Flixbus pide acelerar la liberalización de los autobuses de larga distancia en España
La Ley de Movilidad Sostenible decayó en el Congreso de los Diputados cuando se convocaron las elecciones del 23-J
Flixbus ha pedido al nuevo Gobierno que reactive la liberalización del mercado de autobuses de larga distancia para actualizar una regulación que consideran «obsoleta» y que incumple en algunos aspectos la normativa común europea. En un encuentro con periodistas para conmemorar el quinto aniversario de la firma alemana en España, su director general en España y Portugal, Pablo Pastega, ha recordado que el actual sistema es «ineficiente, no planificado, no responde al reparto competencial, genera inestabilidad jurídica y mantiene concesiones caducadas desde hace décadas».
Se entiende por rutas interurbanas o de larga distancia las que atraviesan Comunidades Autónomas y que tienen jurisdicción estatal, no a las que conectan ciudades dentro de una misma autonomía y que son reguladas por los gobiernos locales. De esta manera Flixbus lleva un lustro operando en España, pero solo en rutas internacionales que conectan ciudades españolas con Francia y Portugal, principalmente. El negocio interurbano está principalmente en manos de empresas como Alsa o Avanza.
En este sentido, Pastega ha pedido que el futuro nuevo Ejecutivo retome cuanto antes la Ley de Movilidad Sostenible, paralizada en el Congreso y que decayó por la convocatoria de las elecciones del 23-J. Una marco legal que desde Flixbus consideraban un buen primer paso, pero todavía incompleto porque no incluía una liberalización total, ni aspectos claves para la gestión de las rutas como el cabotaje (posibilidad de coger y dejar pasajeros en paradas intermedias de rutas de larga distancia).
Fondos ‘Next Generation’
Esta normativa además debe ser aprobada con rapidez ya que es uno de los compromisos de España con la Unión Europea para liberar el sexto tramo de los fondos europeos Next Generation. La Ley de Movilidad Sostenible es uno de los requisitos que se incluyen en el paquete de hitos y objetivos comprometidos en este calendario.
El pasado mes de abril llegó al Congreso de los Diputados la Ley de Movilidad Sostenible que, por primera vez, contemplaba que las rutas interurbanas de largo recorrido pudiesen ser explotadas por más de un operador. El Gobierno estaba trabajando en un Nuevo Mapa Concesional estatal que recortaba el número de concesiones de cerca de 80 a 22 y contemplaba la posibilidad de apertura de nuevas líneas no concesionadas.
Hasta ocho formaciones presentaron enmiendas al artículo 50 del cuerpo legal que buscaba comenzar una apertura a un mercado con más de cuarenta años de concesiones en muy pocas manos. Pese a que había posturas enfrentadas, existía un acuerdo entre los grupos parlamentarios de que era necesario modificar el sector de los autobuses de larga distancia, aunque el debate se retrasó en la redacción del articulado.
Precios más bajos
No obstante, todo se paralizó con la convocatoria electoral y la normativa decayó, lo que significa que su tramitación deberá empezar desde cero con la nueva legislatura. En este sentido, desde Flixbus se indica que se abre una ventana para poder modernizar definitivamente esta normativa y abrir un sector que mantiene en España un régimen de no competencia que se ha convertido en una anomalía en toda Europa y lejos de las exigencias de liberalización que pide Bruselas.
En primer lugar, desde Flixbus consideran que los precios de los autobuses bajarían considerablemente con una liberalización como ya ha pasado en Francia, Italia o Portugal. De hecho, los datos de la Comisión Europea indican que el precio medio por kilómetro en España es el doble que en Italia y Francia y muy por encima de Portugal, Alemania y Reino Unido.
Flixbus también recuerda que en la península faltan cientos de conexiones directas en autobuses, ya que la regulación española (de 1987) no permite crear nuevas rutas que no sean de régimen de concesión. Esto supone que en toda la geografía coexistan 2.800 empresas de autobuses que no pueden ni abrir rutas ni hacer cabotaje, esta última práctica exigida por la legislación comunitaria, pero que España todavía no traspone a su normativa local.
Flixbus en Portugal
La rueda de prensa también contó con la participación de José Gomes, catedrático de la Universidad de Minho, que ocupó el cargo de viceministro y secretario de Estado de Transportes y Movilidad del Gobierno portugués durante el proceso de liberalización que se llevó a cabo a finales de 2019. El ex miembro del Gobierno portugués indicó que estamos ante un ejemplo perfectamente aplicable a la realidad española ya que partiendo desde parámetros similares se consiguió un mejor funcionamiento del mercado.
Antes de 2019, en Portugal existía un mercado cerrado con servicios solo accesibles a operadores titulares de una autorización para el servicio de transporte público regular y una oferta insatisfactoria en términos de acceso, calidad y precio. Después de la apertura del mercado, de establecer condiciones de acceso y funcionamiento y de obligar a un acceso equitativo y no discriminatorio de los terminales, se consiguió un mercado más abierto y transparente, precios hasta un 51% más bajos, una oferta más competitiva y creciente y una mejora de la calidad de los vehículos.