El Gobierno ha desoído 17 veces las peticiones de auxilio de las víctimas de la okupación
La Plataforma de Afectados por la Ocupación lamenta que el Gobierno no le haya escuchado para mejorar la Ley de Vivienda
La ministra de Justicia, Pilar Llop, en la Feria de Abril de Sevilla. | Europa Press
A un día de que el Gobierno saque adelante la Ley de Vivienda que desde un principio ha exigido su socio de Unidas Podemos, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha revelado a THE OBJECTIVE que ningún miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha querido reunir con ellos durante la legislatura; y, aún menos, desde el momento en que se anunció una nueva Ley de Vivienda. En concreto, la ministra de Justicia no ha sido capaz de contestar a 17 de las 18 cartas de solicitud de ayuda que le han ido enviando a su ministerio desde el 2 de noviembre de 2o21.
En efecto, Pilar Llop solo ha respondido en una ocasión, el 16 de enero del presente año. En esa misiva, la titular de Justicia contesta a la Plataforma señalando que no puede hacer gran cosa a favor de los afectados por la ocupación y, por tanto, no le parece «prudente» reunirse con ellos, porque en estos momentos -aclara- se está tramitando la Ley de Vivienda y también se están debatiendo diversas iniciativas relacionadas con la okupación. Sin más, hasta hoy. No ha habido más intercambio epistolar.
A lo largo de dos años y medio, hasta 18 cartas ha enviado la Plataforma de Afectados por la Ocupación a la ministra de Justicia, con sus correspondientes justificantes y sellos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.
Este colectivo ya había mantenido encuentros con otros líderes y con otros portavoces del PSOE en el Congreso de los Diputados, pero sin obtener resultado a cambio. Por eso pusieron su empeño en reunirse con la ministra de Justicia, Pilar Llop, al entender que ella misma se ha arrogado el papel de «defensora de la igualdad legal».
Plataforma de Afectados por la Ocupación
En esas cartas enviadas a Llop, los miembros de la Plataforma hablan de vulneración de derechos. Hablan de necesidad de ser escuchados porque este problema «no es de los fondos buitre, sino de personas que tienen una propiedad, y que, en algunos casos, tienen una segunda vivienda que constituye sus ahorros y hasta su pensión».
Frente al silencio administrativo, se dirigían a Llop para contarle que la justicia les ha dejado «desamparados y que la nueva Ley de Vivienda considera vulnerable al que no tiene casa, pero no al que se la quitan y se queda sin ella».
Se trata de un grupo de personas que no son grandes tenedores, que no pertenece a un fondos buitre y que son de toda corriente ideológica, pero que ahora se han encontrado con el muro del Gobierno, que no es capaz de dar respuesta a este colectivo con 2.500 casos devastadores y con el sentimiento de que son invisibles, porque ninguna institución se pone de su parte mientras se eternizan los famosos informes de los Servicios Sociales que dan la clasificación de vulnerabilidad para poder quedarte en una casa.
Su portavoz, Ricardo Elvira, y un grupo de afectados, así lo explican a THE OBJECTIVE en estos documentos sonoros donde desvelan casos desgarradores de ocupación e inquiocupación (que es cuando el inquilino firma un contrato y a los pocos meses deja de pagar). Todo, en una atmósfera, la española, en la que gracias al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de vulnerabilidad, en contra de los desahucios y los lanzamientos, este fenómeno se ha extendido como la pólvora, y no siempre los vulnerables lo son.
Invisibles que pagan suministros y gestionan la vulnerabilidad del okupa
Protesta la citada plataforma porque sus vidas se han convertido en un infierno. Tienen que asumir el gasto de suministros, de luz y de energía. Y ahora el Gobierno les pide que sean ellos los que avisen a Servicios Sociales para que sea el propietario de la vivienda quien solicite la vulnerabilidad del inquilino okupa.
En la Plataforma de Afectados no comprenden que no se protejan los derechos de 80.000 personas en España, que en muchas ocasiones tienen que vivir en comunidades de vecinos donde es difícil la convivencia. Con narcopisos, violencia, droga, burdeles y amedrentamiento pertinaz y diario, con el consiguiente deterioro físico y psíquico, además de cuadros psiquiátricos y mucha frustración. Muchos no pueden salir de sus casas; tienen miedo y apenas pueden dormir.
En este tiempo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha mantenido reuniones con portavoces del PSOE y de las Comisiones de Justicia, de Interior y hasta de Exteriores del Congreso de los Diputados. Pero el filtro del Ministerio de Justicia ha sido impenetrable. Ha sido un muro. Hasta hoy.
Entretanto, los afectados van viendo cómo se paralizan los desahucios, obligando a los propietarios a mantener sus viviendas y dejarlas a personas que no abonan sus alquileres, además de tener que pagar sus suministros. Basta con que la pandemia te obligue a cambiar de lugar de trabajo de tu residencia oficial, y un simple viaje a unos kilómetros más allá ponga sobreaviso a los okupas que ya vienen advertidos por las mafias.
Mafias que se mezclan con falsos vulnerables, al tiempo que la demora de la administración se eterniza y los expedientes, siempre a favor de los okupas, y en contra de los propietarios, dan lugar a que algunas personas lleguen a perder sus casas por embargo.
Por eso la demanda de auxilio siempre es la misma: mantener una entrevista con la ministra de Justicia, Pilar Llop, para transmitirle el desamparo de las víctimas y los perjuicios que acarreará, si cabe más -mantiene la Plataforma-, esta nueva Ley de Vivienda que se ha olvidado de aquellas primeras enmiendas, cuando la norma no tenía el sello de Podemos y de ERC, y la parte socialista del Gobierno estaba en completo desacuerdo con la pretensión de los podemitas.
«Sabemos que debe de ser una persona muy ocupada -insiste la Plataforma de Afectados por la Ocupación, a un día de que se rubrique la ley- pero (la ministra de Justicia) no puede mirar hacia otro lado e ignorar a las víctimas, porque el día que una persona llevada por la desesperación atente contra su vida, o la de terceros, la ministra no podrá ampararse en que desconocía lo que ocurría«, recoge una de las cartas enviadas a Justicia el 6 de julio de 2022.
