La mitad de los mayores de 18 años ya depende de una ayuda, una pensión o un empleo público
La multiplicación de subsidios eleva a cotas nunca vistas el porcentaje de personas con ingresos procedentes del Estado
Manifestantes marchan tras su pancarta por Barcelona exigiendo pensiones dignas para ellos y las generaciones futuras. | Europa Press
Uno de cada dos mayores de 18 años depende ya de una ayuda o subsidio, de una pensión o de un sueldo pagado por administraciones o empresas públicas, una proporción que seguirá aumentando con el envejecimiento de la población y en momentos de crisis económica. Las ayudas, a menudo de subsistencia, sirven para permitir malvivir a los ocupantes de millones de hogares y se han convertido en un recurso básico.
Un análisis detallado de diferentes estadísticas públicas realizado por THE OBJECTIVE muestra que 19,1 millones de ciudadanos con más de 18 años reciben una prestación vital, alguna ayuda de dependencia o un sueldo público. La población española en esa franja de edad supera los 39,4 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a 2022.
Los efectos económicos de la pandemia, algunos ya superados, han provocado un incremento considerable de las ayudas directas, dejando en evidencia la elevada vulnerabilidad de los hogares españoles. Pese a todo, no todas las familias por debajo del umbral de la pobreza reciben estas prestaciones, ya sea por la elevada burocracia que conllevan las solicitudes, los numerosos requisitos o por falta de información. Así, el 48,5% de la población adulta tiene ingresos familiares vinculados a las arcas públicas, a través de las prestaciones más destacadas o retribuciones públicas.
Pensiones contributivas y Clases Pasivas
El pasado junio, el número de pensiones contributivas en la Seguridad Social previstas para mayores de 19 años rondaba los diez millones. Algunos pensionistas, casi 100.000, perciben dos o más prestaciones. Mientras, con la misma fecha, el Imserso contabilizaba un total de 272.231 jubilados no contributivos y 176.495 pensiones de invalidez. Por su parte, el número de retirados y beneficiarios de ayudas en el sistema de Clase Pasivas superaba las 695.000. En total, hay más de 11 millones de pensionistas en el Imserso, en la Seguridad Social y en el régimen de funcionarios. Su nómina mensual supera los 15.362 millones.
Por su parte, hasta 1,7 millones de demandantes de empleo reciben algún tipo de prestación, contributiva o en forma de subsidio. En la mayoría de los casos no llega a 500 euros. Hasta 698.652 ciudadanos reciben una prestación contributiva de desempleo, mientras 714.590 perciben el subsidio para mayores de 52 años. Un total de 154.000 reciben alguna ayuda agraria y 100.281 la Renta Activa de Inserción (RAI).
En el caso del subsidio para mayores de 52 años, los ciudadanos lo pueden cobrar desde esa edad hasta la legal de jubilación. Quienes hayan agotado el paro o el subsidio pueden optar a esta ayuda hasta que se jubilen -cuando cobrarán la pensión. Para cobrarla es necesario demostrar que no se tienen rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Por su parte, los beneficiarios del RAI tienen que acreditar al menos tres Acciones de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) y estar inscritos en las oficinas de empleo durante al menos 12 meses. Los mayores de 45 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y retornados pueden acceder a esta ayuda que solo dura un año.
El controvertido IMV
Hasta 645.317 ciudadanos cobraban a finales de 2021 alguna renta mínima de las comunidades. Su número se ha ido reduciendo con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estos salarios sociales tenían cuantías y requisitos diferentes según la región y oscilaba entre los 300 y los 700 euros. El Ingreso Mínimo tampoco llega a los 500 euros en la mayoría de los casos, pero resulta clave para apartar mínimamente de la pobreza a 1.868.172 beneficiarios, en los que conviven 808.270 menores y más de un millón de adultos.
La medida estrella de Pedro Sánchez ha sido criticada porque no llega a todas las familias que la necesitan, nuevamente por la excesiva burocracia y la falta de información. Hasta ocho de cada diez solicitudes se llegaron a denegar por exceso de ingresos y por errores,que se podrían haber subsanado. La Comisión Europea ha recomendado a España eliminar trámites, dar respuesta en 30 días -en España el plazo son seis meses- y reclamaciones sencillas, gratuitas e imparciales.
Ayudas a la Dependencia
Junto a esto, a fecha de 30 de junio había 1,4 millones de personas recibiendo alguna prestación de dependencia. El número de prestaciones total -algunos dependientes reciben más de una- ascendía a 1.821.821. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones y con las pensiones. Según las tablas del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Una parte de estas prestaciones subieron el pasado jueves hasta un 17%. Dependiendo del tipo de prestación y el grado del dependiente hay importantes diferencias.
Según el ministerio, la prestación de cuidados familiares de un grado I es de media 147 euros, pero en el caso de la asistencia personal de un grado III la ayuda supera los 700 euros. Las ayudas a los cuidadores no profesionales en el entorno familiar son las que más subieron el pasado jueves. Pasan de 153 a 180 (grado I), de 268 a 316 (grado II) y de 387 a 455 euros máximos mensuales (grado III).
Empleo público y privado
Otro colectivo dependiente de los fondos públicos son los 3,524 millones de empleados públicos -en empresas y administraciones-. La temporalidad es protagonista entre los funcionarios, cuyo número ha ido aumentando en la misma proporción que ha ido disminuyendo el empleo público. Mientras el empleo público ha aumentado un 10% desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, el privado lo ha hecho un 4%.
