La reforma de las pensiones deja en el aire la entrega de 10.000 millones de los fondos UE

España se enfrentará en 2023 a la autorización de un nuevo pago -el cuarto- de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta ocasión, lo que se evaluará, fundamentalmente, será la tímida reforma de las pensiones aprobada hasta el momento, que lleva desde hace meses en el punto de mira de los responsables europeos.

La recepción del nuevo tramo de ayudas -10.000 millones de euros- para paliar los daños provocados por la crisis de la covid-19 estará condicionada por el compromisos adquiridos dentro del Componente 30 y por la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal y evitar las desviaciones presupuestarias.

Sin embargo, la decisión de subir las pensiones un 8,5%, de acuerdo al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) y eliminar el Factor de Sostenibilidad, para ejecutar un mecanismo vinculado a la demografía con carácter temporal, causan preocupación en la Comisión Europea. Parte de los fondos corren riesgo, pero el calendario de ejecución juega, en principio, a favor del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las pensiones, en el punto de mira

La eurodiputada por Ciudadanos Eva María Poptcheva, encuadrada en el grupo parlamentario Renew Europe, ha conseguido, en una reciente pregunta con respuesta escrita, que el Comisario de Economía europeo, Paolo Gentiloni, avance cuales serían las consecuencias de que España no cumpla con lo pactado en la reforma de pensiones.

Tanto Poptcheva como el ex vicepresidente de Consejo de Ministros italiano adelantan los plazos para la petición, estudio, concesión o no y modificaciones en la reforma. La eurodiputada, en conversación con THE OBJECTIVE, remarca que están en peligro una parte de los fondos, pero también que el Ejecutivo de Sánchez podría adaptar los plazos a sus necesidades.

El próximo 28 de mayo tendrán lugar las elecciones municipales y España debería pedir el cuarto fondo durante el primer semestre del próximo año, según reconoce Poptcheva. La reclamación de la partida tendría lugar una vez que se dé al visto bueno al tercer pago, solicitado en noviembre del presente ejercicio.

Es más que probable que la decisión europea no afecte a estos comicios locales, puesto que en el hipotético caso de que se soliciten durante los seis primeros meses del año, la Comisión debería evaluar la medida y posteriormente pronunciarse. También es posible que el Ejecutivo español decida demorar al máximo su petición al no haber cumplido determinados objetivos.

En cualquier caso, el Gobierno de Sánchez dispone de todo el año para solicitarlo y podría aguantar hasta octubre o noviembre para solicitarlo para evitar que un previsible portazo a la concesión de la ayuda coincida con las elecciones. Solicitarlo en el último trimestre de 2023 supondría un pronunciamiento europeo meses después y un margen importante para modificar medidas y contentar a la Comisión.

Pensiones y Equidad Intergeneracional

Pese a que no formaba parte de los hitos -objetivos- que debían evaluarse tras la solicitud del segundo pago, la Comisión ya mostró su preocupación por la sostenibilidad del paquete de reformas que se estaba planteando y con el punto de mira en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de la pensiones.

Consideraba que con las medidas diseñadas en ese momento había riegos de desviación presupuestaria «significativa» y que todas las iniciativas que se llevasen a partir de ese momento deberían contener dicha situación. El comisario Gentiloni, pese a todo, se ha mostrado prudente en su respuesta a la europarlamentaria española, asegurando que el balance de la reforma de pensiones se hará cuando se solicite el cuarto tramo de ayudas.

En cualquier caso, Gentiloni deja claro el ‘castigo’ en el caso de incumplimiento. «Si la Comisión considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago. El Estado miembro dispondrá de seis meses para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento. Si esto no se ha hecho en el plazo de seis meses, se reducirá proporcionalmente el importe total de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo», asegura en su respuesta.

Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos recuerda en conversación con este medio que en julio de 2021 el Gobierno español se comprometió a implantar un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria del sistema de pensiones antes del 31 de diciembre de 2022 en sustitución del existente factor de sostenibilidad.

Destaca que en octubre de 2022, el Gobierno anunció una subida de las pensiones del 8,5% en 2023. Este incremento de las prestaciones supondrá más de 10.000 millones para las arcas del Estado, un importe muy similar a lo que España se juega con el cuarto fondo. El contexto actual es muy complicado y el futuro de las pensiones, con el desembarco de los ‘baby boom’, está en jaque.

La pensión media ha aumentado un 43% desde 2008, mientras el salario medio solo se ha incrementado apenas un 15%. En 2023 la brecha se incrementará más. España posee también el segundo coeficiente de beneficio más alto de la Unión Europa, destacan diversos informes. Mientras, el Banco de España estima que, como resultado de la reforma de pensiones promovida por el Gobierno, el gasto en pensiones podría aumentar más de cuatro puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB).