Ribera busca que el nuevo mercado europeo arranque tras el fin del impuesto a las eléctricas
La ministra presiona en cada intervención pública para extender el tope al gas hasta finales de 2024, marcando los tiempos a la Unión Europea
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | EFE/Javier Lizón
La presentación de la propuesta de reforma del mercado eléctrico en Europa que hace unos días lanzó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha estado marcada por una petición continua por parte del Ministerio: extender el mecanismo ibérico (el tope al gas en el pool) hasta finales de 2024. Las fechas marcadas por la ministra no son casuales, sino cargadas de intención, ya que coincidirían con el fin de los impuestos temporales contra las energéticas.
España no solo ha sido uno de los primeros países en lanzar su propuesta de reforma del mercado de la Unión Europea, sino que ahora trata de liderar los tiempos en los que se enmarca la negociación. Desde el Ministerio son conscientes, y así lo reconocen, de que durante este año no será posible reformar el mercado eléctrico. «Es muy complejo», dicen. Sin embargo, nuestro país es -junto con Portugal- el territorio de la Unión que menos le urge la reforma tras la concesión del mecanismo ibérico, que termina el próximo 31 de mayo. Una herramienta, esta última, que confían en que se prolongue.
Pero Ribera tiene un problema. Su reforma del mercado eléctrico es incompatible con los impuestos temporales que gravan los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas anunciados el pasado verano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, su reforma energética lo que busca es precisamente limitar esos beneficios interviniendo los precios de las diferentes tecnologías a través de contratos por diferencia. Por lo que ese doble castigo a las energéticas estaría injustificado.
De esta forma, el impuesto temporal contra las energéticas, que estará vigente en los años 2023 y 2024 (gravando los ingresos extraordinarios de los años 2022 y 2023) llegarían a su fin tras la entrada de la nueva reforma, que ya funcionaría in aeternum. No obstante, esto solo es el plan. La Unión Europea aún tiene que discutir la reforma y, además, muchos otros países (no todos) presentarán sus propuestas.
La reforma de Ribera anunciada hace unos días plantea que el mercado spot (diario) vaya reduciendo su peso en detrimento de los contratos a largo plazo con las energéticas. La razón es clara: mantienen un precio más estable tanto para los consumidores. El objetivo, por lo tanto, es que el pool se vaya convirtiendo en un mercado secundario. Los contratos a largo plazo adquirirían el gran protagonismo y el precio del contrato estaría fijado. Por consiguiente, las generadoras tendrían que liquidar la diferencia entre el precio real de mercado y el establecido.
Una de las energéticas más activas en calificar el nuevo instrumento de la ministra Ribera ha sido Endesa. Así, ayer un alto cargo de la empresa aseguró a THE OBJECTIVE que las eléctricas se encontraban «decepcionadas» porque la ministra no negoció con ellos la medida. «Nos hubiera gustado haber tenido algo más de participación. Es una medida muy importante para Europa y ni siquiera hemos hecho ningún comentario. Deciden por medio de decretos leyes para todo cuando la gravedad de la situación requiere mayor tranquilidad y mayor consenso con todos los agentes involucrados», lamentan.
En otros sectores, como el de la gran industria, sí se recibió con más entusiasmo aunque quieren esperarse a ver la letra pequeña. Ayer la ministra, durante un desayuno organizado por el Club Diálogos para la Democracia volvió a insistir en extender el tope al gas, utilizando las misma fecha que lleva marcando antes, y después del anuncio de su reforma: finales de 2024.
Mientras tanto, las energéticas -en paralelo- siguen estudiando con sus equipos legales cómo recurrir el impuesto temporal que anunció el Ejecutivo y que pretende recaudar este mismo año. Una pugna que no está aún decidida ya que, como confirman los juristas consultados, el Gobierno podría haber incurrido en un «fraude de etiquetas» al incorporar este nuevo gravamen, ya que actúa de facto como un impuesto aunque de jure sea reconocido como una prestación patrimonial.
