España es el tercer país que peor aplica las normas de la UE con 177 expedientes abiertos
La Comisión Europea ha denunciado ante el TJUE 11 graves incumplimientos normativos por parte de nuestro país
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. | Europa Press
España tenía a principios de septiembre un total de 177 expedientes abiertos por la Comisión Europea por no trasladar directivas comunitarias a su normativa. Eso convierte a nuestro país en el tercero con más advertencias, solo por detrás de Grecia e Italia. Estos avisos suponen un riesgo de infracciones millonarias.
La no transposición de la normativa europea a la legislación española en los tiempos fijados, normalmente dos años, o hacerlo de forma inadecuada coloca a los países miembros en esta lista negra. La vorágine legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado de lado las normas comunitarias en materias clave como medio ambiente, empleo, industria o política financiera.
Los últimos datos de la Comisión analizados por THE OBJECTIVE muestran que los 27 países comunitarios, más Reino Unido, acumulan 2.942 procesos de infracción abiertos. La media es de 105, 72 menos que España. Entre los países especialmente cumplidores están Lituania, Dinamarca, Estonia y Finlandia. En el otro extremo se encuentran Grecia (189), Italia (184) y España.
Multa millonaria a España
A pesar de que las multas tardan tiempo en llegar, estas no son infrecuentes. Destaca la aprobada en febrero de 2021, cuando el el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) imponía a España los dos tipos de sanciones previstos en el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En aquella ocasión, nuestro país fue condenado al pago de 15 millones de euros y una multa diaria de 89.000 euros. La justificación fue no adoptar en tiempo la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales. El procedimiento se cerró en febrero de 2022.
España acumula desde 2010 casi 3.000 procesos de infracción, de los que 2.780 están cerrados. Sin embargo, tiene abiertos 11 procedimientos en los que la Comisión ha decidido denunciar a nuestro país ante el TJUE. De estos, nueve tienen que ver con leyes sobre el medio ambiente. La información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestra que el último que se ha hecho llegar a la Justicia europea -abril de 2022- tiene que ver con la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo).
La norma tiene por objeto proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas procedentes de los sectores doméstico e industrial. Con arreglo a la Directiva, las ciudades están obligadas a poner en marcha las infraestructuras necesarias para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo así todos sus efectos no deseados cuando se vierten en las masas de agua. La Comisión también ha llevado al TJUE la aplicación insuficiente de medidas contra la contaminación por nitratos o las sus normas sobre la compensación de los daños y perjuicios sufridos por particulares.
Cuatro advertencias más
El pasado julio se notificaron cuatro nuevas advertencias. Así, la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a España por no respetar las normas de la UE sobre servicios y cualificaciones profesionales en relación con el sector de la construcción. Señala que estas restricciones afectan a empresas que realizan instalaciones de gas, electricidad o aire acondicionado que desean subcontratar determinadas competencias.
El Ejecutivo comunitario también ha emplazado a España y otros tres países para completar la transposición al Derecho nacional de las normas de transparencia fiscal. Además, ha reclamado a España el traslado a su legislación la directiva sobre seguros de vehículo a motor y de otra sobre residuos.
Conciliación familiar y laboral
Junto a esto, también España se enfrenta a una importante sanción económica por no aplicar una directiva europea sobre conciliación familiar y laboral. La legislación comunitaria obligaba a los Estados miembros a hacerlo el 2 de agosto de 2022 «a más tardar», pero el Gobierno español sigue sin notificar la transposición.
La Comisión Europea, que amenaza con iniciar un procedimiento de infracción, le dio un ultimátum de dos meses que concluye a finales de junio. La normativa iba a ser incluida en la Ley de Familias, pero el adelanto electoral lo ha hecho imposible. Es uno de los 62 proyectos de ley que paraliza la disolución de las Cortes.
Las autoridades comunitarias también han enviado recientemente un dictamen motivo por no notificar las medidas de transposición de las nuevas normas de la Unión sobre la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (Directiva (UE) 2020/1151).
La Directiva establece un sistema de certificación a escala de la Unión para los pequeños productores y productores artesanales de alcohol, que facilita el acceso de estos a tipos reducidos de impuestos especiales en toda la Unión. El plazo que tenían los Estados miembros para transponer esta Directiva concluyó el 31 de diciembre de 2021.
