Marcha de Ferrovial: España es el país de la UE que más grava los dividendos empresariales
España lidera las listas entre los países con peor competitividad fiscal, una presión del 53% e impuestos como el de Patrimonio, casi inexistente en la UE
España tiene el peor reglamento tributario de los grandes países de la Unión Europea. Sobre todo, en lo que se refiere a las empresas, motivo por el cual el Grupo Ferrovial podría haber puesto rumbo a los Países Bajos.
Estos datos constatan la comparativa fiscal con los países de nuestro entorno y cómo varía la tributación por dividendos de las filiales. En el caso nacional, pese a la armonización de la tasa en Europa, España solo bonifica el 95% y, por tanto, cobra el 5%, frente a la gran mayoría de países, como Holanda, que bonifica el 100%.
Pero este no es el único obstáculo tributario a las empresas. Según el último informe de la OCDE, relativo a la competitividad fiscal, España ocupa, de 38 naciones, el número 34 por la cola. En presión fiscal, nuestro país ya alcanza el 53% y, en cuanto a la presión fiscal normativa, logra tener un 16,4% más que la media de la Unión Europea.
En cuanto al impuesto de Sociedades, la posición no es mejor. Se encuentra entre los cinco peores países de la Unión Europea. Asimismo, mantiene el impuesto de Patrimonio, mientras que la mayoría de socios de la UE lo han ido eliminando por su efecto distorsionador y ahuyentador de inversiones. Se trata de un impuesto que, en el propósito de armonizar del Gobierno de Pedro Sánchez, ha generado otro nuevo tributo, el de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Un impuesto al que los expertos fiscalistas miran con cautela por una posible doble imposición, y que ha llevado a regiones como Madrid y Andalucía a recurrirlo ante la justicia.
Las inversiones ya caían antes de Ferrovial
Las inversiones, otro de los argumentos esgrimidos por la vicepresidenta Nadia Calviño, también se han visto afectadas. El hecho es constatable. Interanualmente, España ha perdido un 1,6% y, desde la moción de censura de 2018, el volumen de inversiones se deja un 6,5%, en un momento en el que mensualmente baja el capital suscrito un 37,8% y el capital suscrito medio un 34,4%.
Respecto al segundo semestre de 2018, la inversión extranjera cayó en 13.677,03 millones de euros, un 68,1% y, en términos trimestrales, un 19,6%. Y por comunidades autónomas, cae más en aquellas que tienen regímenes fiscales de gobiernos de izquierdas.
Y todo ello, en un escenario en el que no para la disolución de sociedades: un 6% interanual desde diciembre de 2022, y un 22% en variación interanual en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o Extremadura, frente a Madrid y Andalucía, según datos de la secretaria de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria.
Un panorama, explica un experto fiscalista a THE OBJECTIVE, que deja claro que España «es todo menos un paraíso fiscal» como dicen los sindicatos y la izquierda de Unidas Podemos cuando señalan a los empresarios españoles y dicen que pagan pocos impuestos. Por eso, la marcha de Ferrovial -abunda esta fuente- es «un indicador» de que nuestro país no lo está haciendo bien, porque está propiciando la marcha de empresas y de sociedades. Como si fuera «un iceberg», observa que «el volumen de estos flujos de movimientos empresariales es aún mayor de lo que se visibiliza».
España, paraíso de inseguridad jurídica
Para César García Novoa, doctor en Derecho y experto en Fiscalidad Internacional, «España se ha convertido en el paraíso de la inseguridad jurídica». Una inseguridad que, en opinión de fuentes empresariales consultadas por THE OBJECTIVE, no se debe exclusivamente a los vaivenes tributarios, sino también a los «constantes cambios en materia laboral, el aumento incansable de los costes empresariales», motivos que hacen que los inversores internacionales y también nacionales miren a otro lado.
José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, pone el acento en estas cuestiones a la hora de explicar los motivos de la marcha de Ferrovial a los Países Bajos. Por el régimen fiscal español, recalca, y por esa larga lista de impuestos que, en su opinión, «acabarán siendo anulados, como el de la Banca, las empresas energéticas o las Grandes Fortunas». Apunta Rotellar a otras razones como «el gravamen del 5% a los dividendos de las empresas; el acoso a los empresarios; las trabas administrativas y el ataque reputacional que tanto daño hace a España».
Se trata de un infierno fiscal -recalca- que ha dejado a España con 54 nuevos impuestos en casi cuatro años. Y es que -subraya Rotellar- «las políticas tienen sus consecuencias, y ellos (el Gobierno de Pedro Sánchez) pensaban que no».
