La Ley de Paridad incluirá sanciones para las empresas que incumplan las cuotas de mujeres
Nadia Calviño ha confirmado que el Ministerio de Igualdad no ha participado en la elaboración de la nueva normativa
La ministra de Economía, Nadia Calviño. | Matías Chiofalo (EP)
El anteproyecto de ley de paridad que ha aprobado este martes el Gobierno en primera vuelta establece que las mujeres deberán representar al menos el 40% de los miembros de los consejos de administración de las sociedades cotizadas antes del 1 de julio de 2024, y de los puestos de alta dirección. Para lograrlo, en la nueva ley se contemplarán sanciones económicas para aquellos que no la cumplan; en concreto, en el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones en cuanto a cuotas de género.
Según ha precisado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, actualmente la representación femenina en los consejos de administración no llega al 30% (357 consejeras de un total de 1.220), y es inferior al 20% en los puestos de alta dirección (excluidas las altas directivas consejeras). En este sentido, la ley establece que deberán adaptar los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo.
Además, las grandes empresas no cotizadas y las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra anual de negocio superior a 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones de euros, también deberán contar con al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración. Aunque, dado el diferente punto de partida, estas empresas tendrán un plazo adicional hasta julio de 2026.
Calviño ha destacado que la Ley de Paridad supone un «paso importante hacia la igualdad efectiva» porque «garantiza la participación de las mujeres en los órganos de decisión» y «rompe el techo de cristal en el ámbito público y privado». «Pasamos de recomendaciones y buenas prácticas a establecer obligaciones que permitan alcanzar la igualdad de género efectiva en ámbitos de decisión política y económica«, ha señalado Calviño, encargada de presentar el texto, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Preguntada por si el Ministerio de Igualdad ha participado en la elaboración de la Ley de Paridad, Calviño ha explicado que la coordinación ha correspondido al Ministerio de Presidencia y después se han recogido propuestas de los Ministerios competentes, como el de Economía. Posteriormente, fuentes del Ejecutivo han precisado que el Ministerio de Igualdad no ha participado en la elaboración de la nueva norma ya que ninguna de las leyes que modifica esta normativa afecta al Ministerio de Igualdad. Así han justificado la ausencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la presentación de esta ley, añadiendo que la paridad engloba a varios ministerios.
40% de mujeres en el Consejo de Ministros
La vicepresidenta ha indicado que la futura Ley establecerá que los gobiernos se deberán regir por el principio de «presencia equilibrada» de mujeres y hombres, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.
«Se dispone que el Gobierno de España también tendrá que regirse por el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, un principio que cumple con creces nuestro Gobierno pero que no puede depender de la discrecionalidad del presidente o presidenta del Gobierno, en cada caso», ha subrayado. En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal, según ha informado el Ministerio de Presidencia.
La norma, que según Calviño va «más allá» de la transposición de una directiva europea, incluirá también la obligatoriedad de las llamadas ‘listas cremallera’ (candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares; y la paridad en ámbitos como las juntas de gobierno de los colegios profesionales, en tribunales y en los jurados de reconocimiento público a las personalidades.
