Huawei se suma a Vodafone y recurre la orden de bases de las ayudas al 5G rural del Gobierno
Consideran que la orden ministerial «contiene una provisión contraria a Derecho y es desproporcionada»
Logo de Huawei. | Europa Press
Huawei ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden 685/2023 del Ministerio de Asuntos Económicos en la que se establecen las bases para la concesión de más de 500 millones de euros en ayudas procedentes de los fondos europeos para el desarrollo de las redes 5G en zonas rurales de España por el posible veto a los equipos chinos. La compañía considera que esta orden «contiene una provisión contraria a Derecho y es desproporcionada».
La operadora se suma a Vodafone que la semana pasada también recurrió el concurso advirtiendo que este posible veto a los equipos chinos en las ayudas para el despliegue del 5G rural penaliza a las operadoras que los utilizan y «favorecen a Telefónica», menos expuesta a esta circunstancia dado que sus proveedores son fundamentalmente Ericsson y Nokia. Orange y la operadora británica están más expuestos al utilizar en sus redes a Huawei.
El Gobierno incluyó en su última convocatoria de ayudas públicas 5G exigencias explícitas para que los futuros despliegues financiados con los fondos Next Generation no cuenten con proveedores de alto riesgo, apuntando directamente a operadores de fuera de la Unión Europea como Huawei o ZTE. La orden de bases para financiar las redes en zonas rurales es muy clara y estableció una nueva redacción -diferente al borrador de julio del año pasado- en la que incorporan las advertencias de la Unión Europea a estos proveedores publicadas hace dos semanas.
Equipos y componentes
El Boletín Oficial del Estado (BOE) indicaba además que los operadores deberán asumir totalmente el coste de desmontar las redes de 5G si utilizan proveedores que se califiquen de alto riesgo, una vez que se haya completado el despliegue de las redes financiadas con ayudas públicas. Es así como se vuelve a abrir la puerta a la publicación de la esperada lista de suministradores vetados en esta tecnología que España lleva aparcando más de un año y que -como adelantó este diario- ya no puede seguir eludiendo tras las advertencias de Bruselas.
La citada orden ministerial indica que «los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España».
Si bien España todavía no ha publicado su lista de proveedores de riesgo, la orden ministerial indica que, si una vez ejecutado el proyecto, «el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario (de las ayudas) es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado».
Huawei España
De esta manera, se establece que todo este proceso debe hacerse «realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado. Dicha sustitución se habrá de realizar en un plazo máximo de 24 meses, y siempre en un plazo inferior al que esté fijado por la legislación vigente en su momento». Este es precisamente uno de los mayores temores de los operadores de telecomunicaciones si es que el veto a Huawei y ZTE se extiende a toda la red y que cifran en más de 1.000 millones de euros para todo el sector.
Huawei cree que el artículo en cuestión interfiere con la libertad de los operadores para elegir el mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad. En su lugar, busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios. «Este planteamiento reducirá la competencia, lo que provocará una distorsión del sector de las telecomunicaciones en España, obstaculizará la innovación y planteará grandes riesgos económicos y sociales».
«Huawei España, como suministrador de equipos de telecomunicaciones legalmente establecido en el país, confía en que el Tribunal abordará las diversas infracciones de la ley y repondrá los derechos e intereses legítimos de la compañía en aras de mantener la competencia en beneficio de los consumidores y usuarios, así como de las empresas de las zonas rurales españolas. Huawei España ha sido un importante colaborador en nuestro país durante más de 20 años y seguirá trabajando con nuestros socios, en beneficio de la digitalización y el ecosistema TIC español», concluyen.
