El 80% de las empresas inmobiliarias prevé más subidas del alquiler en 2024 pese a los topes
Según las inmobiliarias la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido un 30%
Solo un 7% de las inmobiliarias espera una caída en los precios del alquiler. | Agencias
Los precios del alquiler seguirán al alza el año que viene. Así lo consideran el 82% de las empresas del sector inmobiliario que creen que ante una demanda de vivienda en alquiler creciente, el mercado aún no ha hecho los deberes para atenderla adecuadamente lo que lleva irremediablemente a los precios al alza. Es una de las conclusiones del Barómetro de Empresas Inmobiliarias en España 2023, elaborado por EjePrime a partir de una encuesta a 300 empresas del sector a lo largo del mes de septiembre.
Por otro lado, las empresas que consideran que los precios del alquiler subirán de forma sustancial en el corto y el medio plazo aumenta considerablemente. Si en 2022 apenas un 3% consideraban este extremo, este año ese porcentaje asciende al 14%. Del mismo modo, según esta encuesta, suben del 59% al 68% las empresas que creen que los precios subirán de forma moderada. Bajan, por contra, el porcentaje de empresas que prevé una estabilidad en los precios de las rentas del alquiler. En concreto, son el 11% de las encuestadas las que se decantan por esta opción, diez puntos menos que el año anterior. Tan solo un 7% de las empresas espera caídas en los precios del alquiler.
Unas previsiones de subidas de precios que se producen a pesar del control de precios del Gobierno. Hasta la creación de el nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda que tiene que elaborar el Instituto Nacional de Estadística para, según el Gobierno, evitar incrementos desproporcionados en la renta, el Ejecutivo ha establecido un incremento máximo del 3% en la actualización anual del alquiler en los contratos vigentes desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre. Si el IPC es inferior al 3%, el IPC será el índice que se aplique en 2024 para las revisiones.
Contención de precios
El pacto entre PSOE y Sumar incluye desarrollar las medidas de la Ley de Vivienda para contener los precios, con incentivos fiscales y mecanismos de regulación de los alquileres. El acuerdo dispone en este sentido que se definirá «con carácter inmediato» el índice de precios de referencia para identificar zonas tensionadas. Los equipos técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana están manteniendo reuniones periódicas para poder con el objetivo de que se haga efectivo cuanto antes, según aseguran fuentes del Ministerio a THE OBJECTIVE.
Este índice de precios de referencia se crea para fijar el precio de los contratos en zonas tensionadas, que es el que se aplica a un gran tenedor en zona tensionada o a las viviendas nuevas en alquiler en zonas tensionadas que no hayan estado arrendadas en los últimos 5 años. En estos dos supuestos, si se quiere poner al alquiler una vivienda en una zona declarada como tensionada por una CCAA, la referencia del precio tendrá que ser acorde a este índice. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las comunidades no están aplicando la Ley de Vivienda ni declarando áreas tensionadas.
Monitorizar los efectos de la Ley de Vivienda
El pacto entre Sánchez y Díaz también contempla la monitorización de los efectos de la Ley de Vivienda. Desde el sector inmobiliario apuntan que el desplome de la oferta de vivienda se ha profundizado con la aprobación de la nueva normativa. La oferta de vivienda para un alquiler habitual en España ha descendido un 30,5% desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, según los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI).
Esta situación está acentuando el desajuste en el mercado del alquiler, puesto que la demanda de inmuebles de alquiler de larga estancia se ha incrementado en estos cinco meses un 11%, mientras que los precios del alquiler se han encarecido de media un 9,2 % en los últimos 12 meses, según FAI.
«Con este pacto se constata que la ley se centra, de nuevo, solamente en una parte del mercado del alquiler: en la protección a los inquilinos y colectivos vulnerables», según apunta María Matos, directora de estudios de Fotocasa. Mientras, apunta la experta, «el otro eje fundamental que conforma el mercado, los propietarios, quedan desprovistos de seguridad jurídica, una situación que obstaculiza la generación de un clima de confianza y la ampliación de oferta».
