Unidas Podemos pide a la UE que sancione a las empresas españolas que más invierten en Israel
El eurodiputado Manu Pineda señala a Comsa, CAF, GMV y Typsa que han ganado importantes contratos en la zona
Unidas Podemos continúa mostrando su compromiso con la causa del grupo terrorista Hamás y distanciándose de la postura oficial del Gobierno con respecto a Israel. Han sido diversos los dirigentes que se han manifestado contra Israel y lo han hecho después del ataque de Hamás del pasado sábado. Ese día 5.000 misiles cayeron en territorio israelí y causaron cientos de muertos. El hecho ha provocado un conflicto muy difícil de frenar.
Sin embargo, la postura de la coalición morada ya se dejaba ver incluso unos días antes del ataque terrorista. El eurodiputado de Unidas Podemos, Manuel Pineda, uno de los más comprometidos con la organización yihadista, que no oculta sus vínculos en las redes y en fotografías, preguntaba a la Comisión Europea si tenía previsto sancionar a grandes empresas españolas que operan en Israel.
La pregunta, con solicitud de respuesta escrita, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se formulaba el pasado 3 de octubre. Pineda recordaba a la Comisión Europea que la empresa española Comsa Corporación acababa de ganar una importante licitación de Israel para la construcción de la Línea Azul del tren ligero. Este proyecto prevé unir Jerusalén con asentamientos en Cisjordania, como Gilo. Aclara el eurodiputado que esos asentamientos son ilegales. Curiosamente, otros de los principales opositores a estas obras son los judíos ultraortodoxos.
CAF, GMV y Typsa
Sin embargo, su acometida no solo se centró en esta empresa centenaria, con más de 5.000 empleados, con una cartera de negocio superior a los 1.500 millones de euros y una creciente actividad en mercados internacionales. Señala Pineda a otras empresas españolas, como CAF, GMV y Typsa, que están participando en la construcción y gestión de las líneas Roja y Verde. Estas contemplan paradas en otras zonas de Cisjordania.
Para justificar su pregunta, que espera respuesta, señala a la Comisión que «este proyecto de tren ligero en Jerusalén conecta partes controladas por Israel con asentamientos considerados ilegales por España, la UE, EEUU y Naciones Unidas.
El tranvía en la Jerusalén ocupada es un proyecto que vulnera la legalidad internacional, ya que no respeta el Derecho internacional humanitario».
«¿Se va sancionar a aquellas empresas de la Unión que están llevando a cabo actividades ilegales en los territorios palestinos ocupados y en Jerusalén?», pregunta Pineda. ¿Qué medidas va a tomar la UE para que Israel cese las actividades ilegales y el incumplimiento sistemático de sus obligaciones internacionales?, concluye el eurodiputado. Solo cuatro días después se produjo el brutal ataque que ha dejado miles de muertos, entre ellos niños y mujeres, en Israel y, posteriormente, la misma situación, con el asesinato de inocentes en Gaza.
Empresas españolas en Israel
El inicio del enfrentamiento armado entre el Estado de Israel y Hamás ha frenado en seco la actividad de la empresas españolas en la zona. Fundamentalmente, son compañías constructoras y de transporte, aunque también está el grupo Inditex, que se ha visto obligado a cerrar más de 80 franquicias que tiene en Israel.
Comsa fue seleccionada el pasado septiembre para construir y mantener la nueva línea de tranvía de Jerusalén. La compañía acudió asociada a dos compañías locales Dan y Denya Cebus. Este consorcio –JTrain– venció a otros, entre ellos al que estaba asociado CAF. Según informaba la prensa israelí, el proyecto de la Línea Azul se extenderá a lo largo de 31 kilómetros desde Gilo y Talpiot, en el sur de Jerusalén, hasta Ramat Eshkol y Ramot, en el norte de la ciudad.
La línea tendrá 53 estaciones, incluidas tres estaciones subterráneas. JTrain estima que la construcción del proyecto costará 9.000 millones de sheqel israelíes –2.153 millones de euros-. Antes del conflicto, estaba previsto que la Línea Azul comenzará a funcionar por etapas entre 2028 y 2030-. Según destacaba la prensa israelí, se produjo una demora de más de un año en la adjudicación y «sorprendió» que Shapir y CAF fuesen descartados ya que son responsables de la construcción de las otras líneas.