Unanimidad de los bancos contra el Gobierno: todos impugnan el impuesto extraordinario
Los últimos en presentar un recurso en los tribunales contra el gravamen son el Santander y BBVA, que consideran ilegal la nueva tasa aplicada
La presidenta del Santander, Ana Botín, y el de BBVA, Carlos Torres. | Efe
Todos los bancos que se han visto afectados por el impuesto extra aprobado por el Gobierno lo han impugnado tras abonar el primer pago y contabilizar en sus cuentas el coste del mismo después de que el Santander y BBVA hayan presentado sus respectivos recursos en los tribunales. Por consiguiente, ha habido unanimidad en el sector contra la iniciativa diseñada por Moncloa.
Los dos grandes grupos financieros han seguido los pasos de las patronales del sector, AEB y CECA, y del resto de entidades, que ya habían acudido a la Justicia en las últimas semanas tras el desembolso realizado a mediados de febrero. El banco que, en un primer momento, adoptó la decisión de tumbar la liquidación del gravamen por la vía judicial fue Kutxabank. Después fueron Bankinter, el Sabadell, Ibercaja, Abanca y Caixabank los que acudieron a la Audiencia Nacional.
La tasa ha tenido un impacto negativo en los resultados del primer trimestre en los bancos. Hasta el punto de que en enero registraron por su negocio en España pérdidas, tal y como publicó THE OBJECTIVE, ya que contabilizaron de golpe los casi 1.500 millones que tendrán que abonar en 2023. En febrero y marzo han podido recuperar la senda positiva, aunque el impuesto ha sido un lastre para los beneficios.
Los bancos dejan de pelear dialécticamente para evitar estar el foco ante las elecciones
Los banqueros fueron bastante combativos contra la tasa antes de que se aprobara y se materializara el pago del primer tramo, pero ahora han decidido no seguir atacando al Gobierno por ello. El objetivo, una vez apelado en los tribunales, es no entrar en una guerra dialéctica con los diferentes miembros del Ejecutivo.
Fuentes del sector sostienen a este periódico que no tiene sentido proseguir en la batalla dialéctica, ahora que ya está en manos de la Justicia, porque los bancos tienen todas las de perder. Máxime cuando estamos ya en campaña electoral y los bancos son un blanco fácil al que atacar.
Tal es el mutismo de los responsables de las entidades con respecto al impuesto que durante la presentación de los resultados ninguno de ellos ha hecho una mención crítica contra el mismo. Es más, en todos los casos han señalado que prefieren no hacer ningún tipo de pronunciamiento adicional y que ya han dicho todo lo que había que decir.
Desde que Pedro Sánchez anunció en verano pasado el impuesto hasta este enero, los principales ejecutivos tacharon la tasa de ilegal, injusta y confiscatoria. No había ocasión en la que no aprovecharan para posicionarse en contra de la medida adoptada por el Gobierno socialista.
Hacienda, según los datos ofrecidos, recaudó en febrero 637 millones de euros por este gravamen extraordinario. Una cantidad que será ligeramente superior en septiembre, cuando las entidades pagarán el segundo tramo correspondiente para el ejercicio. Para 2024 la cantidad será parecida y en total la Agencia Tributaria habrá captado cerca de los 3.000 millones previsto en sus inicios.
Hay que tener en cuenta que el importe varía, ya que se aplica sobre el 4,8% de la base de los ingresos recurrentes de los bancos en nuestro territorio, es decir, comisiones y margen de intereses. Ambos parámetros están sujetos a la evolución de la actividad y a la subida de los tipos de interés.
El Gobierno, siempre y cuando la Justicia no tumbe antes el impuesto, ha abierto la posibilidad a que el tributo sea permanente. En el sector dan por hecho que continuará su aplicación en los años sucesivos y que solo una sentencia en contra del gravamen podrá extinguirlo.
Además, el Estado ha logrado otros 817 millones por la tasa especial puesta en marcha sobre las compañías energéticas. Un tributo que las firmas eléctricas, al igual que los bancos, han llevado a los tribunales a su paralización y devolución del coste.
Los bancos defienden que el impuesto especial, de seguir en pie, debería generalizarse, ya que se trata de una discriminación hacia un sector determinado. Además, niegan cualquier beneficio caído del cielo como consecuencia de la escalada del euríbor y de los tipos oficiales, ya que consideran que éstos se sitúan en niveles normales. Aseguran que lo excepcional es lo que ha sucedido en los últimos seis años, cuando los intereses han estado en niveles negativos.
De igual manera, indican que en este nuevo entorno no solo hay que prestar atención al incremento de los ingresos que puedan tener, sino que también los bancos tienen que hacer frente a desafíos relevantes. Entre los más destacados, se encuentra el previsible aumento de la morosidad, debido a la menor capacidad de las familias y las empresas para pagar sus deudas. Por ahora, los impagos están bajo control, pero no se descarta que repunten a partir del verano.
