Las empresas controladas por la SEPI perdieron 300 millones en 2022: un 50% más
El desequilibrio de las compañías participadas mayoritariamente por el Estado se eleva en más de 100 millones de euros respecto a lo registrado en 2021
Las empresas participadas mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con más del 51% del capital, han registrado pérdidas conjuntas de más de 300 millones de euros en el año 2022, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con diferentes fuentes de estas compañías de titularidad pública. La cifra supera en más de 100 millones, los 198 de desequilibrio registrados en 2021 tras acusar el fuerte impacto de la guerra de Ucrania en el aumento del coste de la energía, los transportes y los suministros.
La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, ya advirtió en octubre del año pasado que las cuentas de las empresas de la sociedad pública no eran buenas. En comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudió para explicar las cuentas de la sociedad en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, indicó que la SEPI tendría ganancias de 9,1 millones de euros, una situación «de equilibrio», que sin embargo está muy por debajo de los 159 millones de beneficio total de 2021.
Sin embargo, este dato incluye a todas las empresas participadas por la SEPI, las denominadas sociedades consolidadas por integración global (con más del 51% de participación y con influencia en su consejo de administración) y las sociedades consolidadas por puesta en equivalencia, las que tiene participación por debajo de este 51% y donde no tiene ningún tipo de influencia en la gobernanza.
Resultados de 2021
Según consta en el Informe Anual del grupo de empresas públicas con el detalle consolidado de las cuentas de estas sociedades de 2021, las pérdidas de las sociedades mayoritarias fueron de 198 millones, un dato que se mejoró con la suma de 357 millones correspondientes a la participación en los beneficios de las compañías minoritarias como Airbus (donde sea SEPI tiene el 4,1%) Indra (con un 25%) y Red Eléctrica (con un 20% de participación). Los beneficios de las empresas mayoritarias se incluyen como resultados de explotación a la que se suman las ganancias de las participadas minoritarias ya como resultado financiero.
En el caso de 2022, las fuentes consultadas por este diario estiman que las denominadas sociedades consolidadas por integración global habrían registrado en 2022 pérdidas superiores a los 300 millones de euros y que podrían llegar hasta los 350 millones. Unos datos que, en cualquier caso, solo serán confirmados a mediados de este año a medida que todas las sociedades públicas vayan presentando ante el Registro Mercantil sus cuentas anuales y que la SEPI presente su Informe Anual a partir del segundo semestre.
Del mismo modo, estas fuentes estiman que los beneficios obtenidos de las empresas participadas minoritarias estarán muy cerca de los registrados en 2021, básicamente porque estas compañías han registrado beneficios casi calcados a los de 2021. Esto supone que se obtuvieron en 2022 entre 325 y 350 millones de euros por estas sociedades, lo que sumado a las pérdidas de las mayoritarias arrojaría el equilibrio similar al que Belén Gualda se refirió en octubre del año pasado.
Correos aumenta sus pérdidas
Entre las pérdidas de las empresas controladas por la SEPI las mayores se las lleva Correos. En una pregunta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el diputado del PP, Celso Delgado, aseguró recientemente que Correos se anotó en 2022 unas pérdidas antes de impuestos de 270 millones de euros. Una cifra que las fuentes consultadas por este diario dan por válida y dentro de los parámetros que se manejan en la SEPI. La compañía perdió 137 millones en 2021.
Este diario se ha puesto en contacto con Correos para confirmar la cifra, pero la empresa pública ha remitido a la publicación de las cuentas en el Registro Mercantil en las próximas semanas. Sin embargo, han indicado que «podemos avanzar que los resultados de la compañía no serán ajenos a la situación mundial que vivimos y que, junto a la tendencia de caída del postal, impacta en nuestra actividad, al igual que ocurre con el resto de operadores postales, logísticos y plataformas digitales, y no solo en España sino a nivel internacional». Correos representó en 2021 el 40% de los ingresos de la SEPI.
Las previsiones del resto de empresas emblemáticas participadas mayoritariamente por la SEPI hablan de un situación similar. Las fuentes con las que ha hablado este diario apuntan a que grupo Navantia (responsable del 26% de la facturación de la sociedad pública) perdió unos 50 millones de euros, tras registrar pérdidas de 108 millones en 2021; mientras que el desequilibrio de Hunosa se habría reducido de 55,6 a 25 millones de euros. Tragsa (22% de los ingresos), la única que ha presentado resultados, ganó 27 millones en 2022, por encima de los 14 millones de 2021.
Participadas de la SEPI
Según publicó este diario, las empresas públicas no han podido escapar al impacto de la crisis energética, la inflación y los impedimentos legales para realizar ajustes laborales. Compañías que han visto disparados sus costes operativos y que tienen muchos problemas legales para realizar grandes ajustes de plantilla o en sus costes fijos, debido a su elevada burocracia heredada de monopolios estatales.
Del lado de las empresas minoritarias, los ingresos (computados como resultado financiero) se mantendrán casi calcados a los de 2021. El el caso de Airbus, su porcentaje de participación del 4,1% le garantiza unos 175 millones de euros de beneficios tras los resultados de 4.347 millones de 2022 de la compañía aeronáutica; mientras que el 20% en Red Eléctrica le otorgó 133 millones de euros de los 664 millones de beneficios de 2022 de la energética.
En el caso del 25,2% en Indra, éste les reportó unos 33 millones de los 172 millones que la tecnológica se embolsó durante el año pasado. En 2o21, estas tres compañías representaron el 90% de los beneficios que la SEPI se embolsó por parte de sus sociedades por puesta en equivalencia, por lo que la práctica nula variación de sus resultados respecto de 2021, garantiza a la sociedad pública prácticamente los mismos beneficios que el año anterior.