'Caso Popular': la Fiscalía pide dar carpetazo a la investigación sobre la ampliación de 2012
Considera procedente archivar las actuaciones tras el contundente espaldarazo del Banco de España a la operación
El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron. | Europa Press
Giro en la investigación de la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades en la ampliación de capital del Banco Popular del año 2012. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz, archivar la investigación provisionalmente, según un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La petición se produce tras el contundente espaldarazo de los peritos del Banco de España a la gestión de la ampliación de capital por parte del expresidente de la entidad Ángel Ron y de la auditora PwC.
Estos dos últimos son los principales investigados en una causa que se inició en mayo de 2022 tras la denuncia de varios exaccionistas y minoristas de la entidad que acudieron a una ampliación de capital en la que se suscribieron 2.500 millones de euros en nuevas acciones en una entidad que, cinco años después, vería caer en picado el precio de su acción y acabaría siendo absorbida a cambio de un euro por el Banco Santander.
En un escrito de 20 páginas, fechado el pasado 25 de septiembre, el Ministerio Público hace un extenso repaso al contundente informe remitido por los peritos del Banco de España al juez, un documento en el que se avala la ampliación de capital. La fiscal del caso concluye que no hay indicios suficientes para continuar con una causa en la que se investigan presuntos delitos de estafa y falsedad documental por supuestos engaños en el folleto de la ampliación y las cuentas de la entidad.
«Consideramos procedente el archivo provisional de la causa», indica el Ministerio Público en el escrito remitido al juez. La Fiscalía recuerda que, en su informe, los inspectores del Banco de España Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete describen como un «éxito» la ampliación de capital de 2012 del Popular. Además, concluyen que no hubo engaño a los inversores, porque la documentación de la ampliación de capital «reflejaba la imagen fiel de la entidad» y su situación financiera.
La Fiscalía descarta falsedad
En su escrito, la Fiscalía aborda y hace suyos los principales puntos del informe pericial del Banco de España: las reclasificaciones de activos previas a la ampliación de 2012; las razones y el contexto económico que llevaron a poner en marcha la operación; y los motivos por los que se dan por suficientes los indicios de que no hubo intención de engañar a los inversores. Y después de todo ello, señala que durante la causa no se han podido acreditar por tanto indicios suficientes de que se hayan cometidos delitos de falsedad documental y estafa.
El Ministerio Público considera «evidente» que «la decisión de ampliar capital no fue trivial». «El motivo principal fue el de cubrir el déficit de capital calculado en el escenario adverso del test de estrés realizado por Oliver Wyman. El que fuera de manera inmediata responde a la urgencia de los plazos legales impuestos para evitar la entrada de dinero público en el capital social. Este motivo es repetido numerosas veces de forma clara en la documentación sobre la ampliación aportada a los inversores», señala la Fiscalía.
«Aunque BPE no aplicó la norma contable de forma totalmente correcta en el ejercicio de 2012, al no reflejarse todas las reclasificaciones debidas, ello no tiene que implicar en todo caso que se haya cometido un delito de falsedad en la información proporcionada para sustentar la ampliación de capital de 2012, sino que habrá que acudir a varios factores, como puede observarse en el Informe Pericial, especialmente en el Capítulo Quinto, que es donde se manifiesta que, pese a estas deficiencias contables existentes, la información que se suministró a los potenciales compradores en la ampliación de capital, reflejaba la imagen fiel de la realidad», añade el Ministerio Público.
Reclasificaciones de activos
La Fiscalía también descarta el supuesto engaño a los inversores en relación a las reclasificaciones de activos, a pesar de que admite que los inspectores del organismo regulador concluyeron que el Banco Popular «no cumplió con la normativa contable exigible de manera absoluta, al no efectuar todas las reclasificaciones recomendadas por el Banco de España en 2012».
No obstante, el Ministerio Público añade que «esas reclasificaciones se efectuaron al año siguiente, con lo que apreciamos que no había intención de desobedecer lo planteado por el BDE en sus diferentes inspecciones, no pudiendo olvidar el esfuerzo realizado por la entidad que logró realizar una reclasificación de operaciones a dudoso por importe de 9.436 millones de € brutos (5.701 millones de € netos de recuperaciones)».
El Ministerio Público subraya que en diciembre de 2011, cuando se anunció la ampliación de capital del Banco Popular, la entidad pudo haber sido más estricta en su proceso de análisis de riesgos y haberlos reclasificados con anterioridad. No obstante, y parafraseando a los peritos del Banco de España, la fiscal indica que de todo lo analizado hasta el momento «no puede deducirse, en nuestra opinión, que la información publicada en el momento de la ampliación de capital no reflejara la imagen fiel de la entidad».
Sin perjuicio económico
Los peritos del Banco de España tampoco apreciaban perjuicio económico para quienes suscribieron la ampliación de 2012 y agregaron que no se daba en los hechos analizados ningún tipo penal, ya que la operación fue un éxito para los accionistas. Añadían que la operación contribuyó al saneamiento del Banco Popular y a revalorizar la cotización de las acciones durante los tres años siguientes. A pesar de esto último, acreditado ahora por los peritos del Banco de España que firman el informe remitido a Pedraz, el Popular acabaría siendo intervenido tan solo cinco años después, en 2017, con Emilio Saracho como presidente. El Santander lo adquirió a cambio de un euro.
«En conclusión, y con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas del BPE, fruto de sus decisiones privadas de inversión, podemos decir que, en general, acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión, tal y como lo demuestra la cotización de la acción, con revalorizaciones importantes en casi los tres años posteriores a la ampliación de capital, en gran parte fruto de la mejor situación financiera del banco tras las medidas de capital y saneamiento adoptadas», indicaba el informe de los peritos del Banco de España.
La ampliación del Popular en 2012
El juez Pedraz abrió el caso en 2022 tras admitir a trámite dos querellas presentadas por antiguos accionistas y exclientes de la entidad. Ante los indicios de irregularidades en la ampliación de capital de 2012, el magistrado ordenó investigar posibles delitos de estafa y falsedad documental. Una semana después, aceptó la personación en calidad de perjudicados, y como acusación particular, de más de 300 antiguos accionistas minoritarios de la entidad. El número de afectados que se han adherido a la causa ha crecido, según fuentes jurídicas.
El caso estaba parado a la espera de este informe pericial del Banco de España solicitado por el juez. El documento elaborado por inspectores del organismo regulador finalizaba con contundentes conclusiones que apuntan en sentido opuesto a lo denunciado por los exaccionistas y clientes del Popular agrupados en la causa. La Fiscalía hace suyos ahora los argumentos del regulador bancario y piden archivar las actuaciones.
Al igual que los peritos del Banco de España, la Fiscalía no aprecia ahora irregularidades ni falsedades en el folleto de la ampliación de capital de 2012. Al contrario, y apoyándose en las conclusiones del documento del Banco de España, Fiscalía también apunta que la entidad llevó a cabo la operación para evitar tener que ser rescatado por el Gobierno español y para cumplir con las recomendaciones europeas derivadas de los test de estrés a la banca.
