El INE desconoce por completo el índice con el que el Gobierno quiere regular los alquileres

«Aún no tenemos nada de información al respecto». Así de tajantes se muestran desde el Instituto Nacional de Estadística al ser preguntados por THE OBJECTIVE sobre los plazos o la metodología que va a utilizar el organismo para elaborar el índice de precios del alquiler que tiene que tener listo para 2025. Según la ley de vivienda, que será previsiblemente aprobada definitivamente en el Senado la próxima semana, se establece un límite al alquiler del 2% hasta finales de 2023, mientras que en 2024 se aumentará al 3%.

Estas limitaciones se aplicarán a nivel nacional y para todos los tipos de propietario. A partir de 2025 habrá una distinción entre pequeño y gran propietario. Los grandes propietarios se definen siempre como personas (no solo empresas/sociedades) con 10 o más propiedades en un área tensa. No obstante, la norma, tras el acuerdo del Gobierno con sus socios, permite que adicionalmente los entes reguladores autonómicos y locales rebajen ese límite a cinco o más propiedades.

Desde el 1 de enero de 2025 entrará en vigor la posibilidad de definir áreas tensionadas a criterio de las administraciones competentes (locales y regionales). Es entonces cuando regirá el índice de referencia de precios del alquiler que debe elaborar el INE. Para ello, el organismo lo debería tener listo en 2024. Sin embargo, por el momento no hay avances.  

La independencia del INE, en riesgo

Por otro lado, en un informe reciente, el Centro de Políticas Económicas de Esade ha cuestionado la independencia del organismo con la creación de este índice. A los investigadores de Esade les parece «preocupante» que «un instituto autónomo como el INE español esté a cargo de definir un índice de referencia de precios de alquiler para la nueva ley de vivienda», ya que consideran que esto «podría poner en riesgo su independencia y autonomía».

«Al ser una institución autónoma, el INE se supone que debe actuar con independencia política y sin interferencias del gobierno», señala el informe Lo que servirá y lo que no de la nueva política de vivienda para mejorar el acceso al alquiler. «Existe el riesgo no despreciable de politizar una institución como el INE, que se vería sometido a la tensión política de tener que definir la fórmula de la que beberían las Administraciones para regular el alquiler», añaden en el informe.

En última instancia, señalan desde Esade, esa posible interferencia podría resultar en «un índice que no refleje adecuadamente la realidad del mercado de alquiler de viviendas y que no beneficie ni a propietarios ni a inquilinos».

Los propietarios buscan alternativas

Hace poco mas de un año que el Gobierno aprobó, vía real decreto, la desvinculación de las actualizaciones de los contratos de alquiler del IPC, para indexarlos al Índice de Garantías de Competitividad (IGC). Este índice fija las subidas del precio de las renovaciones de los contratos de arrendamiento en un 2% como máximo este año. La ley de vivienda establece que el año que viene será del 3%.

Sin embargo, este índice, que pretendía evitar la revalorización de las rentas con el IPC, quedará olvidado a partir de 2025 cuando regirá el que elabore el INE. No obstante, desde que entró en vigor a través del real decreto, algunos propietarios han intentado sortear ese límite del 2% a las subidas del alquiler, tal y como hemos contado en este diario. Tras conocerse en detalle las medidas que contempla la ley de vivienda, cada vez son más los propietarios que aseguran que van a tomar medidas.

Subir precios

De los propietarios que conocen la prórroga, casi la mitad (49%) afirman que tomarán alguna medida como consecuencia del límite de 2% de subida de alquiler, según los datos del último informe elaborado por Fotocasa Research. Las consecuencias más contempladas van encaminadas a mantener el piso en su régimen actual, pero buscando maneras obtener una renta superior. Es decir, estableciendo un precio más alto una vez finalice el contrato. De hecho, según este informe, esta es la opción mayoritaria elegida por el 30% de los propietarios.

Por otro lado, también hay propietarios que prevén buscar, una vez finalice el contrato vigente, otros inquilinos que puedan asumir un coste mayor (alternativa preferida por el 19%). El informe elaborado por el portal inmobiliario también contempla diferencias relevantes en cuanto a comunidades. Los arrendadores de Madrid son los relativamente más propensos a vender el piso una vez finalice el contrato (10%), y los de Andalucía se inclinan más hacia plantearse la compra de vivienda como inversión (12%) y a pasar la vivienda a alquiler vacacional (15%).