Pilar Llop apela al consenso: «La Justicia es una auténtica cuestión de Estado»

«Tenemos un problema de imagen institucional alimentado por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)». La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha apelado al diálogo y al consenso de las fuerzas políticas para elegir a los nuevos miembros del Consejo. Una tarea que, asegura, no corresponde al Gobierno, sino a las Cortes Generales. Sostiene que ella está fuera de cualquier negociación y que los profesionales ya tienen la oportunidad de seleccionar a los futuros vocales. Un sistema que ha defendido y al que ha calificado como «el más independiente» de Europa.

Llop ha participado este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Ritz. La titular de Justicia ha alabado el actual sistema de elección del CGPJ a pesar de que la UE recomienda a España que lo modifique para despolitizarlo y dotarlo de mayor independencia respecto al poder político. El propio comisario europeo, Didier Reynders, insistió en ello durante su visita a España a finales de septiembre, cuando se reunió, entre otras personalidades, con Llop.

La ministra de Justicia ha eludido pronunciarse sobre la dimisión de Carlos Lesmes por ser «una decisión personal». Tampoco ha querido tomar partido por la bicefalia que vive el Poder Judicial porque sus órganos han aprobado sus propios informes. «El modelo actual (de elección de vocales del CGPJ) es el más independiente de todos los modelos europeos. El Gobierno no tiene nada que ver con quienes van a ser los miembros del Consejo ni en la negociación», ha insistido Llop.

Llop defiende el sistema

Es consciente de que el sistema de elección está cuestionado, pero recuerda que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. La titular de Justicia también ha subrayado que los profesionales seleccionan a sus aspirantes. La normativa establece que las Cortes Generales son las encargadas de designar, por mayoría de tres quintos, a los 20 vocales del Consejo. Cada Cámara elige a 10 vocales, cuatro entre juristas de reconocido prestigio y otros seis jueces de los 5.300 en servicio. Estos últimos son seleccionados de una lista cerrada con nombres que eligen los propios profesionales, avalados por sus colegas.

Llop ha recordado que la negociación que mantienen PSOE y PP para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces corresponde al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y no a su departamento. Ha pedido a los interlocutores diálogo y consenso para llegar a buen puerto y ha apelado a la lealtad institucional porque «la Justicia es una auténtica cuestión de Estado». Una máxima que le ha servido para explicar el proyecto de modernización en la que se encuentra.

«Hay quien tiene la percepción de que nuestra Justicia se encuentra entre las peores de la UE», ha apuntado Llop. Especialmente, en cuanto a los tiempos de resolución. La ministra asegura ser consciente de las carencias que arrastra desde hace décadas. «La Justicia española tiene un problema grave de eficacia y eficiencia». Para contrarrestarlo, se han puesto en marcha diferentes mecanismos con el acuerdo de los organismos judiciales y las comunidades autónomas.

En esa apuesta transformadora tendrán un papel clave las entidades municipales. La intención del ministerio es convertir a los juzgados de paz en oficinas de justicia locales para que «se puedan atender a víctimas, personas vulnerables, acceder a la carpeta ciudadanía, obtener certificados y a practicar diligencias y vistas telemáticas». Supone un cambio absoluto que pretende acabar con la brecha digital y generacional. El proyecto se está tramitando en las Cortes, cuenta con el apoyo de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y ya existe una prueba piloto en Tarazona de la Mancha (Albacete).

Otro de los problemas de la Justicia española es su vasto material en soporte físico. Llop apuesta por incorporarse a la Transición Ecológica, lo que pasa irremediablemente por la digitalización. Confirma que casi el millón de juicios telemáticos celebrados desde la pandemia han evitado lo correspondiente a «1.080 vueltas al mundo». La ministra también se ha referido a las leyes que ultima el Gobierno, como la de Enjuiciamiento Criminal, la de derecho de defensa o la de trata. Ha instado a los partidos a aprobarlas en el actual periodo de sesiones.

Ha desligado la «necesaria» revisión del delito de sedición, como pide ERC, de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2023. «Es tentador hacer interpretaciones, pero los Presupuestos van por un lado y la reforma de la sedición va por el suyo», ha manifestado la ministra en el desayuno informativo. No obstante, cree prioritario «homologar en términos democráticos» dicho delito a otros países europeos para que haya «unas penas adecuadas a las conductas que se consideran sediciosas» porque en este momento las penas son «desproporcionadas».

Llop, que fue Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se ha referido a esta lucha como uno de los pilares de las políticas del Ejecutivo. Ha avanzado que se están poniendo en marcha instrumentos para mejorar la coordinación, ya que existen distintos sistemas de gestión procesal. Ha anunciado también la modificación del sistema para que personas con antecedentes no puedan estar en los procesos, tal y como recomendó el Defensor del Pueblo.

La ministra ha pasado de puntillas por la ley trans, que se tramita en estos momentos en el Congreso. En los últimos días se ha desatado una polémica porque el PSOE ha acordado con el PP retrasar el debate de enmiendas, en contra de la opinión de Podemos, su socio de Gobierno. Una demora que ha motivado que Carla Antonelli, primera parlamentaria transexual y referente de estas políticas, haya decidido darse de baja de las filas socialista.

«Procuro huir de polémicas. La intención es reconocer derechos de las personas y hacerlo con seguridad jurídica. No veo polémica en que se hayan presentado enmiendas y que el debate se haya prorrogado una semana más», ha reconocido Llop. En su opinión, se trata de una ley muy compleja. Tanto como la elección de un candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, proceso para el que se ha descartado: «Eso no se va a producir».