Los economistas alertan de una «pérdida brutal» de empleo hasta el año 2030
Pich recuerda que la entrada de la SEPI en Telefónica endeudará aún más las cuentas públicas
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en funciones y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. | THE OBJECTIVE
¿Se está adaptando el mundo a la Cuarta Revolución Industrial? Cuando aún estamos digiriendo la tercera revolución de la industria en el mundo, y la cuarta se está implantando a marchas forzadas de la mano de la inteligencia artificial, la robótica o la tecnología asimétrica, especialistas como Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia y director del Máster de Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la Universidad Complutense de Madrid, afirman que, de aquí al final de la década, se va a producir un cambio radical en el mercado laboral, y «la pérdida de empleo va a ser absolutamente brutal», de modo que «todo lo que puedan hacer las máquinas, lo van a hacer las máquinas».
De la Cruz, quien este martes participó en un coloquio organizado por el Colegio General del Economistas, a propósito de cómo debe ser el adecuado control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de nuestro país, hizo hincapié, precisamente, en las consecuencias de la globalización, y en cómo ésta entra en conflicto -algo que ya está pasando en la Unión Europea- cuando tiene que optar por la soberanía de un país.
Con esta percha, el también abogado y experto en Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho de la Unión Europea, Regulación Económica y Derecho de la Competencia, se apoya en la obra del economista Dani Rodrick, La paradoja de la globalización, donde este profesor de Economía Política en la Universidad de Harvard anticipa que la consecución de las alternativas entre hiperglobalización económica, políticas democráticas y soberanía nacional conlleva necesariamente el debilitamiento de alguna de estas tres fuerzas.
Así, mantiene Rodrik, podemos escoger entre las siguientes situaciones: elegir ser un país globalizado económicamente con una democracia a nivel global, sacrificando parte de nuestra soberanía nacional; conservar plenamente nuestra soberanía nacional y democracia interna, pero sin integrarnos plenamente a la globalización o, bien, adherirnos a la globalización, mantener nuestra autonomía nacional, pero sacrificando la democracia interna.
Como Francia e Italia
Y mientras se despeja la incógnita del trilema de Rodrik, los expertos del coloquio celebrado este martes en el Consejo General de Economistas, Jordi Alberich -coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball– y Juan de la Cruz, coincidieron en señalar que la actual regulación sobre el control de las inversiones extranjeras en nuestras empresas estratégicas resulta «anacrónica, parcial e insuficiente», y por tanto, habría que complementarla con un fortalecimiento de nuestras capacidades industriales, que habría que desarrollar «a través de una nueva ley de industria».
Además, y pese a que piensan que los criterios para determinar el catálogo de sectores sujetos a autorización para su entrada en España están bien tasados, consideran no obstante, que hay que «definir en qué industrias tenemos ventajas comparativas claras, como han hecho en Francia con la industria nuclear o en Italia, con la automovilística».
Asimismo, señalan que, a la hora de permitir o no la entrada de capital extranjero, también deberían regir ciertas reglas de reciprocidad, pero eso sí, valorando también si la inversión puede favorecer el crecimiento económico y si su veto pudiera frenar futuras inversiones.
En cuanto a la compra de acciones de Telefónica por parte del grupo saudí STC -que ha sido uno de los debates tratados en el acto seguido por THE OBJECTIVE– Alberich y De la Cruz han mantenido que habrían de tenerse en cuenta «las credenciales de Arabía Saudí a la hora de autorizar o denegar dicha compra», pero situando la operación en el contexto de la política exterior y haciendo un balance de costes y beneficios. Por último, ambos han insistido en la necesaria apuesta por la seguridad jurídica, mediante el establecimiento de unas reglas claras de juego, para atraer inversiones extranjeras.
La costosa entrada del SEPI
Precisamente sobre la situación de Telefónica se ha pronunciado también el presidente del CGE, Valentín Pich, quien afirma que «la entrada en el accionariado de Telefónica por parte del grupo saudí STC ha puesto de manifiesto las flaquezas de la actual legislación en esta materia, al verse obligado el Gobierno a atenerse a una cláusula de alcance discrecional, lo que puede provocar la desincentivación de las inversiones extranjeras. Por tanto -añade-, sería recomendable «una legislación certera que no permita la arbitrariedad en las decisiones y que, a su vez, prime la protección de nuestros sectores estratégicos, especialmente de aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia en los tiempos actuales».
En cuanto al plan del Gobierno de adentrarse en el Consejo de Administración de Telefónica mediante la compra de un 5% de sus acciones, el presidente de los economistas manifestó que «no se debe menospreciar el coste de la operación, estimado en algo más de mil millones de euros». Porque, según Valentín Pich, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), «aun utilizando todos los recursos que tiene autorizados en los Presupuestos Generales, no alcanzaría dicha cifra, por lo que sería necesaria una transferencia del Estado, «empeorando aún más las cuentas públicas».
Para Pich, otra posibilidad sería convencer a inversores españoles de entrar o aumentar su posición en la compañía, «lo cual parece algo complicado». Dicho esto, el presidente del Consejo General de Economistas recordó que Telefónica tiene una deuda de 26.537 millones y que «la política industrial de refuerzo al tejido productivo tiene que reducir el endeudamiento de las empresas». «Se debe generar -puntualizó- estabilidad económica y mejorar la competitividad del país para reforzar la capitalización de nuestras empresas».
Finalmente, y a una pregunta de TO sobre el último comunicado de CEOE en el que rechaza los pactos de investidura de Pedro Sánchez, Pich, sin querer entrar en el terreno político, sí afirmó que lo mejor para el clima económico es la seguridad y la tranquilidad, y añadió que el ruido no ayuda nada en este sentido.
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