La cruz de ser autónomo: es el colectivo más perjudicado por los impuestos en España

El optimismo de los datos de empleo de este último mes ha ido por barrios. Y la zona de los autónomos parece que no ha llegado a tener esa suerte, dada la destrucción de 6.800 trabajadores por cuenta ajena, solo en el mes de julio. En un año, que como presagia Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y, vicepresidente de CEOE, no tiene pinta de que vaya a ser bueno para este amplísimo gremio de empresarios y a su vez trabajadores, sobre todo si se tiene en cuenta la tendencia.

En opinión de Amor, explica a THE OBJECTIVE, «además de la cantidad de impuestos que pagamos, tampoco podemos deducirnos muchos gastos, y además el nivel de los costes laborales que soportamos se ha disparado».

En exclusiva para este periódico, Fernando Santiago, el presidente de Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid y también presidente del Consejo General de Colegios de Gestores, resume los problemas que asolan a los autónomos, quienes, para empezar, «no tienen las ayudas suficientes para tener una vida medianamente razonable». Y es que -afirma-, «las cotizaciones a la Seguridad Social siguen siendo altas, como se puede comprobar y, de momento, no se acogen al nuevo sistema de cotización del RETA. Asimismo, cuentan con escaso acceso al crédito y, los impuestos que soportan son elevados y tiene poca capacidad para deducirse gastos». 

Para Santiago resulta sorprendente que con estas circunstancias, los gobiernos no reparen en esta clase de trabajadores, que «la gran mayoría de ellos se gestionan su sueldo como si fueran empresarios; con obligaciones, como ha sido hasta ahora, de gestionar el cobro de IVA por cuenta de la Administración, de pagar sus cotizaciones sociales, de gestionar las retenciones del IRPF, y sin posibilidad de contar con deducciones que si tienen las empresas».

Además, anota el presidente del Colegio General de Gestores Administrativos, «los autónomos pagan impuestos mayores que los de las empresas, pero eso sí, con menos recursos para todas estas gestiones. Y es que encontrar empleo en nuestro país -continúa- es complicado, como lo demuestran los datos oficiales y extraoficiales de empleo (me refiero al recálculo de desempleo que nos acaba de hacer la UE: 985.000 parados ocultos y más de 1 millón de infraempleados). De modo que -indica-, resulta que 3.000.000 de personas tratan de ganarse la vida autoempleándose, sin que le supongan un coste al Estado y, contribuyendo a las arcas del Estado con seguros sociales e impuestos, mientras les ponemos barreras por todos los lados».

Es por eso que la máxima autoridad del CGGA defienda que es hora de que se consideren las situaciones especiales de los autónomos, por lo que propone que, «en lugar o además de los 20.000 euros para los jóvenes o los 7.000 euros para los opositores, hay que pensar en ayudas al autónomo, que con las mismas se está generando un sueldo y, muchos de ellos, generan empleo».

Desde el punto de vista normativo, Santiago también entiende que el sector productivo encuentra en la hiperregulación de nuestras administraciones otro de los grandes obstáculos para el trabajo y crecimiento de los empresas levantadas por autónomos

«En varios de nuestros Barómetros -explica- hemos preguntado si los pequeños y medianos negocios conocen todos los trámites que les afectan y, en su caso, si consideran que se pueden completar todos. Y la respuesta es clara -desvela-, una gran mayoría de los negocios no conocen toda la normativa que les afecta y, las que la conocen, no se ven capacitadas para cumplirla».

«Es obvio que los colaboradores sociales estamos para ayudarles -añade-, pero no es suficiente, porque además esto sucede por un claro error del legislador, quien a menudo requiere las mismas condiciones a todos los negocios sin considerar las limitaciones de los más pequeños. Y -remarca-, cuando un negocio, además quiere funcionar en varias comunidades autónomas, en muchos casos tiene que responder a las diferentes normativas, propias de cada comunidad. También a la normativa que viene de Europa, a le sumamos la normativa nacional, y las locales. Por tanto -admite-, ese exceso de regulación, o hiperregulación implica numerosos problemas a las compañías, en general, y a los más pequeños, a los que tienen menos recursos, en particular».

Fernando Santiago también se pronunciado para THE OBJECTIVE sibre la ecuación reforma laboral y sus consecuencias sobre los autónomos. Y sobre ello mantiene que tanto la reforma laboral como las subidas del Salario Mínimo Interprofesional «están provocando un comportamiento ineficiente del mercado de trabajo y, es muy difícil en estos momentos calcular los efectos que se generan y, la razón -sostiene- es que antes de la reforma sabíamos los tipos de puestos de trabajo que teníamos, y ahora no lo sabemos». 

Destapa Santiago que en la actualidad «se están produciendo más cancelaciones de contratos indefinidos en período de prueba que nunca y, también se han incrementado los contratos indefinidos a tiempo parcial, al extremo de que, existiendo más contratos indefinidos que nunca se han reducido el total de horas trabajadas». Una situación -concluye-, que nos lleva a «desconocer el número de trabajadores fijos discontinuos que no están activos (que deberíamos considerar parados, pero que actualmente no suman en las estadísticas oficiales como tales)».

El impago a empresas en ascenso

Por otra parte, este viernes se ha conocido que en España, el 64% de los empresarios ha reconocido haber tenido algún impago en los últimos 12 meses, según la última encuesta realizada por Informa D&B. Se trata de un estudio, realizado para la décima edición del libro ‘Análisis del comportamiento de pago empresarial’, que revela que este porcentaje supera en 11 puntos porcentuales al alcanzado el año pasado, cuando era de un 53%, y en 21 puntos porcentuales a la de 2021, año en el que se colocó en el 43%.

Así, en el 95% de los casos, el importe de estos pagos sin cobrar no supera el 5% de la facturación de las empresas, porcentaje similar al de hace un año.

Si en 2022 para el 37% eran los problemas financieros, este año la proporción se incrementa hasta el 39%. Casi un 33% opina que el mayor causante de los retrasos son los problemas administrativos y para un 15% se trata de demoras intencionadas.

El estudio también destaca que el número de empresarios que aplica intereses de demora sube ligeramente, del 23% al 24% y avanza hasta el 45% el porcentaje de encuestados que cree que la aplicación de un régimen sancionador ayudaría a mejorar el cumplimiento de los plazos de pago, como la medida que más favorecería un cambio de comportamiento.