El Gobierno no se aclara con el nuevo índice para el alquiler que entrará en vigor en 2025

Como parte de la Ley de Vivienda, que se aprobó a finales del mes de mayo, el Gobierno anunció la creación de un nuevo índice para limitar los aumentos de los alquileres en España. Ese nuevo indicador llegará en 2025 y el encargado de elaborarlo es el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, por el momento, el instituto de estadística español no tiene información alguna sobre cómo elaborar este índice, tal y como aseguran a THE OBJECTIVE.

Fuentes del instituto estadístico insisten en que el grupo de trabajo para este fin lo coordina el Ministerio de Fomento -actual Mitma- y «el papel del INE es de apoyo técnico a dicho grupo». Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que «la ley introduce un mandato» al INE para que defina, antes del 31 de diciembre de 2024, un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda para evitar incrementos desproporcionados en la renta. 

Desde el ministerio omiten su relación con el mismo y no dan datos sobre el supuesto grupo de trabajo que debería estar trabajando en este sentido. Este índice, que entrará en vigor en 2025, sustituirá al IPC de forma general como índice de referencia en la actualización de todos los contratos de alquiler en vigor, estén o no en zonas declaradas como tensionadas. 

Hasta la creación de este nuevo indicador, se establece un incremento máximo del 3% en la actualización anual del alquiler en los contratos vigentes desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre -este año ha sido del 2%-. Si el IPC es inferior al 3%, el IPC será el índice que se aplique en 2024 para las revisiones.

Acuerdo Sumar-PSOE

Mientras, el PSOE y Sumar se han comprometido en su acuerdo de gobierno a definir con carácter inmediato el índice de precios de referencia para identificar las zonas tensionadas a fin de poner en marcha la regulación de los precios de los alquileres. La regulación del precio del alquiler era la medida estrella de la nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado mayo, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, pero aún no se ha definido. La Ley de Vivienda recoge la creación de dos índices diferentes, por un lado el índice de precios de referencia -que aún no se ha definido- y, por otro, el índice de referencia para la actualización anual (que debe elaborar el INE y que entrará en vigor en 2025).

En el caso del primero, se crea para fijar el precio de los contratos en zonas tensionadas. Es el que se aplicará a un gran tenedor en zona tensionada o a las viviendas nuevas en alquiler en zonas tensionadas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años. En estos dos supuestos, si se quiere poner al alquiler una vivienda en una zona declarada como tensionada por una comunidad autónoma, la referencia del precio tiene que ser referenciándolo a este índice. Respecto a este último, los equipos técnicos del Ministerio están manteniendo reuniones periódicas para poder avanzar en ambas cuestiones, con el objetivo de que se haga efectivo cuanto antes, según aseguran fuentes del Mitma a este diario.

Sin aplicación real

No obstante, la realidad es que las comunidades autónomas son las que tienen la competencia de aplicar una de las medidas más importantes de la ley. La declaración de zonas de mercado residencial tensionado depende de cada región. Con esta declaración se activan el resto de medidas. Y sin estas zonas tensionadas, no es posible establecer ciertos límites al precio del alquiler.

Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León y Galicia son algunas de las comunidades que ya han dejado claro que no van a aplicar esta nueva legislación. De hecho, algunas regiones como Madrid han recurrido al Constitucional la ley al considerar que invade competencias y que se extralimita en tres cuestiones: el derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.

Andalucía, Cataluña y Baleares, así como más de 50 diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso han promovido recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda. Los recursos, que fueron admitidos a trámite a principios de este mes, se dirigen contra gran parte del articulado de la ley, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, justo antes de las elecciones autonómicas y municipales. No obstante, quedará para el próximo 1 de enero de 2024 lo relativo a los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.