Reino Unido congela las cuentas del Cervantes por el recorte de España a las renovables
La reforma congelada por Rajoy ha llevado a que varias compañías busquen cobrar indemnizaciones del Ejecutivo en los organismos públicos del país
Fachada del Instituto Cervantes en Londres. | Instituto Cervantes
Las cuentas de todos los institutos Cervantes en Reino Unido han sido bloqueadas por el Tribunal Superior de Justicia del país por una deuda en materia de energías renovables. Este gesto supone un hito, pues por primera vez se han embargado los bienes de España en el extranjero por este tipo de causas, y añade un nuevo capítulo a un caso que comienza con los gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, tal y como desvela el diario El Confidencial.
La decisión llega tras la petición realizada por el fondo, propiedad del banco británico HSBC, tras el arbitraje ganado en 2019 ante el Banco Mundial. Las fuentes diplomáticas consultadas por el citado medio desvelan que se debe al conocido como caso Infrared, correspondiente al pago de indemnizaciones por parte del Ejecutivo a las empresas afectadas por el recorte en la reforma del mercado energético emprendida por Rajoy, quien frenó las políticas emprendidas por su antecesor socialista. Los afectados reclaman 92 millones de euros.
El organismo, encargado de difundir la lengua, la cultura y las costumbres españolas por todo el mundo y uno de los grandes emblemas españoles por todo el globo gracias a su activa representación en el extranjero, mantiene su funcionamiento y los embargos no han impedido su correcto desempeño.
Fuentes consultadas por el citado medio añaden que los salarios de los empleados y del personal de los centros no han sufrido daños y que no se ha impedido su cobro, por lo que seguirán en activo. El Gobierno trabaja por el momento con bufetes locales para encontrar la mejor respuesta posible a este problema, aunque ni la Abogacía del Estado ni fuentes gubernamentales dan explicaciones acerca de los pasos a seguir para recuperar el control sobre los activos.
Las cuentas españolas, en el punto de mira
Este no es el primer intento internacional de actuar sobre las cuentas españolas a través de embargos para saldar las deudas por indemnizaciones que nunca se pagaron. El medio citado recuerda que los inversores del fondo francés Antin han logrado, de forma paralela, que otro juez de Londres inicie un procedimiento de congelación para la recuperación de la indemnización que le corresponde a España por el desastre del Prestige, con un coste de 120 millones de euros.
Aunque una sentencia del Tribunal Supremo dejó a los inversores españoles sin muchas opciones para recuperar sus inversiones a través del pago de compensaciones, los extranjeros han podido adherirse al Tratado de la Carta de la Energía, creado para cargar contra España por su política energética y cuyas reclamaciones superarían los 10.000 millones de euros. De esta forma, se han perseguido a los organismos españoles que no gozan de inmunidad con el objetivo de recibir los pagos.
El Gobierno, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, considera que no hay motivos de preocupación por este tipo de reclamaciones, pues sostiene que el RDL 17/19 ha reducido el número de denuncias contra España. Además, para defender su rechazo al pago y así retener el dinero público, el Gobierno asegura, según señala el citado medio, que «los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de Estado ilegal».
