El sector de la tecnología sanitaria pide al Gobierno formar parte de la normativa

El Ministerio de Sanidad trabaja en la elaboración de un Real Decreto sobre evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) para garantizar que estas, y no solo los medicamentos o los dispositivos vinculados a ellas, «encuentren su lugar en la evaluación» y facilitar así el acceso a la innovación. La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), aunque considera «de gran interés para el sector esta iniciativa», teme que se retrase la incorporación de la innovación tecnológica al Sistema Nacional de Salud (SNS) «si los tiempos en el desarrollo de la ETS se alargan en todas sus modalidades».

Así se desprende de un documento compartido por los representantes del sector con THE OBJECTIVE en el que piden al Gobierno que cuente con la «colaboración» del sector de la tecnología sanitaria a través de la creación de grupos de trabajo con el objetivo de «avanzar en el desarrollo y mejora del procedimiento actual de estos estudios». De igual forma, recalcan que es necesario «evitar duplicidades» en la evaluación de determinados aspectos, como la seguridad, eficacia y beneficios clínicos de las tecnologías que ya han sido evaluados en el proceso de obtención del marcado CE. De este modo, también se ahorraría en costes y en tiempos «a favor de la eficiencia y recursos de los organismos evaluadores y del SNS».

Y es que como ya contó este medio, la burocracia lleva años lastrando la innovación en Sanidad obligando a comprar tecnología fuera de nuestro país. En 2020 —últimos datos disponibles—, España importó más masa tecnológica de la que exportó: 7.576 euros vs 3.549 euros. Esto es, nuestro país importa el doble de equipo sanitario de lo que exporta, por lo que la balanza comercial, en términos absolutos, se quedó en 2020 en los 4.027 millones en negativo, según el último informe de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin)

Miñones: «Hay problemas» en el acceso a la innovación farmacéutica

El pasado mes de junio, el ministro de Sanidad, José Miñones, reconocía durante el 29° Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria, celebrado en Madrid por Fenin, que «hay problemas» en la adquisición de tecnología sanitaria y se comprometía a «resolver la incorporación de una forma eficiente» de estos productos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante la elaboración de un Real Decreto.

Cuatro meses después, el 11 de octubre, el ministerio publicó un documento para la consulta pública previa con la intención de aprobar una nueva normativa sobre evaluación de las tecnologías sanitarias. Este es el primer paso de carácter administrativo que puede conducir a que el Consejo de Ministros, dentro de unos meses, apruebe finalmente esa norma. 

La importancia de aprobar un Real Decreto sobre evaluación de las tecnologías sanitarias recae en la necesidad de garantizar que todas las tecnologías sanitarias «encuentren su lugar en la evaluación», de forma que los medicamentos no se sitúen por encima de otras tecnologías sanitarias, como ahora ocurre. Un hecho que está dando lugar a desabastecimientos de determinados productos, como ya reconoció recientemente Mercedes Suria, jefa de servicio de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).

En el documento (de seis páginas) se menciona que «la necesidad y oportunidad de la norma sobre la evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) debe enmarcarse en la compleja encrucijada que vive el sector farmacéutico a nivel global y local, en la que la inacción o el retraso en la misma puede tener consecuencias negativas sobre la investigación y desarrollo de innovaciones, sobre el acceso de los pacientes a los medicamentos, sobre la asequibilidad de los medicamentos y la sostenibilidad del sistema sanitario, y sobre el atractivo que España puede jugar para atraer inversiones industriales».

Incluir la industria desarrolladora de la tecnología sanitaria

Para Fenin es «fundamental» incluir a la industria desarrolladora de las tecnologías sanitarias en el sistema de ETS, algo que, en su opinión, debería estar recogido en el Real Decreto –cuya consulta pública previa se cerró el 25 de octubre–. «Su ausencia en el proceso supone no disponer del conocimiento, análisis del alcance, y los beneficios que ofrecen dichas tecnologías», señalan. En este sentido, hacen hincapié en la necesidad de asegurar «la transparencia en todo el proceso de ETS» y contar con la «cualificación adecuada» de evaluadores especializados «para que tengan en cuenta las diferencias entre las distintas tecnologías de productos sanitarios».

Así, solicitan prestar especial consideración a las tecnologías dirigidas a poblaciones minoritarias (enfermedades huérfanas) para que este grupo de población «disponga de manera ágil, de tecnologías adecuadas para sus patologías y evitar que no sean adoptadas por el propio proceso de evaluación de las tecnologías sanitarias».

IVA reducido y revisión de precios

Este lunes, José Miñones se ha reunido con la junta directiva de Fenin. Los representantes de la federación han trasladado al titular de Sanidad las iniciativas que consideran prioritarias para la transformación del sistema sanitario. Entre las medidas sanitarias que se plantean se encuentra la aplicación de un IVA reducido a los productos sanitarios y la indexación efectiva de los contratos públicos.

Con respecto al primer asunto, el sector asegura que esta medida generaría al sistema un ahorro de más de 1.000 millones de euros «que podrían revertirse en el propio sistema sanitario». Además, recuerdan que el Gobierno ya aprobó un Real Decreto-ley el 21 de abril de 2020 en el que se rebajaba al 0% el IVA de 41 productos necesarios para combatir el coronavirus. Una medida que solo duró unos meses y que afectó desde a dispositivos médicos más complejos como respiradores, ventiladores, humificadores, monitores o escáneres, hasta carpas para hospitales de campaña, según recoge la normativa.

Actualmente en España la mayoría de estos productos sanitarios -aproximadamente el 85%– son gravados con el tipo impositivo más alto (21%). En países vecinos como Italia, Francia, Bélgica, Alemania o Reino Unido tienen un IVA reducido menor del 10% para estos productos.

La indexación (revisión de precios) es una medida reclamada por Fenin desde hace tiempo, en especial ante el actual contexto geopolítico y económico marcado por una crisis de suministros e incremento de los costes productivas y logísticos. De esta forma, la industria solicita una revisión de precios basada en el IPC y no vinculada a los costes de las materias primas, cuyo acceso a indicadores es «difícil de demostrar»