El Gobierno quiere nombrar un CEO afín en Indra antes de las elecciones de mayo

El Gobierno -en su condición de primer accionista de Indra- quiere apurar los plazos para que el relevo de su consejero delegado, Ignacio Mataix, se produzca lo antes posible. La compañía anunció este lunes la salida del primer ejecutivo, un plan de sucesión y su continuidad hasta que se le encuentre un reemplazo, aunque no dio plazos respecto del proceso. Sin embargo, según ha sabido THE OBJECTIVE el plan de Moncloa pasa por apartar cuanto antes al CEO y situar a un directivo afín antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

La salida de Ignacio Mataix –el único que Moncloa y la SEPI todavía no controlaban dentro de la estructura de la cotizada– es la última piedra de toque para que el Gobierno pueda poner en marcha su hoja de ruta en Indra, una compañía considerada estratégica en el ámbito de la defensa, la ciberseguridad y el escrutinio de votos. Por ello es fundamental nombrar cuanto antes un directivo cercano a sus intereses que allane el camino para que el presidente Marc Murtra, hombre de confianza del Ejecutivo y cercano al PSC, asuma funciones ejecutivas.

Mientras Mataix tenga poderes ejecutivos en Indra, aunque sea de manera interina, el Gobierno no tendrá el control absoluto de la compañía tecnológica. En cuanto a los plazos, el objetivo es poder tener operativo al nuevo directivo, preferiblemente a Murtra con poderes ejecutivos, antes de los comicios de finales de mayo. La fecha no es casual, ya que para Pedro Sánchez es importante tener el control de la tecnológica antes de las elecciones, cuando la compañía será la encargada gestionar los datos del escrutinio, al menos en su ámbito municipal.

Indra y los comicios

El Gobierno adjudicó en febrero a Indra el contrato para gestionar los datos del escrutinio de todas las elecciones que se celebren hasta el año 2024. Fue la única que se presentó al concurso, que se adjudicó por 13,3 millones de euros con IVA por comicio. El acuerdo se refiere a todas las elecciones que se organicen desde el Ministerio del Interior: las europeas, generales, municipales y referéndums. Las autonómicas se gestionan desde cada autonomía, aunque Indra también suele realizar esta labor en varias de ellas.

El problema es que los deseos del Gobierno chocan con las normas de buen gobierno corporativo de una cotizada y con las dudas del mercado respecto del asalto del Ejecutivo en Indra. Según dijo la propia compañía en su comunicación remitida a la CNMV, se pondrá en marcha un proceso de sucesión que ha sido encargado a una consultora independiente y cuyo desarrollo debe ser estrictamente técnico y sujeto a criterios profesionales.

En las empresas que cotizan en bolsa el responsable de supervisar este proceso es el presidente de la comisión de nombramientos del consejo de administración, cargo que recae en Coloma Armero, una de las consejeras independientes fichadas para sustituir a los rebeldes expulsados en la Junta General de Accionistas de 2022.

Caída en Bolsa

Lo normal es que un nuevo consejero delegado se ratifique en una Junta de Accionistas, para lo que los plazos están muy justos en este caso. El año pasado, la Junta se realizó el 23 de junio y las elecciones municipales están fijadas para el 28 de mayo, un mes antes, lo que obligaría adelantar la reunión de los accionistas más de un mes, o nombrar al nuevo consejero delegado a la espera de su ratificación pocas semanas después. Las fuentes consultadas indican que tiene mucho más sentido esta segunda opción.

Con todo, Indra debe al menos dar una apariencia de cumplir con los procedimientos de sucesión de las cotizadas. Este martes la compañía llegó a perder hasta un 7% en Bolsa, en un claro voto de castigo por el asalto final de Moncloa a su gobernanza materializado en la salida de Mataix, el último bastión no politizado dentro de la compañía. Un claro llamado a que se deben guardar las formas en este nuevo proceso de sucesión que emprenderán a partir de ahora y una caída que recuerda el desplome del 14% de junio del año pasado tras la salida de los consejeros rebeldes.

Tampoco debemos olvidar que hasta diciembre Indra fue investigada por la CNMV por sospecha de acción concertada en la salida de los cinco consejeros que no estaban de acuerdo con la hoja de ruta del Gobierno. La SEPI (en ese momento con el 25% de las acciones) recibió el apoyo de Sapa Palencia (8%) y Amber Capital (4,2%) para apartar a estos consejeros; los segundos lo hicieron tras entrar pocos días antes en el capital de la compañía.

El ‘efecto Oughourlian’

Sin embargo, la CNMV consideró que no había acuerdo previo entre el primer accionista de Prisa, la empresa vasca y el Gobierno para forzar la salida de estos consejeros . Pese a ello, la credibilidad de la compañía quedó muy tocada y solo hasta octubre del año pasado comenzó a remontar el vuelo en bolsa. Llegó a caer un 24% desde la Junta de junio, pero remontó un 59% al calor de las diferentes acciones que fueron ejerciendo para recuperar la confianza del mercado. Un crecimiento que ahora se ha truncado tras la caída de este martes.

En este contexto, la principal preocupación del Gobierno y de la SEPI como accionista mayoritario es recomponer el núcleo duro que le ayudó a apartar a los rebeldes y que ahora será fundamental para culminar el asalto total a la gobernanza de Indra. Con SAPA el asunto parece resuelto, si es que a cambio Indra entra en el futuro en el accionariado de ITP Aero. Pero en el caso del presidente de Prisa y fundador de Amber Capital, la situación es algo más compleja.

Joseph Oughourlian se salió del guion marcado por Moncloa pidiendo hace una semanas la separación societaria de la tecnológica para maximizar su valor, algo que no fue bien visto en el Ejecutivo. Desde que en junio del año pasado se forjase la alianza en Indra, Oughourlian y el Ejecutivo han separado sus caminos, al mismo tiempo que el franco-armenio ha intentado acercarse al Partido Popular, consciente de que si Pedro Sánchez pierde las elecciones de diciembre, sus inversiones en España quedarán desprotegidas.

Nombramiento formal

El dueño del fondo siente que Sánchez le ha dejado atrapado en el editor de El País y que sus movimientos políticos hacen imposible tomar cualquier camino que posibilite el rescate financiero de la editora. Y prueba de ello es el constante bloqueo a la entrada de Vivendi y sus movimientos para impedir que Mediaset también desembarque en el editor de Cadena Ser. Por ello, ahora se deberán recomponer estas relaciones, si es que la SEPI no quiere que estas rencillas perjudiquen este asalto final a la cotizada.

Si se consigue el apoyo de los accionistas al asalto final, los plazos para nombrar al nuevo CEO afín parecen alcanzables. Faltan tres meses para las elecciones municipales y autonómicas y -si todo está acordado de antemano- se debería tener un candidato y un nombramiento formal en un plazo asumible de ocho semanas. Aunque todo dependerá de que el proceso se haga sin ruidos y sin estridencias por parte de ningún accionista o consejero de la compañía. Todo está en manos de la capacidad de Marc Murtra y del Gobierno para unir voluntades.