Garamendi estalla contra el pacto PSOE-Sumar: basta de populismo, queremos gestión
El presidente de la CEOE lamentó que la nueva legislación la realice «gente que no ha visto una empresa en su vida»
El presiente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha sido muy duro con el nuevo pacto de PSOE y Sumar con el que pretenden revalidar un nuevo Gobierno de coalición. Durante su intervención en XXII Congreso de Directivos CEDE celebrado este jueves en Granada, el líder de la principal patronal de los empresarios ha pedido al futuro Ejecutivo que se centre más en la gestión y no en el «populismo» y que dejen de anunciar políticas que «van a perjudicar de forma importantísima a la empresa».
Frente a un auditorio repleto con 2.000 empresarios de todos los sectores, Garamendi ha reivindicado el papel de la empresa y ha pedido que les dejen trabajar con tranquilidad, y «sin ponerles trabas», para intentar salir adelante en un escenario de clara desaceleración. «Al sector público le pediría gestión y no populismo. El problema grave es aplicar fórmulas populistas, fórmulas que van en contra de las empresas. No estamos oyendo al gobierno, sino a dos partidos que quieren gobernar, con recetas que pueden entorpecer el crecimiento».
Y continuó indicando que «se están anunciando políticas que van a perjudicar de forma importantísima a la empresa». «El empleo de mayor calidad lo genera la industria y los territorios en donde hay más industria es donde hay mayores tasas de calidad del empleo, sin embargo nos olvidamos del objetivo de conseguir que la industria represente el 20% del PIB; un objetivo que se debería conseguir en el año 2020». «Basta de populismo», apostilló agregando que el sector solo quiere «gestión» del sector público.
Críticas de Repsol
Este martes el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, firmaron su acuerdo de coalición para los próximos cuatro años con medidas que siguen aumentando la presión sobre las empresas. Algunos de los acuerdos más destacados fueron reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, el progresivo aumento del salario mínimo, la prolongación de los impuestos extraordinarios a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas y un mayor control del mercado eléctrico y de la competencia.
Frente a este pacto, este diario ya ha publicado que ha generado un gran rechazo del mundo empresarial y de inversores que consideran que se está realizando un duro ataque al sector, aumentando sus costes, recortando su productividad y en definitiva destruyendo su competitividad. Las fuentes consultadas por este diario coincidieron en anticipar años «muy duros» en los que tendrán que sufrir aún más presión tributaria y laboral que la que la llevan soportando desde la llegada del Ejecutivo de coalición.
Este mismo jueves, Repsol advirtió tras la presentación de sus resultados trimestrales que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España».La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, «que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país», mientras que «favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España», dijo la energética.
Garamendi y el diálogo social
Por su parte, y en relación al aumento de las horas trabajadas, Garamendi indicó que lo más grave es que se quiera legislar sin alcanzar un acuerdo en el marco del diálogo social. «Con este pacto el coste por hora será muy superior y el de la Seguridad Social también. Por otro lado, hay muchos de convenios que marcan 37,5 horas, pero en sectores específicos y que pueden permitírselo«. «Este tipo de medidas son solo populismo e intervencionismo gubernamental, ya que afectarán de forma brutal al campo, a las pequeñas empresas, y además son realizadas por gente que no ha visto una empresa en su vida», ha agregado el líder de la patronal.
«Si algo funciona en este país son los acuerdos sociales. Hay 4.500 mesas abiertas de negociación colectiva en el país, somos un ejemplo en Europa, pero algunos parecen que se lo quieren cargar» dijo Garamendi en relación a la intención de PSOE y Sumar de legislar sobre temas laborales sin preguntarlo, ni negociarlo con todos los integrantes de la mesa de diálogo social.
«Hace tres meses firmamos un acuerdo con los sindicatos por tres años, pero este pacto ya no vale. Parece que los acuerdos tienen validez hasta que el regulador decida cambiarlos sin ningún criterio. Es una devaluación el diálogo social». Y concluyó indicando que desde la CEOE están «rotundamente en contra de este populismo que lo único que puede conseguir es que vayamos hacia abajo, en la vida hay que decir ya vale y decimos basta. Estamos dispuestos a dialogar, pero no podemos aceptar que se saque una Ley y luego se nos comunique», concluyó Garamendi.
Críticas de las patronales
Este martes, CEOE, Cepyme y ATA manifestaron su rechazo frontal a las medidas del acuerdo para la formación de un nuevo Gobierno. La patronal de las grandes empresas, la de las pymes y la de los autónomos indicaron que van a tener un «impacto negativo» para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España.
Criticaron además que acuerdos tan importantes como la reducción de la jornada laboral, se hicieran «a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente». Agregaron además que es un atropello «al papel constitucional de los agentes sociales» y que todos estos pactos deben alcanzarse en el marco de la negociación colectiva y no de «una imposición legal».
Del mismo modo, las grandes superficies comerciales elevaron el tono contra la clase política. Anged, la patronal de empresas como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o Alcampo, criticaron la “inoperancia” de los responsables políticos del país, culpables a su juicio de la “parálisis política” que vive España y que conduce al país a un “estancamiento”.