La presión de los fondos extranjeros obligó a Calviño a rectificar en la mudanza de Ferrovial

El acoso del Gobierno a Ferrovial por el cambio de sede social a los Países Bajos sufrió un inesperado giro conciliador a mitad de semana, aceptando y «respetando» la decisión de la Junta de Accionistas de la constructora que aprobó con una amplia mayoría del 93% el proyecto de fusión. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, una modificación sustancial en el relato impulsada por la presión de los fondos extranjeros que obligaron al Ejecutivo a cambiar de rumbo ante el temor a una espantada de inversores extranjeros y a un freno en la llegada de capital foráneo.

El jueves y después de un mes de duras declaraciones y amenazas veladas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, manifestó su «respeto» a la decisión de los accionistas de Ferrovial. Un paso atrás en toda regla, que según advierten las fuentes empresariales con las que ha hablado este diario, estuvo motivado por el apoyo sin fisuras de todos los inversores internacionales a Ferrovial y la constatación de que sería imposible frenar la mudanza a Países Bajos.

Este diario ya advirtió del temor del Ejecutivo a una eventual judicialización del Caso Ferrovial en instancias europeas en plena presidencia de la UE a partir de julio. Cualquier tipo de reclamación de la constructora o de algún grupo político en el Parlamento Europeo obligaría a las instituciones comunitarias a intervenir y, en aras de la libre circulación de capitales, España no saldría bien parada. Sin embargo, durante estos días, el Gobierno también confirmó las presiones de inversores extranjeros que pedían una actitud no intervencionista de Sánchez y de sus ministros.

Los fondos apoyan a Ferrovial

Sucesivamente, todos los bancos de inversión, los analistas bursátiles, los proxy (que aconsejan el sentido de voto a los accionistas) y los propios fondos presentes en el capital de Ferrovial, manifestaron su apoyo público al proyecto. Y muchos de ellos vertieron en privado críticas muy duras al excesivo protagonismo del Gobierno y, en particular, a las presiones de la ministra Calviño, que en círculos económicos y empresariales internacionales presume de tener un importante prestigio.

De hecho, este diario ha sabido de los contactos del Gobierno y del equipo de Nadia Calviño con muchos de estos fondos y analistas para tomar el pulso a la situación en la última semana -intentando cambiar el sentido del voto en el caso de los accionistas de Ferrovial-, tras lo que constataron que el apoyo a su campaña era nulo y que el rechazo a sus movimientos era muy grande, poniendo en riesgo la credibilidad internacional de la vicepresidenta primera, su equipo y de todo el Ejecutivo.

Y no hablamos de cualquier fondo. La lista de grandes compañías que han apoyado a Ferrovial y a los Del Pino es larga: el británico TCI (con un 7% del capital); Blackrock, el más grande por valor de activos y con un 3,1% en la constructora; Lazard (3%), Capital Group (2,9%), Southern Asset Management (2,7%) o Norges (1,5%), que además cambió el sentido de su voto a mitad de semana después de anunciar que votaría en contra. A ellos además hay que sumar a Deutsche Bank o los españoles CaixaBank, Santander y BBVA que o votaron a favor o se abstuvieron.

Movimientos de Calviño

Con este panorama, las fuentes consultadas por este periódico coinciden en señalar que el Gobierno y la ministra de Asuntos Económicos han quedado «muy tocados», porque existe el temor de que esta campaña contra Ferrovial pueda contaminar su imagen exterior y, en definitiva, frenar proyectos de inversores extranjeros o impulsar a que muchos otros quieran abandonar nuestro país. Del mismo modo, la sensación que hay entre los inversores es que España rompe las reglas europeas de comercio atacando la libertad de movimientos de ciudadanos y empresas.

El último movimiento de Calviño se produjo el lunes pasado con una dura carta enviada a Ferrovial volviendo a recordarles que según el análisis de la CNMV y Bolsas y Mercados (BME), era perfectamente posible que una empresa española cotizase desde Madrid a Nueva York. Al día siguiente, martes, filtró a la prensa la eventualidad de que la Agencia Tributaria (AEAT) negase a la constructora acogerse al régimen fiscal especial mediante el cual reduciría su factura fiscal. Sin embargo, solo logró unificar a los accionistas en torno a su presidente Rafael del Pino, además de generar descontento en la AEAT.

El martes por la tarde el Gobierno ya transmitió a la prensa que daba por hecho la salida de Ferrovial, bajó el tono de las críticas y desmintió que contactara a accionistas para que cambiaran el sentido del voto. Eran las primeras declaraciones públicas reculando en las presiones que se multiplicaron en días anteriores. El miércoles hubo orden de Moncloa de no referirse a la Junta de Ferrovial programada para el jueves, y prácticamente nadie se salió del guión, excepto el ministro José Luis Escrivá, que se encontraba en Washington.

Inversión extranjera

Finalmente, el cambio de tercio se confirmó el jueves tras el aplastante 93% de apoyo a la Junta (con solo un 5,8% de rechazo) y el «respeto» de Calviño a la decisión de la compañía de marcharse a Países Bajos. Ahora la orden en el Ministerio de Asuntos Económicos y en Moncloa es no volver a referirse al caso y evitar nuevos encontronazos en cualquier asunto referido a esta traumática salida, que ha dejado muy tocada la credibilidad del Gobierno y de sus resortes económicos.

Los datos de inversión extranjera directa bruta (IED) que ha publicado este diario advierten de una reducción del 31,7% en el cuarto trimestre del año pasado tras llegar a los 10.423 millones de euros, 4.839 millones menos que los registrados entre octubre y diciembre de 2021. La cifra demuestra una ralentización en la llegada de capital foráneo a partir del mes de julio, coincidiendo con el anuncio de los impuestos extraordinarios a la banca y eléctricas y a las grandes fortunas.

Dos tasas criticadas por empresarios españoles y extranjeros (y recurridas ante la justicia por los respectivos sectores afectados) y que se suman al rechazo causado por la ampliación del decreto antiopas a finales del año pasado, que se ha prolongado hasta finales de 2024. Un clima anti-inversión, avivado por las constantes críticas de Pedro Sánchez a las grandes empresas, que no ha hecho más que acrecentarse tras la campaña contra Ferrovial. Una situación que puede pasar factura al Gobierno en los próximos meses, según las fuentes consultadas.