El PVPC de Teresa Ribera, Abundio y la Virgen de Lourdes
La ministra quiere resarcirse del portazo de Bruselas a su reforma eléctrica con una revisión de la tarifa regulada que puede ser como remedio peor que la enfermedad
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno. | EP
Teresa Ribera nunca se rinde, pero eso que podría entenderse como una virtud sitúa a la vicepresidenta energética en una posición muy parecida a la del triste coyote en su denodado afán por dar caza al correcaminos, que en este caso estaría interpretado por la Comisión Europea. Las autoridades de Bruselas dieron calabazas en marzo a la propuesta rupturista que España presentó para fulminar el mercado marginalista de la electricidad aprovechando las tensiones provocadas por Rusia en el mercado gasístico como preparación artillera de la invasión de Ucrania. Ahora la ministra lo vuelve a intentar con una reforma más comedida del recibo eléctrico que ojalá no se convierta en un remedio peor que la enfermedad.
Asesorada por la doctrinal Natalia Fabra, hija aventajada del que fuera presidente de Red Eléctrica, Jorge Fabra, la responsable de la política energética emprendió una especie de levitación hacia las más altas cumbres comunitarias tratando de pregonar la buena nueva de la excepción ibérica. No en balde, las singulares condiciones del mercado doméstico de la electricidad convirtieron a nuestro país en primera fuerza de choque contra la que se estrellaron los precios de la luz, algo así como el caballo del picador ante la acometida del morlaco cuando todavía está pleno de fuerza y trapío. El golpetazo fue de los que hacen época, lo que conmovió finalmente a los burócratas europeos para permitir el célebre tope al gas como fuente de producción eléctrica en España y Portugal.
Es cierto que los precios de la luz se han reducido desde que esta medida de corte proteccionista fue implantada en junio del pasado año, pero lo que no está tan claro es si, a la postre, observando el saldo comercial en su conjunto, el bálsamo de Fierabrás adoptado por el Gobierno ha sido un poco lo de Abundio, vendiendo los zapatos para comprarse los cordones. La propia Portugal, así como Francia, Marruecos y hasta Andorra han aprovechado las angustias de Sánchez con la tarifa eléctrica para inflamar sus importaciones desde España a precio tirado, lo que obligará al erario público a asumir una factura que, como informó puntualmente Javier Leal en THE OBJECTIVE, se sitúa en 2.000 millones de euros.
El recibo de la luz como el árbol de Navidad
El tope al gas no deja de ser una trampa en el solitario que luego es necesario saldar pagando la diferencia a los suministradores de la materia prima. Una práctica habitual en el mercado español que tiene sus ancestros más perversos en el descomunal déficit eléctrico de la última década o en los célebres Costes de Transición a la Competencia (CTC) de finales del pasado siglo. El recibo de la luz se ha ido convirtiendo en lo más parecido a un árbol de Navidad donde se cuelgan como si fueran abalorios todos los cargos contraídos por el Estado con las empresas del sistema. Esta socialización de riesgos ha provocado sucesivas bolas de nieve en forma de deudas diferidas que luego termina pagando el consumidor a través de la tarifa.
En su empeño, más ideológico que racional, por imponer a ultranza su enfoque sostenible la ministra tomó el rábano por las hojas de la crisis energética para proclamar el papel sufridor de España y persuadir a las autoridades comunitarias de la urgencia de reformar el mercado de arriba abajo. Ribera abjuró del sistema marginalista que en nuestro país repercute efectivamente en un 99% del recibo pero que en los vecinos del norte sólo representa un 15% de la factura. El objetivo de convertir este mecanismo de fijación de precios en un mercado de servicios de ajuste mediante un modelo de retribución por tecnologías atentaba contra los más elementales principios liberales sobre los que se edificó el actual orden interno de Europa.
El objetivo es vincular el recibo de la luz con los mercados a plazo que ofrecen menor volatilidad que el mercado spot, pero que tienen una clara tendencia inflacionista
Ya fuera por un exceso de audacia, dogmatismo o ingenuidad por parte de la ministra Ribera, lo cierto es que Bruselas dio con la puerta en las narices al Gobierno español en su apasionado intento de acabar con el mercado marginalista al que se han achacado de manera no poco torticera todos los males del sistema eléctrico. Es verdad que nuestro país se lanzó como el primero por la pendiente liberal impuesta a machamartillo por José María Aznar hasta que el célebre modelo de subastas de precios explotó como una bomba de relojería en la cara del exministro José Manuel Soria a finales de 2013, propiciando una reforma del mercado eléctrico que, como todo lo que hizo Mariano Rajoy, estuvo más bien inspirada por la necesidad que no por la convicción.
Nueva tarifa por decreto de cara a 2024
Los últimos gobiernos del Partido Popular consiguieron, no obstante, cerrar la sangría de un déficit de tarifa generado por la fiebre ecologista y renovable de Zapatero que llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros en la España de la gran recesión. El coste de la broma se repartió entre todos los agentes del mercado, incluyendo empresas, inversores y consumidores, lo que motivó una legión de damnificados que a día de hoy todavía mantienen su acoso contra el Reino de España en los tribunales internacionales de arbitraje. Tras la eliminación fulminante de las subastas se adoptó un sistema de precios por horas vigente desde hace diez años y que el entonces ministro Álvaro Nadal orientó a partir del llamado mercado spot de precios al contado.
Teresa Ribera, a falta de pan buenas son tortas, pretende ahora sacar lustre a su gestión aplicando una vuelta de tuerca sobre este modelo intradía con el fin de renovar su fallido liderazgo en los ambientes comunitarios y censurar de paso la política energética de sus rivales políticos. La reforma que viene del PVPC (Precio de Venta al Pequeño Consumidor), al que están adheridos cerca de 10 millones de hogares, consiste lisa y llanamente en reducir más allá del 50% la referencia de mercado diario, de modo y manera que el recibo eléctrico se vea más directamente vinculado a los contratos a plazo.
La solución que el Gobierno promueve ahora con vistas a su entrada en vigor para 2024 recuerda a la célebre discriminación horaria de hace dos años que el shock de precios mandó a tomar vientos tras ser ensalzada como la repanocha energética por la propaganda oficial. Teresa Ribera, inasequible al desaliento, quiere intentarlo de nuevo en el crepúsculo de su singular ministerio con una fórmula intermedia que no terminará con la volatilidad y tampoco favorece eventuales bajadas de la tarifa regulada dado que el mercado a plazo tiende a ser inflacionista. La vicepresidenta in translation cubrirá así el expediente de su carrera final en Bruselas, pero los consumidores, curados de espanto, no harían mal en invocar a la Virgen de Lourdes a ver si con un poco de suerte nos quedamos como estamos.
