Ni el 3% de los españoles en apuros recurre a las ayudas públicas para llegar a fin de mes
Un 13% tiene que dejar su cuenta en números rojos, mientras que un 35% pide dinero a familiares o amigos
Ni un 3% de los españoles en apuros económicos ha recurrido a las ayudas públicas para llegar a fin de mes, a pesar del despliegue de medidas aprobadas por el Gobierno desde la pandemia en el marco de su denominado ‘escudo social’. Esta es una de las conclusiones principales que se desprenden de la última encuesta de competencias financieras elaborado por el Banco de España.
El porcentaje de ciudadanos que apeló a este tipo de sustento de las administraciones públicas es menor, ya que los datos del supervisor bancario engloban en dicha categoría dinero que ha sido otorgado a personas en dificultades por otro de tipo de organismos privados o sin ánimo de lucro.
Según lo datos recabados por THE OBJECTIVE, se trata del recurso menos utilizado por los españoles vulnerables para poder afrontar sus gastos mensuales, ya que la gran mayoría está usando los ahorros acumulados, está pidiendo dinero a familiares o amigos y se está endeudando a través de las tarjetas de crédito o los préstamos personales.
Las cifras hacen referencia al periodo del peor momento de la pandemia, ya que la encuesta aunque se ha publicado ahora hace referencia al periodo de entre 2020 y mediados de 2022, cuando muchos ciudadanos tuvieron que verse obligados a asistir a comedores sociales y el Ejecutivo puso en marcha diferentes iniciativas para mejorar la situación, ante el cierre de muchos negocios por las restricciones y los numerosos despidos tanto temporales o de por vida que se produjeron en el mundo empresarial.
Menos de 360.000 personas reciben ayudas para afrontar sus gastos
Los hombres con dificultades económicas, de acuerdo con el documento, son los que más recurrieron a las ayudas públicas, ya que lo hicieron un 4% del total, mientras que un 2% de las mujeres apelaron a esta vía. Haciendo una extrapolación, se estima que menos de 360.000 ciudadanos se han visto beneficiadas de las diferentes medidas lanzadas desde el Ejecutivo o otras instituciones públicas para que nadie se quede atrás, ya que el porcentaje de población vulnerable, según la encuesta, se sitúa en el 25%, tres puntos porcentuales por debajo del último barómetro realizado por el Banco de España, que data de 2016.
A la pregunta de ¿qué hicieron cuando sus gastos superaron a sus ingresos?, el 55% de los individuos consultados ha señalado que en los 12 meses anteriores tuvo que tirar de ahorros; mientras que el 35% solicitó dinero a parientes o personas cercanas; un 14% usó su tarjeta para financiarse; y un 8% reclamó en el banco un préstamo personal. Por último y no menos destacable, un 13% dejó su cuenta en números rojos o descubierto, a pesar de las posibles comisiones que supone esta práctica.
El ‘escudo social’ ha sido y será uno de los ejes centrales del Gobierno de Pedro Sánchez, pero sus planteamientos en muchas ocasiones tienen poca acogida o éxito. Una de las últimas medidas, anunciadas a bombo y plantilla y que no forman parte del periodo de la encuesta, es, por ejemplo, la ampliación del Código de Buenas Prácticas Bancarias como consecuencia de la subida de los tipos de interés a partir de febrero de 2022. Un proyecto, que ante su escaso éxito, se va a mejorar en las próximas semanas.
El presidente del Ejecutivo, durante su intervención en el debate de investidura, anunció que se iba a extender hasta los 38.000 euros de ingresos mensuales el colectivo de personas que podrían solicitar alguna de las ayudas para pagar las hipotecas. En su momento, el Ministerio de Economía pactó con la banca que podían acogerse a la flexibilización de lo pagos o el cambio de préstamos variables a fijos aquellos que ganaran un máximo de 29.400 euros.
Desde su entrada en vigor, a principios de este año, tan solo 25.000 personas han hecho uso de este sistema o están en vías de hacerlo, frente al millón que estimaba el departamento de Nadia Calviño que podrían llegar a beneficiarse. Ante tal resultado, el Gobierno ha decidido ampliar el espectro, a pesar de que la banca considera que todos los españoles que han necesitado modificaciones o ayuda para pagar la hipoteca lo han conseguido, ya que el sector ha facilitado su asistencia para impedir que entren en morosidad los créditos aunque no cumplan con los criterios fijados para formar parte del Código de Buenas Prácticas. La propia Calviño ya anticipó antes de verano que se pretendía dar una vuelta a este plan de ayudas ante la baja demanda.