La convocatoria de elecciones de Sánchez paraliza en seco la lucha contra la morosidad

La convocatoria de elecciones generales de Pedro Sánchez ha frenado muchas iniciativas legislativas, y entre ellas, la normativa que debería paliar la actual situación de morosidad en España, y cuya deuda comercial, la que no está en mora -es decir, la que sobrepasa el pago de los 60 días establecidos- ha crecido hasta un 202%. Una deuda alarmante, que aumenta del primer trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, en 1.301 millones de euros.

Ante esta situación, Cepyme ha pedido al Gobierno que aproveche el semestre de la presidencia española del Consejo Europeo para impulsar este cambio normativo, y entre otras cuestiones, acelere el reglamento de la factura electrónica.

Pero la convocatoria de elecciones ha dejado todo en el limbo, ya que la idea inicial de la Dirección General, encargada de que esta facturación entrara en vigor entre el tercer o cuarto trimestre del año, se disipa ante la incertidumbre del nuevo Gobierno, y sobre todo, teniendo en cuenta que cualquier cambio de Ejecutivo puede llegar a paralizar hasta seis meses el funcionamiento ordinario de los ministerios.

Incluida en la Ley Crea y Crece, y concluido el periodo de audiencia pública y de alegaciones, el Proyecto de Real Decreto para la factura electrónica obligatoria en España, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, deja, no obstante, serias dudas sobre la efectividad de esta facturación.

¿Una medida efectiva contra la morosidad?

Es el caso de Sonia Alvárez, directora de Fiscal para Ayming España sobre Facturación Electrónica, y para quien, si bien la medida es buena y favorable para el control de la morosidad -explica a THE OBJETIVE-, «el problema es que cada país lo está haciendo a ritmos diferentes, y aunque existe una armonización en cuanto al formato estructurado de las facturas, los sistemas convivirán con ciertas diferencias de funcionamiento, y las empresas multinacionales deben valorar y seleccionar una solución adecuada, que sea compatible y útil para todos los países donde esta normativa ya está en vigor, o donde próximamente se prevé la misma. De lo contrario -remarca-, se enfrentarían a sobre costes por ineficiencias».

En este sentido, Álvarez mantiene que el reglamento publicado, al respecto, es muy escueto y la orden ministerial que debería regular cómo funciona esta plataforma pública no está publicada, máxime, cuando se supone que las empresas tienen que contar con un soporte digital para tramitar estas facturas, más allá de que la Administración prevé poner al servicio de las empresas y de las pymes una plataforma pública gratuita, y de que en el mercado habrá también plataformas privadas.

Desde este punto de vista, indican fuentes empresariales a THE OBJECTIVE, al final, el uso de la plataforma acarreará costes añadidos para las compañías, porque, aquellas que no estén digitalizadas, y serán todavía muchas, acabarán necesitando el apoyo de gestores administrativos.

Además, señalan a THE OBJECTIVE, hay otro problema añadido que queda sin resolver, y es saber cómo se manejara la protección de datos, en el caso de que las plataformas privadas manejen la información electrónica de las empresas.

Para la directora fiscal de la consultora Ayming, «el hecho de que, irremediablemente, queden fuera del ámbito de la normativa las transacciones realizadas con alguna compañía fuera del territorio español, por ejemplo la venta con otros países (por ejemplo, si España realiza una operación con Taiwan), complica alcanzar el objetivo del control de la morosidad, toda vez que el destinatario establecido en país tercero no estaría obligado a reportar la información sobre el estado del pago de la factura. Asimismo, Alvarez indica que existen innumerables cuestiones sin resolver que son fundamentales para que las empresas puedan preparase adecuadamente a la nueva norma; y la pregunta es: ¿cómo va a funcionar la plataforma publica…?..».

Ya a mediados de junio, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad avisaba del atasco en el reglamento de facturación electrónica y alertaba de que el reglamento de la facturación electrónica continúa atascado y sin vistas a ser agilizado a corto plazo, por lo que ese punto no se puede implantar en la Ley Crea y Crece, y, por plazo, ya se debería.

Una oportunidad para mejorar

Fuentes de la pequeña y mediana empresa explican a THE OBJECTIVE que la factura electrónica puede ser una oportunidad para que mejoren sus procesos, pero todavía hay que implementarlo y la realidad de la pyme es que todavía no se ha digitalizado y, existe una gran brecha por tamaño.

De hecho, desde Cepyme, se solicita un plazo transitorio para pymes antes de que fuera obligatoria la factura electrónica. Y remarcan, «tienen menos recursos, y todavía en muchos sectores las empresas arrastran deuda y secuelas de la pandemia y la crisis inflacionaria. Por tanto, « La factura electrónica puede agilizar procesos y ser una mejora pero es necesaria una inversión», mantienen.

De hecho, desde Cepyme sostienen que consideran que «la factura electrónica puede ser una herramienta para controlar la morosidad, pero es necesario conocer los detalles de cómo quiere el Ejecutivo utilizar ella factura electrónica para ello.» Y todavía, -abundan- «no los conocemos». De hecho -subrayan-, «nueve meses después de la aprobación de crea y crece aún no tenemos el desarrollo de la factura electrónica», puntualizan.

Un sistema interoperable

Hace apenas un mes, y con motivo de la presentación de la audiencia pública, el Ministerio de Asuntos Económicos anunciaba la la creación de una plataforma pública, a través de la Agencia Tributaria, que permitirá reducir los costes y facilitar el acceso, si bien la facturación electrónica podrá realizarse también a través de cualquiera de las plataformas privadas existentes.

«El sistema -explicaban- tendrá que ser interoperable, para permitir la utilización y traducción de los diferentes formatos más utilizados, lo que permitirá la integración y adaptación a nivel europeo. También -añaden- tendrá que estar interconectado, para que los usuarios solo necesiten conectarse a una plataforma para la gestión de sus facturas».

Además, Asuntos Económicos mantiene que las pymes y autónomos contarán con un amplio apoyo para su implementación, a través de periodos transitorios amplios, de la solución pública de facturación electrónica y de las ayudas del Kit Digital.