de gradualidad y se considera que el destope de la base máxima y el de la pensión máxima terminará convergiendo hacia 2050, debido a la variación de cotizantes del tramo alto y el número de altas en pensiones máximas.

De ahí que la CEOE y expertos consultados por este periódico como los profesores Enrique Devesa e Inmaculada Domínguez Fabián, de la Universidad de Valencia y Extremadura, respectivamente, estimen que se contraviene la contributividad recomendada por el Pacto de Toledo.

Además, esta reforma va destinada a generar mayores ingresos para la Seguridad Social durante los años en los que se producirán el grueso de jubilaciones del baby-boom, a partir del año próximo hasta 2050, cuando España puede llegar a sumar 15 millones de pensionistas (frente a los cerca de 10 millones actuales), según proyecciones de BBVA Research.

Consideran los expertos, y también la patronal, que se produce un alto riesgo de quebrar la equidad intergeneracional, principio informador también del Pacto de Toledo, cargando a una cohorte de población un sobrecoste que podría no recibir a la hora de su futura jubilación.

De momento, no ha trascendido una fecha concreta para el próximo encuentro de los agentes sociales y el Gobierno sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones.