Las renovables esperan que Feijóo pague las sanciones por las primas que retiró Rajoy

Una luz al final del túnel. Las empresas afectadas por la retirada de primas a las renovables esperan que las elecciones del 23-J supongan un punto de inflexión. Confían en que, de llegar al Gobierno, el PP pague las indemnizaciones reconocidas por los laudos internacionales, que superan ya los 1.200 millones de euros. Una decisión de Alberto Núñez Feijóo en ese sentido supondría enmendar la plana a Mariano Rajoy, que hace una década eliminó las ayudas. Los representantes de los inversores han pasado estos días por Madrid, donde han mantenido contactos con «diferentes ámbitos de la sociedad española».

Los enviados de las compañías afectadas reconocen haberse reunido esta semana con diferentes actores. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican que han tenido contactos «constructivos» con distintas personas del ámbito empresarial y «especialmente» político, aunque no han desvelado quiénes han sido sus interlocutores. Descartan que Feijóo haya estado entre ellos, pero ni confirman ni desmienten haberse visto con dirigentes del PP.

«Se han reunido con representantes de un amplio espectro político», reconocen fuentes de las empresas afectadas por la retirada de primas a las renovables. Consideran que en un clima de incertidumbre como el actual, en el que apenas falta un mes para las elecciones y nadie sabe qué sucederá, hay que extremar las precauciones y tender puentes con todas las partes.

Credibilidad de España

Los populares subrayan que las sentencias internacionales son de aplicación obligada porque suponen «un principio básico de legalidad». Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP y abogado de las empresas afectadas, espera que el nuevo Gobierno «tenga un compromiso claro con la energía renovable y solucione este problema». En su opinión, la situación perjudica la imagen de España porque mina su credibilidad ante los inversores.

«El nuevo Gobierno debe limpiar el pasado porque las deudas no van a desaparecer. Hay que crear un nuevo marco regulatorio para las renovables», solicita Nikos Lavranos. Este doctor en derecho, fundador de la consultora NL Investment Consulting y asesor jurídico es responsable del Informe sobre el Cumplimiento del Arbitraje de Tratados de Inversión 2022, que destaca a España como el segundo país más moroso en cuanto a laudos, solo por detrás de Venezuela.

El origen de este problema se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas alcanzaban el 40% del importe de las estructuras, lo que suponía una gran rentabilidad para los inversores. Gracias a esa fórmula España captó 70.000 millones de capital foráneo. Sin embargo, seis años más tarde Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva.

Las compañías denunciaron al entender que la decisión mermaba sus ingresos. Desde entonces se acumulan 55 procedimientos, la mayoría ante el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. Ha resuelto una veintena, la mayoría (16), favorables a las afectadas por valor de 1.200 millones de euros, a lo que habría que sumar otros 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales e intereses financieros.

Sentencia del TJUE

Para no pagar, el Gobierno apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021. Los servicios jurídicos del Estado consideran que el fallo, que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria, crea jurisprudencia. La resolución toma como base la sentencia del caso Achmea, cuando el TJUE declaró en 2018 incompatible con el derecho de la UE una cláusula de arbitraje de un acuerdo internacional.

«España es miembro del Ciadi, por lo que ha dotado estos procesos de legitimidad. Los laudos tienen plena validez», insiste Cherryman. Las maniobras del Gobierno pasa por pedir su anulación a pesar de que está vinculado a asumirlos como miembro de la Carta de la Energía, que protege a las inversiones de las compañías frente a los cambios regulatorios de los países firmantes.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en octubre que había solicitado abandonar el tratado firmado en los años noventa. Los expertos jurídicos consultados por este diario afirman que la espantada no cambia la situación, ya que las decisiones no tienen carácter retroactivo, por lo que España deberá pagar antes o después. «Demorarlo solo supone que le vaya a costar más dinero a los contribuyentes», reconoce Cherryman.

Los impagos ha hecho que varios tribunales internacionales hayan abierto las puertas a iniciar embargos. Reino Unido autorizó a principios de abril la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña y la congelación de las cuentas bancarias que controla el organismo encargado de difundir la lengua, la cultura y las costumbres españolas. Semanas más tarde, la Corte Suprema de Australia también abrió la puerta a confiscar activos españoles si no satisfacía una deuda de 101 millones de euros.