Sociedades cotizadas, cautivas y desarmadas
El Gobierno quiere controlar la Diligencia Debida de los grandes empresarios a través de una nueva agencia regulatoria
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera en funciones y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. | Carlos Luján (Europa Press)
La desafección entre Pedro Sánchez y las grandes empresas españolas constituye un sentimiento mutuo que aflora en su más evidente y cruel plenitud cada vez que algún miembro del Gobierno ahora en funciones saca a pasear su ADN populista arremetiendo contra la liberalización del sistema productivo. La tensión adquiere tintes dramáticos cuando los agentes económicos no tienen el tacto suficiente de advertir a sus interlocutores oficiales acerca de decisiones que pueden tener trascendencia política como le ocurrió a Rafael del Pino con el cambio de la sede de Ferrovial a los Países Bajos. Para que episodios de esta naturaleza no vuelvan a producirse, el Ministerio de Justicia trabaja ahora en la elaboración de nuevas leyes que, bajo el paraguas del ordenamiento comunitario, tienen como oscuro objeto de deseo la confección de verdaderas camisas de fuerza para atar en corto las ínfulas de los empresarios más díscolos con el poder establecido.
La estrategia de Moncloa pasa por recuperar la iniciativa en las relaciones con el mundo corporativo de manera que los primeros espadas del Ibex noten de cerca la presión y tengan claro que su cometido como dirigentes empresariales pasa también necesariamente por rendir culto al Gobierno de la nación. A partir de ahí no será necesario que Nadia Calviño, o quien la sustituya al frente de la política económica, tenga que ponerse la cara colorada para reprender a ninguna sociedad cotizada que se muestre liberada de cualquier compromiso institucional anteponiendo como elemento único de gestión los intereses de sus accionistas e inversores internacionales. La amplia diversificación en el capital de las más importantes compañías españolas y la expansión de negocio en los mercados exteriores ha fomentado una especie de éxodo sociológico en el que cada vez son menos los que se sienten tributarios de su país de origen.
En los principales cónclaves empresariales que se han celebrado estas últimas semanas se ha puesto de relieve el resquemor y la desconfianza hacia el riesgo que supone la permanencia en España para muchos de los grandes prohombres de las altas finanzas y los negocios. La mayor parte de ellos se sienten incapaces de cambiar el pasaporte de sus entidades por cuestiones meramente reputacionales, pero eso no impide que, en términos generales, cada cual se las ingenie para adornar su tarjeta de visita con un marcado rasgo multinacional presumiendo de la cuota imparable de actividad que realizan allende las fronteras en detrimento de su histórica vinculación con el mercado doméstico que vio nacer sus imponentes imperios corporativos. El arraigo nacional ha pasado a mejor vida y con ello se puede decir que el alma empresarial ha adquirido de un tiempo a esta parte un profundo carácter apátrida.
Eliminar a todos los adversarios que saldrán por el camino
El sentimiento de diáspora se va a recrudecer de manera dramática a poco que Pedro Sánchez haga valer los pactos con Yolanda Díaz para atizar el fuego de la investidura. El ‘piquito’ con la consorte de Sumar ha colocado a las empresas en medio de una redada orientada a financiar la transferencia de rentas hacia los llamados colectivos vulnerables. El ideario social comunista se lanza de nuevo como arma arrojadiza para justificar la confiscación de los beneficios corporativos, allanado el camino a la Hacienda Pública de modo que pueda cuadrar a martillazos sus planes presupuestarios cada vez que le venga en gana. La extensión de los gravámenes extraordinarios a bancos y energéticas, junto con el incremento del Impuesto de Sociedades, constituyen una declaración de guerra que resultará más fría o más caliente dependiendo de la capacidad de las empresas para poner pies en pared ante al llamado Gobierno de la amnistía.
La amenaza de nuevas exacciones ha incendiado el patio empresarial con Repsol liderando la manifestación de cuello blanco a través de su CEO, Josu Jon Imaz, un hombre al que se presumía tranquilo en el cargo pero que está hasta los cabellos de aguantar las continuas, constantes y arbitrarias acometidas tributarias. Imaz, cocinero antes que fraile, tomó hace ya casi 20 años el testigo de Xabier Arzaluz como presidente del PNV y ahora ha reverdecido su viejo liderazgo sustituyendo a Ignacio Galán como nuevo paladín en la causa empresarial declarada abiertamente a día de hoy contra el pasado, presente y futuro Gobierno de Pedro Sánchez. La reacción ha escocido sobremanera al truchimán socialista, consciente de que su proyecto político nacido de la necesidad sólo podrá alcanzar la virtud si elimina uno por uno a todos los adversarios que le van a salir por el camino.
«La Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia prepara un armazón legal que actuará como camisa de fuerza para las empresas en bolsa»
Entre los primeros y más importantes enemigos que deben ser detenidos, a poder ser cautivos y desarmados, figuran los empresarios, para lo cual hace falta algo más que una nueva ráfaga de disparos en la barriga de la cuenta de resultados. Es menester bajar los humos a las grandes corporaciones con un marco normativo propio de un Ejecutivo fuerte y de progreso, tal y como ahora gustan de proclamarse los posmodernos ideólogos social comunistas y de las Junts. Una tarea de ajuste fino y alcance grueso para la que se requieren los servicios previos de la Comisión General de Codificación (CGC), un organismo de aquilatada solera en el asesoramiento y preparación de textos prelegislativos que puede resultar tan útil para la ocasión como se supone que lo va a ser el Tribunal Constitucional en todo lo referido a la amnistía para los condenados y prófugos del ‘procés’ en Cataluña.
Reguladores económicos para actuar de comisarios políticos
La CGC ha estado tradicionalmente fuera del foco mediático y alejada del creciente intervencionismo político, pero las huestes monclovitas consideran que ha llegado su hora como instrumento en el desarrollo de una serie de directivas comunitarias cuya transposición del ordenamiento mercantil puede servir de perfecto dogal para meter en vereda a las empresas más replicantes. El primer eslabón de la cadena será la ley de Paridad de Género, que obligará a incorporar hasta un 40% de mujeres en los consejos de administración y en la alta dirección de las sociedades cotizadas. Con esta ‘pedrada’ de toque el Gobierno dispondrá de un elemento esencial para completar la labor de vigilancia, más intensiva si cabe, que será encomendada a los nuevos supervisores de la actividad económica promovidos de cara a la próxima legislatura, como son la restaurada Comisión Nacional de la Energía y la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
El candado en forma de broche que dará carta de naturaleza a la flamante armadura regulatoria pasa por la creación de una enésima agencia regulatoria para la Sostenibilidad y la Diligencia Debida, otro ente al uso con potestad de control sobre la vida y hacienda de las empresas bursátiles que verá la luz a partir de una enésima reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Este es el empeño en el que trabajan los asesores del Ministerio de Justicia desde la Comisión de Codificación y el que más temen los dirigentes del Ibex, convencidos del peligro que comporta un Gobierno necesitado de sacudirse su intrínseca debilidad política con una actuación cada vez más beligerante en materia económica. El ramalazo de nacionalización de empresas a través de la SEPI es solo un primer botón de muestra porque los coletazos de Sánchez son inescrutables y después de la amnistía todo es posible en la corte del faraón monclovita.
