El canon digital abre un cisma entre los editores de prensa y las entidades de gestión audiovisual
En juego hay seis millones de euros, aproximadamente el 10% de todo lo que recaudan anualmente las entidades de gestión por esta tasa
Miquel Iceta, ministro de Cultura, la cartera encargada de sacar adelante el nuevo canon digital. | Agencias
El próximo decreto del Gobierno con el nuevo canon digital ha generado un cisma entre las asociaciones de editores de prensa y las entidades de gestión representantes del sector audiovisual. La nueva normativa establece por primera vez que se debe remunerar a diarios y revistas por la copia privada, lo que les incluye dentro del reparto que el sector musical y audiovisual hacen de esta tasa desde el año 2017. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que la principal división radica en el montante que deben recibir los periódicos impresos y digitales.
Estas mismas fuentes indican a este diario que las diferencias han sido insalvables desde que hace más de un año se confirmara que los diarios y revistas también deben ser compensados por el canon digital. Mientras que las asociaciones del sector de prensa y revistas consideran que debería estar en torno a los seis millones de euros, las entidades de gestión empezaron hablando de 700.000 euros y ahora han subido hasta cuatro millones. Una diferencia de dos millones de euros que se mantiene a pocos días de que se apruebe la nueva normativa.
En medio del auge de la piratería, en 2001 la Unión Europea decidió autorizar que los titulares de los derechos de autor recibieran una compensación equitativa a cambio de la reproducción de copias efectuadas por una persona física para uso privado. Sin embargo, y tras ser tumbado por la Audiencia Nacional en 2011, en 2017 que España adaptó el canon modificando la Ley de 1996 que ejercía una compensación equitativa a los creadores financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
AMI, ARI y Clabe
De esta manera, se aplicaba un canon a los dispositivos digitales (móviles, tableros, impresoras o discos duros) por eventuales realizaciones de copias privadas y este dinero se entregaba a las entidades de gestión para que lo repartiera entre los creadores a través de una ventanilla única en la que centralizaba todo el cobro. La norma estableció que los beneficiarios son autores y editores en la modalidad de libro; artistas, intérpretes y ejecutantes, autores y productores fonográficos en la modalidad de audio; y artistas, intérpretes y ejecutantes, autores y productores audiovisuales en la modalidad de vídeo.
Sin embargo, desde este nuevo decreto –que además adecuará la lista de dispositivos gravados y el montante extra que se deberá pagar por ellos– también se incluyen los editores de prensa diaria y revistas, una reivindicación histórica de las tres patronales del sector: la Asociación de Medios de Información (AMI), la Asociación de Revistas de Información (ARI) y el Club Abierto de Editores (Clabe). Es así como al igual que la realización de una copia privada de una canción, un disco de música, una película o una temporada de una serie, ahora también se reconoce la existencia y de una copia privada de diarios o revistas y su consiguiente perjuicio para editores.
Hasta ahí la legislación, porque a partir de que se dicte el decreto -y esto es otra novedad- son las entidades de gestión las que deben decidir la cantidad la cantidad que le correspondería a prensa y revistas. Y es aquí donde se ha enquistado el debate. Cedro, la asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, cifra esta remuneración en seis millones de euros y estimaciones independientes estiman en cinco millones esta compensación por el perjuicio causado por la copia privada.
Impacto en los editores
Por otro lado, un estudio elaborado por GFK para Cedro en 2018 señala que se efectuaron más de 34 millones de copias privadas solo de revistas no consideradas como publicaciones asimiladas a libros que originaron a sus titulares un perjuicio de más de 6,7 millones de euros. En 2022, el Tribunal Supremo declaró este tipo de responsabilidad patrimonial en cinco recursos sobre una cuestión referente al reparto de la copia privada y reconoció que el sector editorial tenía que recibir el 25% del total recaudado por las entidades de gestión por copia privada.
En contra de Cedro se encuentran algunas entidades de gestión audiovisual. Una batalla que se desarrolla dentro de la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi, que además de Cedro, incluye a Agedi (productores de música), AIE (intérpretes o ejecutantes), Aisge (actores, actores de doblaje, bailarines y directores de escena), Dama (directores y autores de partes literarias de obras cinematográficas y audiovisuales) y Egeda (productores audiovisuales).
Pese a que el canon digital no representa un gran coste sobre el precio total de los dispositivos (como máximo 5,65 euros), se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las entidades de gestión. Este diario ya informó de que la recaudación total desde que empezara a andar a mediados de 2017 ha sido de 211,2 millones de euros. Muy por encima de lo que destinaban los PGE a esta misma compensación, 20 millones en 2015 y 22,5 millones en 2016.
Nuevo canon digital
En 2017 se ingresaron 28,8 en cinco meses de funcionamiento, en 2018 subió a los 59 millones de euros, en 2019 se quedó en los 55,5 millones y en 2020 -en plena pandemia y boom de compra de dispositivos electrónicos- llegó a los 67 millones. Se estima que en 2021 y 2022 esta cifra se ha estabilizado en torno a los 50 millones, una cifra nada desdeñable, pero que no se espera que suba demasiado con las nuevas tarifas que entrarán en vigor en este 2023. Es decir, una tarta similar, pero con nuevos comensales.
Recordemos que la principal novedad de este decreto -monitorizado principalmente por el Ministerio de Cultura– será el aumento del canon en la mayoría de los dispositivos que, en casos como en el de los móviles, se triplicará (una subida del 200%) respecto de los precios que se venían pagando hasta ahora. Los teléfonos móviles pasan de pagar 1,10 euros hasta los actuales 3,25 euros; las tabletas pasan de 3,15 a 3,75 euros y además de que se incluyen los relojes inteligentes con un coste de 2,5 euros la unidad.
Pero el debate no para aquí. Después de que las entidades de gestión se pongan de acuerdo con la remuneración que les corresponde a los editores, algo que no parece que se resuelva pronto, Cedro debe mediar entre las tres patronales de prensa (AMI, ARI y Clabe). Las fuentes consultadas indican que se producirá una nueva batalla porque la antigua AEDE, ahora AMI, querría nuevamente imponer su peso y su representación de las grandes cabeceras como El País, El Mundo y ABC, por encima de las pequeñas agrupadas en Clabe o ARI.
