Indignación empresarial porque España no deja instalar energía verde exprés como pide la UE
Las compañías aseguran que se encuentran en un escenario de emergencia por la guerra en Ucrania
Molinos de energía eólica.
«Estamos en un escenario de emergencia y esto se trata de implantar renovables lo antes posible». Es la frase que quieren hacer llegar desde el sector privado a las diferentes administraciones de todo el territorio. Así, el reglamento europeo aprobado a finales de 2022, que permitía la instalación de energía renovable sin informes medioambientales rigurosos, no se estaría cumpliendo por parte de las administraciones porque prefieren anteponer el ecosistema a la energía solar y eólica. Un escenario que genera un clamor entre las empresas porque se trata de «un mandato» de Europa.
Los plazos para tramitar proyectos renovables son muy reducidos desde que se aprobó el reglamento europeo: tres meses para equipos de energía solar y de autoconsumo (se incluye un silencio administrativo transcurrido un mes desde la solicitud y solo para instalaciones de 50 Kw o inferiores), seis meses para la repotenciación de instalaciones, que se reduce a tres meses cuando no se incremente la potencia en más de un 15% y solo un mes para la tramitación de bombas de calor con capacidad eléctrica inferior a 50 Mw.
Desde la firma de energía internacional Watson Farley & Williams aseguran que «en muchas declaraciones de impacto ambiental recientes -e incluso algunas que se están tramitando ahora- las administraciones se están amparando en el principio de precaución (que tumba una autorización de un proyecto si no hay evidencia científica clara de los impactos que puede producir). Sin embargo, el reglamento europeo da un mandato nítido en el sentido contrario: salvo que haya una evidencia científica clara de impacto ambiental, severo e irreversible de un proyecto, este se debe autorizar».
«Esto es un cambio de paradigma fundamental del que las administraciones tendrían que tomar nota, y que no se está produciendo. Se siguen sin autorizar proyectos desde el punto de vista ambiental porque pueden afectar a la fauna», afirman desde la firma. Por otro lado, desde empresas, como la multinacional Engie, también inciden en este aspecto: «No se percibe todavía esa aceleración a la que empuja el reglamento. Las restricciones, procesos, trámites, por el momento, no están respondiendo a esa aceleración que se propone desde la UE».
«Desde el punto de vista del desarrollador, del inversor extranjero, que apuesta por España porque es muy atractivo, por esa ambición clara -con el Pniec-, su disponibilidad del terreno grande o sus capacidades tecnológicas, es bueno que desde el reglamento se empuje a una mayor aceleración o simplicidad. Pero en la práctica, y tras dos meses, no percibimos que haya cambiado nada», aseguran desde la empresa francesa.
Sobre la repotenciación, también existen críticas por parte del sector. «El proyecto de repotenciación en España hoy es muy tedioso. Prácticamente te obliga a tramitar todo lo que sería el proyecto de desmantelamiento, con su evaluación de impacto medioambiental, y el proyecto de repotenciación, también con su evaluación de impacto medioambiental. Las experiencias que tenemos es que todo este proceso te puede llevar perfectamente entre tres o cuatro años frente al objetivo de los seis meses que se establece en el reglamento comunitario».
La cuenta atrás ha comenzado: tienen 18 meses
La norma obedece al reglamento 2022/2577 del Consejo Europeo publicado el 29 de diciembre. Una medida que se enmarca dentro del gigantesco plan Repower EU, que busca reducir la dependencia de Europa del gas, y en concreto del procedente de Rusia. Esta medida tiene un plazo de 18 meses. Aunque el 31 de diciembre de 2o23, España deberá emitir un informe donde se analicen los efectos del plan para su posterior prórroga.
Además de que se reduzcan los plazos para la tramitación de la energía renovable, el reglamento también tiene en cuenta dos puntos más: la declaración de interés publico superior para que los estados miembros puedan restringir zonas del territorio a determinadas tecnologías y la excepción de necesitar un impacto medioambiental para proyectos de energías renovables en zonas específicas. Desde el sector sentencian: «No se trata de que haya vencedores y vencidos. Se trata de que haya una ponderación entre los dos intereses (instalación de energía renovable y medio ambiente) y lograr la compatibilidad entre ambos valores… pero al mismo nivel».
