El cerrojazo de Ribera a la red eléctrica dispara los abusos: un permiso roza los 400.000 euros
El Gobierno congeló a finales de año los concursos para nuevos nodos de acceso a la red. Mientras, las empresas siguen acumulando futuros megavatios
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | EuropaPress
El Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por la ministra Teresa Ribera, mantiene un decreto aprobado a finales de 2022 que está teniendo un impacto crucial sobre cientos de proyectos de energías renovables y que ha generado una burbuja en el precio de los permisos de acceso a la red, que, además, va en aumento. Así, y según comentan fuentes financieras a THE OBJECTIVE, las empresas están pagando para poder enchufar su instalación a la red cerca de 400.000 euros.
Una situación que, según comentan fuentes jurídicas, ha provocado un aumento continuo en el precio hasta generar una auténtica burbuja. «Los que tienen los permisos se han dado cuenta que tienen oro. Tienen algo que nadie puede conseguir. De esta forma, lo que están haciendo es subir los precios. Si antes estos precios rondaban los 120.000 o 140.000 euros ahora lo hacen en 370.000 euros», aseguran.
Una situación que no solo afecta a aquellas compañías que ya han apostado en España y que ya han desembolsado una importante inversión sino también en las futuras empresas que decidan construir proyectos en nuestro territorio. «Si hoy una gran empresa norteamericana quiere venir a España para invertir en renovables no puede, a no ser que compre proyectos. Esto se debe a que ninguna instalación que supere hoy en nuestro país los 100 megavatios -es necesario la convocatoria de los concursos- es realizable», sentencian.
Este escenario inquieta a las grandes empresas, sobre todo a aquellas que poseen equipos jurídicos, o están dispuestos a subcontratar importantes bufetes de abogados. Así, al elevado coste por conseguir un permiso, muchas, que se niegan a dicho pago, se encuentran en un escenario de máxima incertidumbre. «Las empresas más batalladoras van a buscar vías judiciales porque, aunque han recuperado las garantías, han perdido inversión durante los años de desarrollo de los proyectos o la creación de los equipos de trabajo», apuntan las fuentes.
El pasado mes de junio salió una orden con una serie de criterios (medioambientales, socioeconómicos…) para la convocatoria de unos concursos de acceso a la red. En total, 17 nudos. A partir de ese momento, las compañías comenzaron a acelerar sus planes para conseguir el máximo número de puntos para cuando esos concursos se hicieran públicos. De hecho, uno de los criterios que había en esa orden era la tramitación acelerada. Sin embargo, pese a sacarse a información pública, este no volvió. El Gobierno aseguró que se estaba generando especulación en la tramitación y que había muchos demandantes que, en realidad, no querían sacar adelante un proyecto renovable y solo comprar el acceso para revenderlo. A finales de diciembre de 2022, el Gobierno publicó un decreto que congelaba durante 18 meses la orden para aumentar la capacidad.
«Las empresas habían acelerado la tramitación para llegar con las máximas garantías cuando se publicaran esos concursos y el Gobierno lo suspende. De esta forma, está parada la tramitación, la adjudicación de capacidad y en teoría lo que nadie quiere decir es que las empresas tienen muchos megavatios que se están desarrollando. Cuando se convoquen los concursos saldrá la capacidad, se adjudicará, se recurrirá, estaremos en recursos porque la gente va a ir a matarse por esa capacidad. La orden para convocar concursos iba a salir en junio del año pasado. En la práctica la tramitación tarda dos o tres meses», afirman desde el sector.
Por otro lado, fuentes jurídicas critican la decisión del Ejecutivo. «El derecho de acceso es el derecho a la democratización del sector. Es un derecho universal que supuso la liberalización del sector. Cualquiera se podía ir a Red Eléctrica y pedir un punto al que conectarse. Hoy nadie que quiera instalar por encima de los 100 megavatios puede porque está congelado», comentan.
El sector apunta a que la principal causa de por qué la ministra Ribera mantiene este cerrojo a aumentar la capacidad se debe a que «en el fondo no quiere, de momento, más proyectos de energías renovables porque considera que ya hay suficientes». El Ministerio de Transición Ecológica recibe mucha presión por parte de actores involucrados -sobre todo de la España vacía- que critican el despliegue masivo de las renovables, y que han denunciado de forma pública. Hoy es posible tramitar proyectos por debajo de los 100 megavatios (hasta los 50 Mw se encargan las comunidades y por encima de los estos la Administración central).
En el sector, según ha podido constatar este periódico con diversos agentes del sector, se respira «incertidumbre regulatoria». Una situación que, sostienen, no ayuda a la inversión. Este medio ha tratado sin éxito de conocer los futuros planes que tiene el Ministerio de Transición Ecológica con respecto a este plan.
