España ya gasta en los intereses de la deuda más que en servicios públicos básicos

El Gobierno ya gasta más en intereses de la deuda pública que en la partida de los servicios públicos básicos de Presupuestos, compuesta por los capítulos de Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias, y Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo.

El gasto en el servicio de la deuda pública previsto para 2023 es de 31.275 millones de euros según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, un 3,6% más que en 2022, mientras que a las cuatro políticas que conforman los servicios públicos básicos, según las Cuentas de este año, se aplicarán 27.753 millones.

Esta diferencia entre lo destinado a los intereses de la deuda y a los servicios públicos básicos, de 3.522 millones, se ensanchará -de proseguir el aumento del coste de la financiación- hasta una cantidad cercana a los 5.900 millones, según cálculos del economista Javier Santacruz para THE OBJECTIVE.

El experto ha efectuado sus previsiones a partir de la evolución del coste medio de la deuda en circulación y de las nuevas emisiones, ya que -en el escenario más adverso de persistencia de subida de tipos por parte de los bancos centrales para contener la inflación- el sobrecoste de intereses pasaría del entorno de los 1.100 millones que refleja la subida prevista en Presupuesto a los 3.500 millones, según sus proyecciones, triplicando la previsión presupuestaria. De darse ese escenario, los intereses de la deuda ascenderían a 33.675 millones frente a los 27.753 millones de los servicios públicos básicos.

La previsión presupuestaria se quedará corta

Como explica, en el mismo sentido, el profesor de Finanzas del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan Fernando Robles, ese 3,6% de subida de los intereses que contemplan las Cuentas Públicas, del entorno de los 1.100 millones de euros, se quedará corto debido a la evolución de los tipos de interés y puede llegar a los 3.500 millones.

«El Estado deberá emitir 256.850 millones de euros en 2023, un 10% más que en 2022», indica, a partir de la línea de acción anunciada por el Tesoro Público. Añade el experto que la estrategia de emisión para contener el coste y reducir el riesgo de refinanciación consiste en disminuir las emisiones de letras del Tesoro y emitir más bonos y obligaciones a largo plazo, que reflejan menor tipo de interés por las expectativas de bajada de la inflación y moderación de los tipos a largo.

Con todo, la magnitud del gasto en intereses de la deuda pública es, para Robles, «sobrecogedora», y precisamente destaca el experto la puesta en comparación con el capítulo de servicios públicos básicos (27.753 millones) o el de desempleo (21.278 millones).

Déficit contenido por la mayor presión fiscal

No obstante, Robles atempera el diagnóstico al argumentar que el país está incurso en un proceso de reconducción del déficit público gracias al fuerte aumento de los ingresos tributarios. No en vano, España asiste a una subida de la carga impositiva, que sitúa la presión fiscal del país entre las más altas de la Unión Europea (UE). En este sentido apunta un reciente informe del Instituto de Estudios Económico (IEE): la presión fiscal en España alcanzó máximos históricos en 2022, superando el 42% del PIB y situándose por encima del promedio de la UE, del 41,7%.

Además, la estrategia del Tesoro en los últimos años, con efectos positivos debidos al alargamiento de la vida media de la cartera hasta el entorno de los ocho años han permitido mantener contenidos los costes de financiación de la deuda en circulación de modo que han sido menos permeables al alza de los tipos, con un incremento de solo nueve puntos básicos, del 1,64% al 1,73%, a pesar de la subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), de 250 puntos básicos

A expensas de la política monetaria

«Actualmente no se puede hablar de que la gestión de la deuda pública sea un problema para el Estado y el Gobierno», aduce Robles en este sentido, pero advierte de que «todo dependerá de lo que duren los altos tipos de interés, pues el efecto presupuestario es acumulativo, y si la política monetaria se mantiene restrictiva por mucho tiempo, la partida de intereses puede crecer hasta sí convertirse en un verdadero dolor de cabeza la financiación del Estado».

Con todo, las tres grandes partidas presupuestarias -pensiones (190.687 millones), paro (21.278 millones) e intereses de la deuda púbica (31.275 millones)- totalizan el 53,4% por ciento del gasto total; es decir, 243.240 millones de euros sobre el total de 455.978 de gasto presupuestado, lo que supone un coste de 5.100 euros por ciudadano.