Nueve de cada diez gestores se quejan de la inseguridad jurídica del Gobierno de Sánchez
Una encuesta entre empresarios concluye, según el 93% de la muestra, que los nuevos gravámenes a la banca y eléctricas se trasladarán al precio final
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press.
Nueve de cada diez gestores administrativos se quejan de la inseguridad jurídica propiciada por la gestión del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Según el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, que preside Fernando Jesús Santiago Ollero, en el último barómetro de situación al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el 91% de los gestores considera que sus clientes no están preparados para afrontar todos los cambios normativos que se avecinan.
«Estamos asistiendo a una gran proliferación de nueva normativa», afirma Santiago. Prueba de ello es la sumariedad con la que se han creado nuevas figuras tributarias, como los impuestos a banca y eléctricas o la prestación de «solidaridad» sobre grandes fortunas, así como un sinfín de cambios en cotizaciones sociales y numerosa normativa sectorial que afecta en mayor medida a la pyme, preponderante en el tejido productivo español, en el entorno del 98%.
De hecho, el 93% de los gestores administrativos, según la última encuesta del Consejo, creen que los impuestos a la banca y energéticas se trasladarán a los precios de los productos finales, pese a que desde el Ministerio de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero, se hizo una admonición sobre que se monitorizará que el impuesto no se traslade al cliente.
El presidente del Consejo de gestores argumenta que «vamos a ver cómo impiden que suban los precios de los servicios y productos finales tras la puerta en marcha del impuesto especial, ya que no existen los mecanismos que lo eviten», como adelantó este periódico.
Traslado de los nuevos impuestos al cliente
«Los bancos y las energéticas buscarán la forma de subir los precios sin que se pueda deducir una relación directa entre un evento y otro», aduce, en línea con lo adelantado por este diario, que incluso a raíz de testimonios de expertos constató que las alzas en precio podrían producirse antes para que en una revisión posterior por parte de la Administración no se puedan atribuir a la activación de los nuevos tributos.
Santiago Ollero ejemplifica la situación con la nueva regulación concursal: «A veces, es a través de normas ad hoc, y otras a través de cambios incluidos en regulaciones que nada tienen que ver con lo modificado, mediante disposiciones adicionales». En cualquier caso, el presidente de los gestores constata, con el aval de su larga trayectoria en el gremio, que «nunca habíamos asistido a esta voracidad legislativa».
Reflejan los gestores que los pequeños negocios se están viendo desbordados y no son conscientes de todo lo que la nueva normativa les exige. Para abundar en el problema, según la última edición del Barómetro de los Gestores Administrativos, el 93% de los agentes colegiados creen que los negocios no van a poder generar empleo con los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Subida de salarios
Además, el 78% considera que no van a poder contener una elevada subida de salarios incluso si se alcanzara el demorado pacto de rentas que desde finales de febrero, cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania, ha sido imposible cerrar por parte del Gobierno y los agentes sociales.
A colación de este rechazo a la hipertrofia normativa que los ciudadanos padecen con el Gobierno de Sánchez, intensificada durante los meses más duros de la pandemia, el sondeo de los gestores saca a relucir el hecho de que el 80% de los propietarios de pequeños y medianos negocios se encuentran cansados e indignados, y que no se movilizan por no encontrar a un líder que se sitúe en la avanzandilla.
El presidente de los gestores señala: «Venimos diciendo desde hace tiempo que los pequeños propietarios se sienten abandonados tanto por los gobernantes como por los representantes empresariales».
Negocios «indignados»
Por ello, Santiago Ollero considera que «tiene que llegar un momento en que los intereses de más de un 90% del tejido productivo empiecen a defenderse». Esta llamada a la movilización, en los meses en que se han sucedido paros del Transporte, manifestaciones de funcionarios, protestas de pensionistas, y numerosas muestras de descontento, los gestores estiman que «los negocios están indignados con la situación económica y el creciente aumento de las trabas administrativas y la inseguridad jurídica con leyes mal elaboradas».
En cuanto al debatido impuesto a los supermercados, Santiago Ollero relata que el 35% de los empresarios encuestados en el barómetro manifestó desconocer la iniciativa y que un 57% considera negativa su implantación. «Basta ya de globos sonda, basta ya de intentar controlar precios», zanja Santiago Ollero, bajo la tesis de que «el exceso de normativa y la subida de precios, unida al planteamiento de los Presupuestos Generales del Estado, solo van a conseguir dificultar el mantenimiento del empleo y desincentivar su creación, además de complicar la vida administrativa de los pequeños y medianos negocios».
Pese a los malos augurios, el 27% de los gestores confía en nueva contratación de personal el próximo año, aunque el 71% no se tomará vacaciones entre fiestas y el 84% no viajará fuera de su lugar de residencia. La encuesta a través de la cual los gestores confeccionan su barómetro periódico tiene un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error.
