Los accionistas minoritarios apoyan el traslado de Ferrovial a Países Bajos
Consideran que la compañía de la familia Del Pino puede tomar esta decisión, que ven beneficiosa para los intereses de la empresa y su futuro
Trabajadores en tarea de montaje de la portada de la Feria de Abril del 2023. | Eduardo Briones (Europa Press)
Varias asociaciones de accionistas minoritarios han mostrado su apoyo a Ferrovial, defendiendo su derecho a decidir sobre el traslado de sede social a Países Bajos, al mismo tiempo que han hecho un llamamiento a los poderes públicos para velar por el cumplimiento de la ley.
En concreto, además de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), la asociación internacional World Federation of Investors (WFI) y la europea Better Finance han remitido un comunicado en defensa de la compañía.
Estas organizaciones han reiterado la importancia de garantizar los derechos de los accionistas como propietarios de la empresa, manifestando las ventajas del proyecto propuesto por Ferrovial y que se someterá a votación de los accionistas en la próxima junta general del próximo 13 de abril.
Para las asociaciones internacionales, esta propuesta de fusión transfronteriza supone «ventajas», no solo por «la mayor dimensión internacional y notoriedad» que esta operación daría a la marca Ferrovial, sino porque consideran que, con el traslado a Países Bajos, la compañía accedería «a una mayor liquidez, con una mejora de las condiciones de financiación y a una plataforma óptima para operar en Estados Unidos».
Igualmente, tanto la federación europea como la internacional han subrayado la garantía de las libertades fundamentales de la Unión Europea, como son la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento reguladas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de forma que cualquier limitación de los mismos «va directamente en contra de los intereses de los accionistas de Ferrovial».
También han recordado que los poderes públicos «deben velar siempre por el cumplimiento de la ley y de los derechos fundamentales europeos, que incluyen el respeto de los derechos de los accionistas y, en consecuencia, de la voluntad social de las empresas».
