El Gobierno ultima un decreto para imponer el empaquetado genérico en la venta de tabaco
El Gobierno estudia varias prohibiciones mediante Real Decreto dejando de lado los asuntos más polémicos en pleno año electoral
En diciembre de 2021, el Ministerio de Sanidad dio a conocer el primer borrador del plan antitabaco del Gobierno. Un año y medio después nada se sabe de esta norma que pretende prohibir fumar en terrazas, en coches privados, en playas, incrementar los precios y controlar el fenómeno de los cigarrillos electrónicos, entre otras medidas.
No obstante, tras más de 18 meses con el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo guardado en un cajón, con las elecciones a la vuelta de la esquina, Sanidad estudia ahora varias prohibiciones mediante Real Decreto dejando de lado los asuntos más polémicos, como los que afectan a la hostelería o a la subida de precios.
De esta forma, el Proyecto de Real Decreto, que salió a consulta pública en abril, sí contempla introducir el empaquetado genérico en las cajetillas del tabaco, es decir, cajetillas blancas sin colores ni marcas, y prohibir saborizantes o aditivos en el tabaco calentado. Además, también persigue meter mano a la regulación de productos derivados del trabajo, como son los cigarrillos electrónicos o los dispositivos sin combustión. Sin embargo, a dos semanas de elecciones generales y autonómicas y a medio año de unas generales, el nuevo reglamento obvia, eso sí, los asuntos más controvertidos contemplados en el Plan, como es la prohibición de fumar en terrazas o en vehículos privados.
Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican esta acción del departamento de Sanidad como una forma de «sustituir» que aún no se haya tramitado la reforma de la ley del tabaco. Algo que contrasta con la premura que mostró el Ejecutivo para agilizar otras leyes –mucho más complejas–, como la de la eutanasia, la del aborto o la ley trans.
Una ley «paralizada» por Darias
El relanzamiento de Carolina Darias, exministra de Sanidad, como candidata a la alcaldía de Las Palmas, habría sido uno de los principales motivos para mantener en ‘stand by’ esta norma. Y es que las actividades relacionadas con el tabaco aportan más de 350 millones de euros anuales a la economía de las Islas Canarias, al consolidarse como el centro de la fabricación de productos del tabaco en España, con la producción de todos los cigarrillos a nivel nacional. Además, generan más de 5.000 empleos en esta zona.
Ahora, a José Miñones, nuevo ministro de Sanidad desde el 23 de marzo, tampoco le convendría sacar del cajón y desempolvar el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo y abrir otro frente con la hostelería en pleno año electoral, tras el reguero de cierres que el coronavirus dejó en este sector. Los hosteleros ya ha mostrado su rechazo a esta medida que asegura supondría menos consumo en exterior y, por tanto, menos ingresos.
Además, con el verano a la vuelta de la esquina y, como consecuencia, julio y agosto sin actividad en el Congreso, y con la disolución de las cámaras que tendrá lugar por las elecciones generales quedaría muy poco margen para la aprobación de esta ley –que lleva más de una década sin renovarse– en caso de que el nuevo titular de Sanidad pusiera en marcha la maquinaria para ello.
Asuntos pendientes
No obstante la legislatura se acaba y las prioridades políticas son otras. Con este proyecto de Real Decreto – que supondría la modificación del Real Decreto 579/2017 y que no está previsto en el Plan Anual Normativo (PAN) que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros de enero–, Miñones pretende resolver las cuestiones menos conflictivas del Plan y así hacer un guiño al lobby antitabaco antes de las elecciones.
Sin embargo, desde la asociación Nofumadores señalan que la modificación de este Real Decreto es una medida «bastante insuficiente» si no se acompaña de la puesta en marcha del Plan Integral de Tabaquismo 2021-2025, «paralizado por Carolina Darias». «No se puede terminar con una pandemia que mata a 60.000 españoles anualmente con la incorporación de una sola medida contundente, sino que debe de ir acompañada de todo un lote de medidas, las cuales solo se pueden introducir mediante una ley», hacen hincapié.
Entre estas medidas, como ya han hecho otros países, se encontraría el aumento de precio de la cajetilla de cigarrillos a un mínimo de 10 euros así como el aumento de los impuestos del resto de productos de tabaco y nicotina, la ampliación masiva de los espacios sin humo al aire libre, incluyendo todas las terrazas de hostelería, la eliminación de las máquinas expendedoras como puntos de venta de tabaco y nicotina, la eliminación de publicidad directa y encubierta de productos de tabaco y nicotina en todos los ámbitos, incluidas las redes sociales y producciones audiovisuales, y la equiparación legal con los productos tradicionales del tabaco de todos los productos novedosos de tabaco y nicotina en términos fiscales, de espacios sin humo y publicitarios, además de la efectiva prohibición y control del acceso de los adolescentes a cigarrillos de combustión o electrónicos.