Escrivá pagará 800.000 euros a 13 asesores para que supervisen los fondos de pensiones
Recibirán 3.375 al mes por asistir a reuniones periódicas y 1.390 por cada una de las extraordinarias
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno dio a conocer el pasado martes los 13 miembros que se encargarán a partir de ahora de vigilar los fondos de pensiones de empleo, un mecanismo clave para reforzar un sistema público de pensiones cada vez más deficitario. Cinco de los componentes de la Comisión de Control Especial han sido nombrados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mientras otros siete están avalados por las organizaciones empresariales y sindicales.
Su labor será compatible con otras actividades públicas y privadas y sus retribuciones superarán en conjunto los 800.000 euros anuales. Según ha constatado THE OBJECTIVE, todos los miembros de la Comisión de Control Especial percibirán una retribución por su asistencia a reuniones periódicas. Será de 3.375 euros brutos al mes. También podrán percibir una remuneración adicional ligada a la asistencia tanto a las reuniones extraordinarias como a las de los distintos comités de trabajo. Cada asistencia supondrá 1.390 euros –ver Orden-.
Junto a esto, se contempla una retribución adicional vinculada a la asistencia de un máximo de 22 reuniones. Además, los miembros que actúen como presidente, vicepresidente y secretario de la comisión percibirán una retribución adicional de un 25%, 15% y 20%, respectivamente, sobre el importe de 71.000 euros anuales.
La Orden del Ministerio de Seguridad Social señala que las remuneraciones devengadas por los miembros de la Comisión de Control Especial comenzarán a abonarse una vez que el patrimonio conjunto de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos haya alcanzado, al menos, 1.000 millones de euros.
La apuesta por los fondos de pensiones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, posiblemente uno de los que continúe en el nuevo Gabinete de Pedro Sánchez, ha apostado fuerte por los fondos de pensiones de empleo. Sin embargo, y pese a la drástica caída de los individuales, importantes incentivos y una extensa regulación, no ha conseguido que remonten.
Los planes de pensiones individuales eran hasta hace tres años el mecanismo de ahorro elegido por un buen número de trabajadores para complementar su jubilación. Sin embargo, los cambios fiscales, impulsados por el Ejecutivo en 2022 con el objetivo de incentivar los fondos de empleo han hecho que caigan drásticamente los individuales sin que remonten los de las empresas.
Los datos de Inverco muestran que los partícipes de planes individuales se situaron a finales de septiembre en 7.342.916. Es la cifra más baja desde 2004. Mientras, los de empleo, que alcanzaron los 2.063.071 en esa fecha, apenas han aumentado en 133.000 desde 2021. Los partícipes de los individuales han caído en 1,3 millones desde el récord desde 2008.
Los miembros de la Comisión
Los miembros designados por la Seguridad Social son Rocío Eguiraun Montes, Lorenzo Esteban Jódar, Francisco Javier Garayoa, Xavier Ibars y Virginia Oregui. Eguiraun Montes ha sido consejera delegada y presidenta de Bankia Pensiones EGFP y Bankia Fondos SGIIC. Mientras, Esteban Jódar fue subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y Garayoa Arruti, ex director general Spainsif, una asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión sostenible.
Por su parte, Xabier Ibars fue subdirector financiero en Nestlé España y Virginia Oregui, gerente general de Geroa Pentsioak EPSV durante casi tres décadas. El germen de Geroa fue un acuerdo entre la patronal Adegi y los sindicatos vascos para aportar una parte de los salarios para completar las pensiones. Hoy el porcentaje llega al 4,60% y Geroa da cobertura a uno de cada tres trabajadores guipuzcoanos. El resultado ha sido que en 2001 se empezaron a pagar las primeras rentas, que alcanzan una media de 200 euros mensuales.
Sindicatos y empresarios
Mientras, los miembros designados por los sindicatos son Luis Pérez Capitán (UGT), Cristina Antoñanzas Peñalva (UGT), Víctor Raúl Olmos Mata (CCOO) y Paloma Fernández Álvarez (CCOO). Pérez Capitán es inspector de Trabajo y Seguridad Social y director del Servicio de Estudios de UGT. Antoñanzas Peñalva es vicesecretaria general de UGT e integrante del Comité de Negociación Colectiva Europeo en representación de Comité Europeo de Mujeres. Por su parte, Olmos Mata forma parte del equipo de Planes y Fondos de Pensiones de la Confederación Sindical de CCOO desde el año 2000 y Paloma Fernández Álvarez es responsable del Área de Planes y Fondos de Pensiones de CCOO en Cataluña.
Los elegidos por los empresarios son José Alberto González-Ruiz Martínez, secretario general de CEOE y ex CEO de la Sociedad Estatal de Transición al Euro y Luis Aribayos Mínguez, secretario general de Cepyme y miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
También forman parte de la cuota de los empresarios Rosa Santos Fernández, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE y ex secretaria general de la Confederación de empresarios de Aragón. Santos es la encargada de encabezar, por parte de la patronal, todas las negociaciones del diálogo social en materia de empleo y pensiones. Completa la lista empresarial María del Carmen Alsina, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de CEOE y ex concejala de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Gijón.
