El Gobierno subirá la pensión mínima a 1.200 euros pese a haber prometido ajustes a la UE

La última reforma de las pensiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado unilateralmente con los sindicatos sigue trayendo cola. Este miércoles, y tras la última escenificación de las negociaciones con UGT y CCOO, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciaba el compromiso del Ejecutivo de subir la pensión mínima, hasta dejarla en 1.200 euros en 14 pagas, en los próximos cuatro años. Una actuación valorada por el presidente ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, quien apunta que aumentará aún más el gasto público.

Según todos los expertos economistas consultados por THE OBJECTIVE, es difícil de acometer, dado que la reforma de marras se centra solo en los ingresos, sin tener en cuenta el aumento de los gastos. Al respecto, opina el analista Javier Santacruz, quien sostiene que lo enviado a Bruselas «forma parte de la espiral sin sentido en la que hemos entrado de ir cambiando a trozos las pensiones, y sin que haya coherencia mínima en los cambios y tampoco sostenibilidad financiera».

Y precisamente este apartado, el de la sostenibilidad, fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Sánchez cuando firmó su Plan de Recuperación y Resiliencia para que la Comisión Europea le hiciera entrega de 69.000 millones de euros, en concepto de subvención, a cambio de una serie de hitos y reformas.

Ahí, en el Plan de Recuperación y Resilencia remitido, y al que a tenido acceso THE OBJECTIVE, en concreto, en el capítulo de las reformas, se puede ver cómo el ministro puntualiza como objetivo a corto plazo -no a largo plazo- que España debe eliminar la incertidumbre y visibilizar la solvencia del sistema, para lo cual es «preciso atajar el déficit contable –no económico- del sistema». Es decir, cuando los ingresos superan a los gastos.

Reducir la incertidumbre de la pensión

Al mismo tiempo, el plan del Gobierno español admite que la «reducción de la incertidumbre alrededor del sistema de pensiones tendrá efectos económicos positivos al permitir a los agentes -a los que da entrada en la negociación-, al adoptar decisiones más adecuadas, lo que permitirá abordar el verdadero problema, común a todos los países desarrollados, que es el envejecimiento poblacional y, en particular, la jubilación de la generación del baby boom».

Este miércoles, el ministro acudió a la Comisión del Pacto de Toledo, y más allá de ofrecer un powerpoint y una serie de diapositivas, entregó un dossier alusivo a la Acción Protectora de la Seguridad Social y la Financiación del Estado, que era exactamente un copia-pega del informe de 2021, exactamente con el mismo número de páginas, de temas, de créditos, de datos -todos hasta 2021, y ninguno de 2022- y, con un detalle curioso: el dibujo de las anillas fotocopiadas del texto original.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya dejó por escrito en 2021 el compromiso del Ejecutivo de «abordar el incremento importante del número de jubilaciones en las próximas décadas, completando la legislación actual con la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, e incentivando la demora en la jubilación al mismo tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas».

Además, también acuerda con Bruselas garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, destacando que este propósito no esté reñido con la sostenibilidad del sistema». De ello se deduce que dicho sistema «ha mantener sus elementos esenciales, pero a la vez ha de modernizarse, reforzando sus elementos de contributividad y avanzando en la adaptación del mismo a la realidad económica, por ejemplo, en materia de cotización de autónomos, en la existencia de un porcentaje cada vez mayor de carreras laborales irregulares o en un envejecimiento de la población activa».

La importancia de una reforma duradera

Entre otras afirmaciones, que hoy toman mayor relieve, el Plan de Recuperación también recoge que «la experiencia internacional muestra cómo las reformas duraderas y efectivas en el ámbito de las pensiones han de surgir del más amplio consenso», una actitud que ayer nuevamente fue criticada por los principales partidos de la oposición, e incluso por el PNV, socio natural del Gobierno, y que a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, señaló que ya se conoce cómo trabaja el Ministerio de Escrivá, añadiendo que se tiene que fiar de una reforma que viene «empaquetada desde Europa», y de la que no descarta una consulta de expertos e incluso «una reforma posterior del propio decreto» para añadir nuevas cosas.

Es curioso que en el Plan de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Gobierno «prevé una evolución contenida de las pensiones y de los salarios públicos». Ahora bien, en cuanto a los ingresos, según especifica, «prevé la entrada en funcionamiento de las nuevas figuras impositivas y los cambios realizados en los impuestos ya existentes, con un aumento de la recaudación derivado de los nuevos mecanismos de lucha contra el fraude y la economía sumergida», teniendo en cuenta que España es el país de Europa donde mayor economía sumergida hay.