Las empresas públicas deben hacer fijos a 19.000 empleados para cumplir con la ley
La actual temporalidad de las empresas estatales llega al 30% del total de su plantilla y duplica la del sector privado al cierre del año 2022
La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, comparece durante la Comisión de Presupuestos, en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de octubre. | Jesús Hellín (Europa Press)
Las empresas públicas deben reducir sus trabajadores eventuales a un máximo del 8% de toda su plantilla y, a dos años de que expire el plazo que establece la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, todavía mantienen unos niveles que rondan el 30%. Los cálculos realizados por THE OBJECTIVE con la información recopilada y publicada por las compañías de propiedad del Estado indican que en 24 meses se deberán regularizar al menos 19.000 empleados, una cifra casi inalcanzable según reconocen desde estas propias compañías.
El problema es que hablamos de uno de los compromisos del Plan de Recuperación y Resiliencia, por lo que si esta reducción en la temporalidad no se cumple antes del año 2025, España se expone a no seguir recibiendo fondos europeos Next Generation. El compromiso se refiere a todo el sector público, pero dentro de él, el Gobierno incluyó a las empresas públicas por su importante peso en el empleo: solo las compañías participadas mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) emplean a unas 75.000 personas, unas 150.000 si se considera a todas las empresas vinculadas al sector estatal.
La actual temporalidad de las empresas públicas duplica la del sector privado que cerró el año 2022 en un 14,8% y está en la línea del sector público, con un 30,2%. Si se considera que la ley para reducir la temporalidad se dictó a finales de 2021, los avances durante el año 2022 han sido muy escasos. En el caso de los empleados públicos, apenas cayó ocho décimas e incluso fue superior al de 2020 y 2021. Una situación que evidencia la gran dificultad y el reto que supone reducir este porcentaje del temporalidad al 8%.
Temporalidad del 32%
Fuentes del sector público reconocen a este diario que llegar a esta meta en 2025 es prácticamente inalcanzable para las empresas públicas españolas, lastradas por años de temporalidad acumulada para intentar ganar flexibilidad ante el sector privado y con varios cursos generando abultadas pérdidas. Según explican a este diario, ninguna empresa puede asumir el elevado coste laboral de regularizar un tercio de su plantilla en menos de dos años.
Tampoco pueden deshacerse de estos trabajadores en tan poco tiempo, porque les sería imposible seguir siendo medianamente viables frente al sector privado. De hecho, las empresas controladas por la SEPI perdieron 198 millones de euros en 2021, último año con las cuentas presentadas, reflejando que sus márgenes comerciales y operativos están ya muy tensionados y que cualquier esfuerzo extra en términos de coste laboral podría disparar aún más sus números rojos.
Los datos recopilados por este diario indican que las empresas participadas mayoritariamente por la SEPI -entre las que se encuentran Correos, Tragsa, Navantia, Agencia Efe, Enusa, Enisa, Hunosa o el Hipódromo de la Zarzuela- encontramos al menos a 24.301 trabajadores temporales, según las últimas cuentas depositadas por estas empresas ante el Registro Mercantil. Esto supone una media de temporalidad del 32%, que se amplía al 34% si consideramos otras empresas públicas adscritas a otros ministerios u organismos como Paradores o CRTVE.
Reducción de Correos
Si sumamos los 1.850 empleados eventuales que declara Paradores y los 863 de Radio Televisión Española -completando buena parte del empleo generado en empresas públicas dependientes del Estado- la cifra se eleva hasta los 27.000 trabajadores temporales. Considerando la totalidad de estos trabajadores, en torno a los 77.000, deberían tener como máximo 6.100 empleados temporales para cumplir con el 8%, teniendo que contratar al menos unos 21.000 empleados de aquí a dos años.
Las fuentes con la que ha hablado este diario indican además de que en 2022 se ha avanzado levemente en la contratación de estas compañías, lo que reduciría la temporalidad desde el 34% al 30% y la necesidad de contratación desde los 21.000 a los 19.000, en términos globales, una cifra que sigue siendo casi imposible de alcanzar, según las fuentes consultadas dentro de estas propias empresas públicas.
Históricamente, las tres grandes empresas públicas con mayor tasa de temporalidad han sido Correos, Tragsa y Paradores, las dos primeras adscritas a la SEPI y la tercera es participada al 100% por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Los datos de 2020 indicaban que Tragsa tenía una temporalidad del 52%, seguida de la empresa de alojamiento hotelero con un 37% y la histórica compañía de paquetería con un 31%.
Problemas de Tragsa
Correos es la empresa pública que más empleo genera en España con una plantilla que ronda las 50.000 personas desde hace un lustro. En 2018, tenía una temporalidad del 33% que se ha ido reduciendo paulatinamente en base a diferentes procesos de conversión a indefinidos. Al cierre de 2020 tenía un 31% y al final de 2021 mantenía unos 12.842 empleados eventuales, el 26,5% de los 48.446 que declaró al cerrar ese año.
El porcentaje de efectivos medios temporales sobre el total de efectivos medios en Correos para el 2022 cerró en un 23%, lo que supuso reducir los temporales por debajo de los 11.000. La compañía prevé el ingreso y consolidación de 7.757 plazas a finales de 2023, con lo que prevén reducir considerablemente el nivel actual de temporalidad y ayudará a ajustarse a los parámetros previstos en la ley de temporalidad en el empleo público.
Más difícil lo tendrá Tragsa. Esta diario ya informó de que la compañía tiene una tasa de temporalidad del 62%, un crecimiento de diez puntos en un solo año. Tragsa basa su eficiencia en la flexibilidad para contratar plantilla por proyectos y solucionar cuellos de botella de la Administración, por lo que convertir la mayoría de sus empleados en fijos irá en contra de su productividad y la esencia de su funcionamiento. La sociedad además es una pieza clave del Gobierno para desatascar fondos europeos, una función que no podrá llevar a cabo con estas limitaciones a la contratación.
El caso de Paradores
Tragsa emplea a 16.478 empleados al cierre de 2021 -sus últimas cuentas presentadas- de los que 10.123 son eventuales. Son tantos trabajadores temporales que han tenido que aprobar una norma laboral para fomentar el teletrabajo ante la imposibilidad de albergar a toda la plantilla dentro de sus oficinas. Directivos de la compañía han reconocido que podrá reducir su elevada tasa actual a la mitad en 2024 (un 30%), pero ven imposible llegar al 8% que exige la ley. Sin embargo, el Gobierno ha establecido una excepción a la norma para empresas que gestionen fondos europeos, una dispensa pensada específicamente para esta empresa pública.
La tercera empresa con mayor temporalidad (y plantilla) es Paradores. Con 5.025 empleados tiene 1.850 temporales, según sus cuentas de 2021, una tasa de eventuales del 36,8%. La compañía tiene el hándicap de tener un negocio hotelero ligado a la estacionalidad, por lo que no puede tener el mismo número de trabajadores en verano que en invierno o en temporada alta que en baja. Desde que se dictara la ley no se aprecian mayores avances de la compañía para reducir este porcentaje.
Otras empresas con elevada tasa de temporalidad en el sector público son la Agencia EFE con un 23,8%, Enusa con un 23%, Ensa con un 26,2%, Navantia con un 10,1% y la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) con un 13,1%.
